Las autoridades de Honduras avanzan con una causa por trata de personas tras el aseguramiento de bienes vinculados a tres hombres capturados en abril de 2024 por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). La investigación apunta a una presunta red dedicada a la explotación sexual comercial y a la asociación para delinquir, según informaron fuentes policiales.
La DPI identificó como titulares de los bienes investigados a Harold Joseph Green Jr., William James Murdock y Ramón Gustavo Trejo Nájera. Los tres fueron detenidos por su supuesta participación en delitos relacionados con trata de personas, de acuerdo con la línea de investigación oficial.
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Los investigadores sostienen que la estructura habría usado vehículos e inmuebles como parte de su operación: los bienes, presuntamente adquiridos con recursos ilícitos, habrían servido tanto para sostener el patrimonio del grupo como para facilitar y encubrir actividades investigadas, según reportes preliminares de las autoridades.
Bienes asegurados
La pesquisa se originó en trabajos de inteligencia de la unidad contra la trata de personas adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones, que recopiló información sobre el funcionamiento de la organización y sus posibles fuentes de financiamiento, según comunicaron autoridades involucradas en el caso.
De acuerdo con esa investigación, la red habría implementado mecanismos para simular actividades legales y ocultar el origen y el control real de bienes utilizados, presuntamente, para facilitar actividades ilícitas. La hipótesis policial incluye el uso de instrumentos para dificultar la identificación de los beneficiarios finales.
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En ese marco, las diligencias permitieron ubicar una serie de bienes vinculados a los procesados, entre ellos vehículos e inmuebles, que habrían sido comprados con recursos de procedencia ilícita, según la DPI.
Presunta red de trata
Según los reportes preliminares citados por investigadores del caso, la organización habría utilizado esquemas societarios y mecanismos financieros con apariencia de legalidad para complicar el rastreo del dinero y el movimiento de recursos obtenidos presuntamente mediante actividades criminales.
Fuentes de investigación sostienen que estas prácticas le habrían permitido a la estructura operar con discreción y dar apariencia legal a operaciones vinculadas con la explotación sexual comercial. La investigación busca establecer el rol de cada imputado y la forma en que se administraban los activos.
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Las autoridades también sospechan que parte de esos bienes funcionaba como soporte logístico: una forma de sostener la operación y, al mismo tiempo, ocultar su actividad, de acuerdo con la línea de investigación en curso.
Trata de personas en Honduras
La trata de personas se mantiene entre los delitos que más preocupan a organismos de seguridad y a defensores de derechos humanos en Honduras, en especial por el impacto sobre mujeres y niñas y otras personas en condición de vulnerabilidad, según han advertido autoridades y organizaciones que monitorean el fenómeno.
Instituciones de seguridad hondureñas han reforzado en los últimos años operativos y procesos investigativos orientados a desarticular redes vinculadas a explotación sexual, tráfico de personas y delitos asociados al crimen organizado, según información oficial.
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En ese contexto, el aseguramiento de bienes forma parte de una estrategia para reducir la capacidad económica de estas estructuras y evitar que continúen operando con recursos ilícitos, indicaron fuentes policiales.
La investigación sigue abierta. La DPI informó que mantiene distintas líneas para determinar el alcance de las operaciones de la red e identificar posibles vínculos con otras personas u organizaciones, y no descarta nuevas acciones legales ni el aseguramiento de otros bienes relacionados con el caso.
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