El Estado dominicano recauda 562.8 millones de pesos en subasta de bienes incautados al crimen organizado

El Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (INCABIDE) concluyó recientemente su primera subasta pública, alcanzando una recaudación total de RD$562.8 millones (aproximadamente USD 9.4 millones).

Este proceso se desarrolló conforme a lo establecido en la Ley 60-23 sobre Extinción de Dominio, que regula la disposición y administración de bienes incautados y decomisados en la República Dominicana.

La subasta incluyó un total de 143 bienes ofertados, de los cuales 100 fueron efectivamente vendidos, lo que representa el 68 % del total. Del grupo adjudicado, 52 correspondieron a inmuebles y 48 a bienes muebles.

La venta de inmuebles generó RD$550.1 millones (alrededor de USD 9.2 millones), mientras que la de bienes muebles sumó RD$12.6 millones (cerca de USD 210,000). Estos resultados se dieron a conocer tras una jornada marcada por la participación activa de ciudadanos y empresas, quienes manifestaron interés en formar parte del proceso.

INCABIDE comunicó que la subasta se realizó bajo estrictos criterios de transparencia, legalidad y organización institucional. El evento dejó cuatro bienes declarados desiertos, además de 43 lotes pendientes que serán considerados en próximas fases, de acuerdo con los procedimientos que dicta la normativa vigente.

Los bienes no adjudicados permanecerán bajo custodia de la entidad hasta que se determine su destino en futuras rondas.

La subasta marca el inicio de un mecanismo legal para la gestión y disposición de activos incautados, decomisados o declarados en extinción de dominio.

El destino de los fondos recaudados en las subastas

La Ley 60-23 establece el procedimiento para la distribución del dinero obtenido en las subastas de bienes incautados. En primer lugar, si existen víctimas identificadas por los delitos vinculados a los activos subastados, la prioridad es destinar los fondos a su compensación. Esta disposición busca resarcir los daños ocasionados y asegurar la reparación a quienes hayan sido afectados.

En los casos en que no se reconozcan víctimas, el 90 % de los fondos recaudados se transfiere al Estado dominicano. Según explicó Manuel Rafael Oviedo Estrada, director ejecutivo de INCABIDE, a Diario Libre, estos recursos se utilizan en programas sociales, salud, educación y en la construcción de infraestructuras como escuelas, hospitales y carreteras.

El 10 % restante se asigna a cubrir los gastos operativos de la propia institución, lo que permite mantener su funcionamiento y la adecuada gestión de los bienes bajo su custodia.

La administración de los bienes también implica tareas de mantenimiento y preservación, como limpieza, control de maleza en solares y la gestión de alquileres en el caso de inmuebles. Los ingresos generados por estos conceptos pueden emplearse para cubrir gastos asociados o, si así lo determina la justicia, ser devueltos.

Para participar en las subastas, los interesados deben cumplir con requisitos como la inscripción previa, presentación de documentación y el pago de una cuota administrativa. La ley prohíbe la participación de personas vinculadas a causas judiciales relacionadas con los bienes subastados, así como de empleados públicos, lo que se verifica mediante controles de antecedentes y análisis de perfiles financieros.

El formato de las subastas es público, presencial y transmitido en línea, permitiendo que cualquier ciudadano pueda observar el desarrollo del proceso y la adjudicación de cada lote en tiempo real. La legislación exige que se celebren al menos dos subastas anuales, por lo que se prevé la realización de una próxima jornada durante el segundo semestre del año, con nuevos bienes que actualmente están siendo transferidos al Estado.