La inminente finalización de la emergencia sanitaria que desde 2001 protege a los prestadores privados vuelve a poner bajo discusión el funcionamiento de una red que sostiene buena parte de la atención médica en la Argentina. El proyecto ingresado en la Cámara de Diputados propone reemplazar ese régimen transitorio por reglas permanentes, ante el riesgo de que las deudas acumuladas queden sujetas a ejecución.
El diputado nacional por Jujuy de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, explicó que la iniciativa fue remitida a Salud y a Presupuesto y Hacienda.
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“Tiene giro a la Comisión de Salud, y Comisión de Presupuesto y Hacienda, porque tiene alguna cuestión de un costo fiscal que lo vamos a discutir en su momento”, señaló en Infobae Al Mediodía sobre un trámite que deberá completarse antes de llegar al recinto.
La emergencia frenó ejecuciones, pero no eliminó obligaciones
La ley vigente evitó durante 25 años el cobro compulsivo, aunque no liberó a las instituciones de sus aportes, contribuciones e impuestos. Esa distinción ordena la discusión: los pasivos permanecen exigibles y podrían ser reclamados si la protección vence sin una salida legislativa.
“La emergencia sanitaria nacional no exime el pago de aportes y contribuciones, simplemente evita la ejecución forzada de AFIP”, afirmó Quintar.
El legislador advirtió que el cambio de régimen puede tener efectos inmediatos para establecimientos endeudados. “Si nosotros levantamos la emergencia sanitaria, implica que AFIP se da vuelta al día siguiente y sale a ejecutar todos los créditos”, sostuvo.
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El proyecto se concentra en los efectores privados, no exclusivamente en las empresas de medicina prepaga, y contempla “clínicas, centros de diagnóstico por imágenes, laboratorios privados, geriátricos”.
Quintar describió a ese universo como una red que incluye establecimientos barriales y del interior del país. “El financiador es la prepaga; pero cuando hablamos del sector privado de efectores de la salud, son las clínicas de barrio, las clínicas que están en el interior profundo de la Argentina”, explicó.
La iniciativa busca evitar que un giro abrupto en el esquema fiscal comprometa la continuidad de esas prestaciones.
El proyecto pone el foco en empleo, camas y atención privada
El argumento central de la propuesta es el peso que tiene el sector en el sistema sanitario. Según Quintar, “hoy el sector de salud privada al que nosotros nos referimos, o por lo menos al que el proyecto se refiere, da trabajo en forma directa e indirecta a un millón y medio de argentinos”.
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También comparó esa dimensión con otras actividades: “La minería da aproximadamente trabajo a 115.000 personas; la salud privada, a nueve veces más”.
El diputado citó datos de entidades empresarias para dimensionar el volumen de atención. “El 65 al 70% de la población argentina se atiende y se cura en el sector privado, según un informe de ADECRA de los últimos meses”, expresó. A eso sumó un dato sobre infraestructura: “El 55% de las camas existentes en el país son privadas”.
Para Quintar, la discusión excede un conflicto tributario porque ambas redes son complementarias. “El sistema sanitario no es público o privado, es un sistema sanitario; cuando uno se cae, afecta al resto de los prestadores”, dijo.
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Como ejemplo, afirmó que en una clínica privada suele haber turnos “para mañana o el día siguiente o a lo sumo una semana”, mientras que el sistema público absorbe una demanda mayor cuando faltan alternativas.
La moratoria prevé hasta 180 cuotas
El primer capítulo del proyecto apunta a identificar y ordenar las deudas acumuladas durante la emergencia. La herramienta prevista es una moratoria para que las instituciones regularicen obligaciones pendientes bajo un esquema que no afecte su funcionamiento cotidiano.
“Una moratoria grande donde le demos la posibilidad a los contribuyentes que no pudieron pagar, que paguen”, explicó. El texto contempla “hasta 180 cuotas con ciertas facilidades” y, según el diputado, también deberá considerar mecanismos para quienes cumplieron con sus pagos. La premisa, insistió, es que “no hay condonación de deudas, sino facilidad de pago”.
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El costo fiscal será uno de los puntos más sensibles del debate. Quintar sostuvo que hay estimaciones y planillas, pero que primero debe establecerse qué parte de la deuda es recuperable y qué efecto tendría una regularización.
“La idea es sincerar el sistema, acomodar el tema del IVA, las cargas patronales y los ingresos de los establecimientos privados para que puedan pagar impuestos”, afirmó. También aclaró: “Nosotros no vamos a avalar un proyecto que rompa con el equilibrio fiscal, pero lo vamos a discutir”.
Resguardar fondos operativos ante embargos
El segundo eje se vincula con embargos y cautelares que pueden afectar cuentas destinadas a la atención. Quintar sostuvo que la actividad enfrenta litigios laborales y reclamos por mala praxis, pero planteó límites para que una medida preventiva no paralice a un establecimiento antes de una sentencia.
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“No podemos avalar que un mecanismo de cautelar afecte previamente a una sentencia definitiva el normal funcionamiento de un establecimiento de salud”, dijo.
La propuesta no busca impedir reclamos ni liberar de responsabilidad a quienes incumplan. “Está bien que el establecimiento que tuvo una mala praxis o el médico que cometió un error pague lo que corresponda”, afirmó.
La discusión se concentra en el resguardo de recursos operativos: “Muchas veces, por un juicio laboral, en muchos casos inventado, le congelan las cuentas a una clínica y no puede comprar remedios”.
Las deudas del PAMI y el IVA sobre tecnología entran en la negociación
El proyecto incorpora acreencias históricas vinculadas al PAMI. Quintar afirmó que, al comienzo de la emergencia, “al 90% de los prestadores que daban servicio a PAMI le dejó una deuda de siete meses de prestaciones”. La alternativa en análisis es compensar deudas estatales verificadas con obligaciones tributarias. “Son deudores y acreedores al mismo tiempo”, sintetizó.
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También se discute el tratamiento del IVA para equipos médicos. “Vos comprás un resonador de USD 1 millón o un tomógrafo de USD 500.000 y en la mayoría de las actividades te podés tomar el IVA que pagaste”, explicó Quintar. Según señaló, en salud ese crédito no puede utilizarse del mismo modo: “Eso no lo podés hacer en la salud; se está castigando a la inversión”.
El Congreso deberá resolver antes del vencimiento de la emergencia
Quintar evitó anticipar si habrá otra prórroga, aunque descartó que el objetivo sea exponer a los prestadores. “Entiendo que no se va a levantar la emergencia para que se fundan 5.000 establecimientos”, expresó. La intención, aseguró, es reemplazar las renovaciones anuales por una norma permanente: “Este gobierno no quiere más parches; queremos ir sobre el fondo de la cuestión”.
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El texto deberá obtener dictamen en las comisiones antes de ser tratado por la Cámara de Diputados. Quintar señaló que la situación cambia según cada provincia y que Jujuy no atraviesa el mismo cuadro que otras jurisdicciones. Aun así, remarcó que la respuesta debe ser nacional: “Tenemos que cuidar los activos sanitarios porque una vez que se cierra un establecimiento es muy difícil volverlo a abrir”.
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