
El Gobierno dominicano ha formalizado la transformación de dos estructuras fundamentales para el desarrollo del país a través de los decretos núm. 55-26 y 60-26, firmados el 30 de enero de 2026.
Estas disposiciones buscan mejorar la calidad, eficiencia y sostenibilidad de los servicios de transmisión eléctrica y transporte terrestre masivo. El anuncio incluye medidas de transición institucional cuidadosa destinadas a mantener intacta la funcionalidad pública y la protección de derechos laborales y contractuales durante este proceso, según informó la Presidencia de la República Dominicana.
Como parte central de los decretos, el proceso de supresión y liquidación de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) contará con una Comisión Especial responsable de dirigir y supervisar la transición, asegurando que los servicios al usuario no sufran alteraciones.
La transferencia de activos, contratos y relaciones jurídicas será “ordenada y conforme al ordenamiento jurídico aplicable”, y se contempla la protección del personal involucrado. Todo el procedimiento busca evitar cualquier impacto negativo para los usuarios durante el cambio institucional.
El Decreto núm. 55-26 establece el fortalecimiento de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), reforzando su condición de empresa pública estratégica. Se prevé que sus órganos de dirección y supervisión adopten estándares de gobernanza modernos, además de una mayor autonomía técnica y operativa. La ETED permanecerá adscrita al Ministerio de Energía y Minas y mantendrá su sujeción al control estatal.
Este impulso permitirá respaldar los proyectos de expansión y digitalización de la infraestructura de transmisión eléctrica y de telecomunicaciones, en consonancia con el Plan Energético Nacional y la Estrategia Nacional de Desarrollo. La norma resguarda la continuidad jurídica, operativa y patrimonial de la ETED, preservando “los derechos, obligaciones, contratos y activos existentes”.

Por otra parte, el Decreto núm. 60-26 crea la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT), dando cumplimiento al artículo 356 de la Ley núm. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. La EMT reemplazará a la Opret, asumiendo la gestión, operación y mantenimiento de los sistemas de transporte terrestre masivo.
Se establece una clara separación funcional, ya que el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram) será la única entidad responsable de la ejecución de infraestructura. Este punto reorganiza el modelo institucional y garantiza “la continuidad del servicio público de transporte masivo”.
Ambas entidades adaptarán su estructura al régimen de empresas públicas, cumpliendo con los lineamientos de la Ley núm. 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, con el propósito de fortalecer la transparencia, autonomía y rendición de cuentas en la gestión estatal.
La Presidencia de la República Dominicana comunicó que con estas acciones “se reafirma el compromiso con el fortalecimiento y modernización institucional del Estado, la mejora continua de los servicios públicos y la consolidación de un modelo de gestión más eficiente, transparente y orientado al interés general”.
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