Organización demanda acción internacional ante agravamiento de crisis en Nicaragua

Un grupo de activistas exiliados advierte que la pasividad ante las graves vulneraciones cometidas en el país centroamericano facilita la impunidad y la repetición de delitos contra la población, instando a una respuesta sostenida de la comunidad global

Espías Nicaragua
El Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua denunció la agravada crisis de derechos humanos bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. (Foto de archivo)
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La organización Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua instó a la comunidad internacional a no permanecer indiferente ante la crisis de derechos humanos que enfrenta Nicaragua desde hace ocho años bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según informó EFE.

En un mensaje emitido desde San José, Costa Rica, la ONG resaltó que la persecución política, la desaparición forzada, la apatridia y el exilio se han convertido en herramientas de control utilizadas por las autoridades nicaragüenses.

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El colectivo, integrado principalmente por activistas nicaragüenses en el exilio, advirtió que la reconciliación en Nicaragua resulta inviable sin la verdad y sin justicia. En su declaración por el Día Internacional del Derecho a la Verdad, la organización subrayó el derecho de la población a conocer la verdad sobre crímenes de lesa humanidad atribuidos al actual régimen, así como sobre el destino y situación de las personas detenidas y desaparecidas desde el inicio de la crisis en abril de 2018.

EFE detalló que, para el colectivo, la verdad constituye un derecho fundamental para las víctimas, sus familias y el conjunto de la sociedad, además de ser condición indispensable para la justicia, la reparación integral y la garantía de no repetición. La ONG denunció que este derecho ha sido negado de manera sistemática a través del silencio oficial, manipulación institucional, impunidad y una maquinaria de propaganda orientada a ocultar los crímenes cometidos desde 2018.

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Las protestas sociales que estallaron el 18 de abril de ese año, originalmente motivadas por reformas a la seguridad social, derivaron en una amplia exigencia de renuncia del presidente Ortega tras la respuesta represiva del Estado. Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 355 personas murieron durante la represión, aunque organismos locales elevan esa cifra a 684, mientras que Ortega reconoce más de 300 muertes y sostiene que se trató de un intento de golpe de Estado.

Fotografía de archivo, tomada el 23 de abril de 2018, en la que se registró a miles de manifestantes durante una protesta en contra del gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en Managua (Nicaragua). EFE/Stringer
Fotografía de archivo, tomada el 23 de abril de 2018, en la que se registró a miles de manifestantes durante una protesta en contra del gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en Managua (Nicaragua). EFE/Stringer

La verdad y la justicia, claves ante la crisis en Nicaragua

En su posicionamiento, el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua destacó los hallazgos del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas, señalando que estos informes confirman las denuncias sostenidas durante años por víctimas, familiares, organizaciones de derechos humanos y medios independientes. La ONG alertó que la represión se ha intensificado dentro y fuera del país, aludiendo al asesinato de Roberto Samcam en Costa Rica el 19 de junio de 2025.

El colectivo reclamó además información sobre el paradero de todas las personas desaparecidas de forma forzada, las condiciones de las personas presas y excarceladas por razones políticas, los asesinatos cometidos desde 2018 y la cadena de mando responsable de estos crímenes. También exigió esclarecimiento sobre las confiscaciones, destierros, desnacionalización y el uso de instituciones estatales para garantizar la impunidad.

Según EFE, la declaración busca mantener la atención internacional sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua y presionar a los gobiernos y organismos multilaterales para que adopten medidas frente a las violaciones documentadas.

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