El Gobierno dominicano ha dado un paso hacia la transformación de la gestión territorial al lanzar un proyecto de planificación y ordenamiento con una inversión de USD 200 millones respaldada por el Banco Mundial, informó el propio gobierno en su página web oficial.
La medida tiene como objetivo dotar al país de herramientas modernas y reducir su exposición a riesgos, ante los desafíos actuales de desarrollo y sostenibilidad.
La propuesta, liderada por el Ministerio de la Presidencia, prevé la intervención de 65 kilómetros de vías críticas bajo criterios de resiliencia, con la finalidad de beneficiar a más de 300,000 personas y garantizar la conectividad, incluso ante eventos climáticos.
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El plan incluye la modernización de la información geoespacial, la gestión del riesgo y la consolidación de instrumentos de planificación para cubrir más del 80% de la población nacional.
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dijo: “El país no puede seguir creciendo de espaldas al territorio ni reaccionando tarde frente a los riesgos. Esta es una agenda para anticiparnos, planificar mejor y asegurar un desarrollo más sólido y sostenible”.
En la presentación del programa, Paliza resaltó que fortalecer la resiliencia es una prioridad nacional, lo que implica ordenar el crecimiento y mejorar la toma de decisiones apoyándose en información confiable. El enfoque integra la modernización tecnológica y la gestión del riesgo en las políticas públicas.
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Modernización de la gestión territorial y sostenibilidad
La representante del Banco Mundial en República Dominicana, Carolina Rendón, indicó que el proyecto mejorará la capacidad nacional para anticipar riesgos y orientar el desarrollo gracias a una planificación basada en información confiable.
Según Rendón, “este proyecto permitirá fortalecer la capacidad del país para anticipar riesgos y orientar su desarrollo sobre la base de información confiable, promoviendo una planificación territorial más eficiente y sostenible”.
La iniciativa se articula con reformas institucionales ya implementadas, como la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial y la Ley 345-22 de Regiones únicas de Planificación, que establecen un nuevo marco legal para coordinar el desarrollo y el uso del suelo en todo el territorio nacional.
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La estrategia contempla la integración del manejo de riesgo en la planificación pública y el uso de información sobre amenazas, vulnerabilidad y exposición en sectores clave como turismo, vivienda, agricultura y agua. El Gobierno prevé que esta agenda, alineada con la visión Meta RD 2036, siente la base para duplicar el tamaño de la economía y lograr una mayor resiliencia climática.
Impacto en infraestructura y cultura de planificación
El plan contempla la transformación de la infraestructura prioritaria, con estándares técnicos para que las vías críticas resistan fenómenos climáticos y garanticen la movilidad de personas y bienes. Más de 300.000 habitantes accederán a mejoras directas en tramos estratégicos.
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El viceministro de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, Domingo Matías, explicó que el país trabajará en consolidar una nueva cultura de planificación orientada a reducir vulnerabilidades y promover el equilibrio territorial.
Para Matías, la resiliencia está vinculada con orientar el crecimiento económico bajo criterios de seguridad y sostenibilidad.
Uno de los ejes fundamentales será la modernización de la información geoespacial mediante la expansión de la red geodésica nacional y la incorporación de tecnología LiDAR para generar cartografía avanzada. Esta innovación permitirá decisiones más informadas, evitará asentamientos en zonas de riesgo y mejorará la calidad de la inversión pública y privada.
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El Gobierno plantea que la agenda nacional de ordenamiento territorial brindará la posibilidad de prever emergencias, optimizar la coordinación institucional y garantizar un desarrollo sostenible a largo plazo. El proyecto también está orientado a fortalecer la capacidad del Estado para gestionar el territorio con mayor eficacia y competitividad.
En el acto de lanzamiento participaron representantes de organismos internacionales como la FAO y la Unión Europea, así como autoridades del sector municipal y del Catastro Nacional. La colaboración de estos actores es clave para consolidar los avances en planificación y asegurar la cobertura de más del 80 % de la población nacional.
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