La República Dominicana estrenó un reglamento que transforma el sistema de compras estatales, bajo el marco de la Ley 47-25, con el objetivo central de fortalecer la transparencia, la eficiencia y la inclusión social en la gestión de los recursos públicos. Según informó Presidencia.gob.do, la normativa reemplaza al esquema anterior y busca que cada peso invertido por el Estado esté debidamente justificado, bajo reglas claras y verificables.
De acuerdo con la entidad política, el reglamento introduce mecanismos digitales que permiten auditar y trazar en tiempo real todos los procesos de contratación. Las plataformas digitales de supervisión refuerzan los controles y limitan los espacios para la corrupción o el manejo discrecional de los fondos públicos.
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El alcance de la ley también se amplía, involucrando al Poder Legislativo, el Poder Judicial en su función administrativa, órganos autónomos, fideicomisos públicos y empresas estatales de participación mayoritaria.
Nuevos principios y modalidades para una contratación pública más inclusiva y ágil
La norma incorpora ahora 21 principios rectores que guían la actuación de las instituciones, incluyendo:
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- La imparcialidad
- La sostenibilidad
- La inclusión
- Planificación
- Promoción de la producción nacional.
El respectivo reglamento introduce nuevas modalidades como los convenios marco, las licitaciones abreviadas, las compras conjuntas y una Tienda Virtual para adquisiciones menores, lo que busca simplificar y agilizar los procedimientos administrativos.
Uno de los ejes del nuevo marco es la promoción de la inclusión y el desarrollo económico. El 30% de las contrataciones públicas estará reservado para micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), y un 10% de ese total se destinará específicamente a empresas lideradas por mujeres.
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Además, se flexibilizan los requisitos fiscales y se establecen incentivos para pequeñas firmas proveedoras, con el propósito de ampliar la base de participantes en los concursos estatales.
El reglamento endurece el régimen sancionador y prevé castigos administrativos, penales y económicos para funcionarios y empresas que incurran en violaciones. Las sanciones incluyen multas, inhabilitaciones y penas de prisión para quienes vulneren las disposiciones.
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La Dirección General de Contrataciones Públicas obtiene mayores facultades de supervisión y sanción, y se exige la profesionalización de las áreas de compras estatales mediante capacitación obligatoria de los servidores públicos.
La ley también incorpora criterios de sostenibilidad y responsabilidad corporativa, exigiendo que las compras públicas consideren factores sociales, medioambientales e innovación. El nuevo marco alinea a la República Dominicana con estándares internacionales de gobernanza y transparencia y, de acuerdo con Presidencia.gob.do, “apunta a que las contrataciones respondan al interés general”.
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¿Qué es la Ley 47-25?
La Ley 47-25 es la normativa que regula las contrataciones públicas en República Dominicana. Su objetivo principal es establecer el marco legal para la adquisición de bienes, servicios y obras por parte de las instituciones estatales, garantizando procesos transparentes, competitivos y alineados con el interés general.
Esta ley define los principios, procedimientos y requisitos que deben cumplir los organismos públicos al realizar compras y contrataciones, asegurando la correcta administración de los recursos públicos y promoviendo la participación de diversos actores económicos en los procesos estatales.
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El nuevo reglamento que la acompaña refuerza la transparencia con controles digitales, amplía la inclusión al reservar cuotas para MIPYMES y empresas lideradas por mujeres, y endurece las sanciones para quienes incumplan las disposiciones, contribuyendo a una gestión pública más eficiente y responsable.
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