Semana clave para el Súper RIGI en el Senado, con aliados que piden otro régimen y apoyo en una ley ambiental

Tras la reactivación del recinto y la realización de una sesión que sirvió para mostrar, aunque sea, una sensación de escenario controlado, el oficialismo libertario intentará dictaminar esta semana uno de los proyectos que pide el Gobierno en el Senado, y que ya cuenta con la aprobación de Diputados: el Súper RIGI, que habla de inversiones por más USD 1.000 millones en sectores que la Casa Rosada considera “industrias del futuro”. Por estas horas, el texto enfrenta una fuerte pero silenciosa puja por potenciales cambios que gatillarían su regreso obligado, en segunda revisión, a la Cámara baja.

Es por este motivo que la bancada mileísta, que comanda Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires), comenzó a analizar opciones vía reglamentación por la insistencia de una Casa Rosada que no quiere saber nada relacionado a una eventual demora. Los bloques aliados, por ahora, no se muestran muy cercanos a la idea de Balcarce 50. No obstante, como ocurrió con la fileteada ley de propiedad privada, esto vira según la jornada.

La sugerencia -que La Libertad Avanza desliza en conversaciones informales como algo que ocurrirá- tomó forma días atrás cuando el director institucional de SIDERSA, Pablo Cattoni, aseguró en el plenario de comisiones: “Una enmienda podría ser la introducción de requisitos adicionales que permitan el desarrollo productivo local. Por ejemplo, que todas las iniciativas incorporen un 20% de contenido nacional en bienes transables sin computar en el cupo a la obra civil, que naturalmente termina dándose en la Argentina”.

“Esta corrección no solo podría ser incluida reglamentariamente en el RIGI, sino que también se podría aprovechar en el debate parlamentario que nos convoca sobre la creación del llamado Súper RIGI. Si bien valoramos que se incorpore ese porcentaje de contratación local, creemos que habría que precisar ese concepto. Entendemos que sumar servicio y obra al compromiso puede diluir ese 20%, porque, como dijimos, de todas maneras, esto se da naturalmente con la mano de obra”, sumó el disertante.

Reforzó estos conceptos el presidente del Departamento PyMI de la Unión Industrial Argentina (UIA), Diego Leal. “Lo que queremos destacar –como dijo el colega– es que este proyecto destina el 20% de la inversión a bienes, obras o servicios. Es obvio que la obra civil, el movimiento de tierra y demás, sí o sí se van a hacer en el país, no se pueden importar. Pero, en este contexto internacional, nuestra propuesta es que ese 20% se destine –y que así se aclare– exclusivamente para bienes producidos en el país”, enfatizó. En el oficialismo también mencionan un agregado sobre generaciones de redes eléctricas propias que no quedó muy claro.

La resolución de esto comenzará a visualizarse desde las 13, cuando las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Economía; y de Legislación General se junten para rubricar el despacho. La carta que prepararon las fuerzas libertarias es -Infobae lo adelantó el domingo 23 del corriente mes- el guiño que se le daría dos horas antes a la Unión Cívica Radical (UCR) para firmar, en otro plenario, una iniciativa de su jefe, Eduardo Vischi (Corrientes), y de senadoras como Mariana Juri (Mendoza) que impone un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que apunta a planes desde los USD 12 millones para grandes empresas.

En tanto, por la tarde -17-, aliados ya no disimulan la ansiedad que genera la posibilidad de destrabar un dictamen relacionado con la regulación del mercado de carbono. Si bien no lo reconocieron vía declaraciones, desde al menos dos bancadas de peso no se mostraron entusiasmados con el texto que mastica un puñado de colegas. Como siempre, aparece la sospecha de algo pensado por el medio ambiente que termine, en el fondo, con un impacto en sectores estratégicos de la economía.

De lo que -por ahora- no hay novedades es sobre eventuales llamados a comisiones para empezar el debate de los proyectos aprobados por Diputados la semana pasada del Banco Central, la Inocencia Fiscal II y un acuerdo de patentes -de décadas atrás- con los Estados Unidos. Además, tampoco se asoma aún la trifulca por biocombustibles, que genera chispazos entre los azucareros -favorecidos- y el complejo maíz/soja.