Centroamérica y el Caribe figuran hoy como los epicentros donde la vulnerabilidad ante ciberataques alcanza niveles sin precedentes, de acuerdo con datos recientes del Banco Mundial.
En esta subregión, la cantidad de incidentes informáticos reportados por millón de habitantes supera a la de cualquier otro lugar del mundo, convirtiendo su espacio digital en un entorno de alto riesgo tanto para gobiernos como para empresas privadas.
El crecimiento de amenazas en América Latina y el Caribe destaca por su rapidez: la región experimenta un aumento anual del 25 % en incidentes cibernéticos, mientras que el promedio global se sitúa en 21 %.
Esta aceleración coloca a la región en el foco de atención internacional, tanto para quienes perpetran ataques como para quienes buscan proteger infraestructuras críticas.
El sector público ha pasado a ser el blanco prioritario de los ciberdelincuentes. Entre los casos más recientes figuran la filtración masiva de datos en la Caja Nacional de Seguridad Social de Marruecos —que impactó a dos millones de personas— y ataques coordinados contra ministerios en Italia. Según el Center for Strategic & International Studies, solo en 2025 se registraron 21 incidentes de alto impacto a escala global.
El análisis del Banco Mundial subraya que la ola de ataques en los países emergentes responde a motivaciones que van más allá de lo financiero: la protesta y el espionaje político representan una proporción significativa de los incidentes, una diferencia notable respecto a los países de ingresos altos donde prima el lucro económico.
En materia de inversión, la brecha es abrumadora. El gasto per cápita en ciberseguridad en América Latina y el Caribe apenas llega a USD 1, cifra que comparten economías emergentes como México e India, según explicó Estefanía Vergara, economista del Banco Mundial.
Por el contrario, Estados Unidos y Canadá destinan alrededor de USD 30 por habitante. Esto significa que el presupuesto norteamericano para proteger activos digitales es 16 veces mayor que el de toda la región latinoamericana y caribeña.
El informe Economía de la ciberseguridad para los mercados emergentes advierte que, en ausencia de un aumento sostenido de inversiones, el desarrollo digital en estas zonas podría frenarse abruptamente. Vergara puntualizó que este desequilibrio deja a los mercados emergentes en una posición de vulnerabilidad estructural.
En una reunión realizada en Washington D. C. bajo la coordinación de la Unidad de Desarrollo Digital para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, el economista jefe de Infraestructura, Stéphane Straub, abordó los factores que dificultan la protección digital efectiva. Straub identificó como obstáculos principales la asimetría de información, las externalidades, la falta de competencia y la existencia de ataques poco frecuentes pero de alto costo. A su juicio, “para estos casos, la certificación obligatoria puede impulsar una inversión adecuada en ciberseguridad”.
Straub agregó que el mercado privado no logra cubrir riesgos cibernéticos de baja frecuencia y alto impacto, lo que obliga al Estado a intervenir, sobre todo en la protección de infraestructuras esenciales. Además, la escasez de proveedores y la débil competencia en los países emergentes encarecen las soluciones y disminuyen su efectividad. Según Straub, “los gobiernos deberían fomentar la entrada de nuevos competidores” para dinamizar el sector.
Durante el mismo encuentro, representantes de ANATEL y del Caribbean Digital Transformation Project destacaron otros desafíos de la región, como la lentitud normativa frente al avance de la digitalización y la falta de personal especializado, agravada por restricciones presupuestarias. Entre sus recomendaciones, propusieron aprovechar infraestructuras administrativas ya existentes, coordinar la ciberseguridad en todos los sectores críticos y estandarizar las normativas sobre protección de datos y ciberdelincuencia.
El Banco Mundial apoya actualmente iniciativas en países como República Dominicana, Sergipe y Costa Rica, mediante préstamos dirigidos a reformas administrativas, fortalecimiento de la protección de datos y capacitación de funcionarios públicos.
El vínculo entre ciberseguridad y crecimiento económico quedó plasmado en un hallazgo clave del informe de Vergara: si un país en desarrollo consigue reducir la frecuencia de incidentes cibernéticos del cuartil superior al inferior, su PIB per cápita podría aumentar un 1,5 %.
El documento advierte que “los países de ingresos bajos y medios probablemente experimentarán pérdidas económicas significativas y crecientes debido a ciberataques, con impactos que se volverán más pronunciados a medida que los países profundicen su uso de internet y su integración digital”.
Para el Banco Mundial, la ciberseguridad dejó de ser una cuestión técnica acotada al área de tecnología y se consolidó como un pilar estratégico para el desarrollo sostenible y la consolidación de la economía digital a escala global.
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