La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) presentó al Poder Ejecutivo de la República Dominicana el anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y de Competencia Económica, que busca actualizar y fortalecer el marco legal vigente en materia de defensa de la competencia. La entrega, encabezada por María Elena Vásquez Taveras, presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia, y acompañada por José Beltré, director de Promoción y Abogacía de la Competencia, tuvo lugar ante el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, en la capital del país.
El documento propone modificar la Ley núm. 42-08 General de Defensa de la Competencia con el objetivo de adaptarla a las condiciones actuales de los mercados nacionales e internacionales. Según ProCompetencia, la iniciativa responde a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que durante 2024 realizó un Examen Inter-Pares sobre la política de competencia dominicana.
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Durante el acto de entrega, Subero Isa expresó su respaldo al proyecto y reafirmó su compromiso de impulsar la pieza para su aprobación en el Congreso Nacional. Afirmó que la República Dominicana necesita una legislación en sintonía con los estándares internacionales: “Trabajaremos para que el país cuente con una ley de competencia moderna”, sostuvo el funcionario, según declaraciones recogidas por la Presidencia de Rpública Dominicana.
El anteproyecto plantea un marco normativo moderno y técnicamente robusto, orientado a consolidar la seguridad jurídica, establecer reglas claras, agilizar procedimientos y fortalecer las garantías institucionales. Entre los cambios más relevantes se encuentra la introducción del control previo de concentraciones económicas, un mecanismo que no existe en la normativa actual y que alineará al país con las mejores prácticas internacionales.
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De acuerdo con la presidenta de ProCompetencia, María Elena Vásquez Taveras, la reforma no solo persigue sancionar prácticas anticompetitivas, sino también “garantizar que la libertad empresarial sea un motor de crecimiento e innovación en nuestra economía”. La funcionaria subrayó que estos cambios se consideran una decisión estratégica del Estado dominicano para fortalecer la arquitectura regulatoria, abrir mercados y fomentar un crecimiento económico sostenible.
El proyecto también forma parte de las prioridades del programa gubernamental Meta RD 2036, que busca modernizar el entorno económico y consolidar la imagen del país como un destino confiable para la inversión nacional y extranjera. Según el documento, la reforma apunta a elevar los estándares institucionales y reducir incertidumbres, lo que podría incrementar la confianza de los inversores.
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La propuesta legislativa constituye uno de los pasos clave en el proceso de adhesión de la República Dominicana a la OCDE, alineando la política local con las recomendaciones internacionales y avanzando en la consolidación de mercados más abiertos y competitivos. La reforma ha sido priorizada como una meta de corto plazo dentro de la agenda del Estado dominicano.
Entre las principales innovaciones del anteproyecto, destaca la previsión de mecanismos que permitan prevenir prácticas anticompetitivas, promover estructuras económicas más dinámicas y asegurar un mayor nivel de transparencia regulatoria. Expertos señalan que la aprobación de esta reforma colocaría al país en una mejor posición para enfrentar los retos de la economía global.
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