Orsi dijo que Argentina había retirado la demanda por la instalación de la planta en Paysandú, pero la fiscal lo desmintió

El conflicto entre Argentina y Uruguay por la instalación de una planta de e-combustibles en Paysandú, frente a las costas entrerrianas, había entrado en un camino de solución tras la decisión de la relocalización. El emplazamiento original había generado quejas del lado argentino. La ciudad de Colón protestó porque estaría frente a su balneario principal. La posible «contaminación visual» podría afectar al turismo, principal ingreso de la localidad.

Pero una declaración del presidente Yamandú Orsi volvió a remover las aguas. En una visita a Guichón, ciudad ubicada en el departamento Paysandú, el titular del Ejecutivo uruguayo afirmó: “Hemos despejado un montón de complicaciones. La última importante es que se retiró en Argentina la denuncia penal que se había hecho”.

Sus dichos fueron desmentidos casi al instante.

“Yo no retiré ninguna denuncia. Los Amicus Curiae tampoco. La causa sigue en pie”, dijo a Infobae la fiscal Josefina MInatta. La funcionaria judicial fue quien promovió la acción penal por tentativa de contaminación en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.

Por su parte, el diputado nacional Guillermo Michel (Entre Ríos - UP), que motorizó la demanda civil contra HIF Global y el Gobierno uruguayo, también negó los dichos de Orsi. “La acción preventiva judicial de daño civil que iniciamos sigue adelante”, indicó en diálogo con este medio.

Hace unos meses, un entendimiento entre ambas Cancillerías había logrado evitar un desborde del diferendo. En ambas márgenes del río hay malos recuerdos de la instalación de la pastera Botnia (hoy UPM) en Fray Bentos.

“Seguimos, seguimos”

El Presidente uruguayo había sostenido que el retiro de la acción judicial en Argentina había sido “una buena noticia a nivel diplomático que tiene que ver con que vamos ganando en confianza”.

“Por supuesto falta. Había que relocalizar (la planta). Eso implica nuevos estudios de impacto (ambiental). Pero la idea no se detuvo. Se podrá demorar de acuerdo a lo que el mercado del hidrógeno establezca. Nosotros seguimos trabajando teniendo los cuidados que se tienen que tener”, agregó en diálogo con la prensa local.

“Seguimos, seguimos”, afirmó el mandatario oriental cuando fue consultado por la inversión en Paysandú, que se avizora como la más importante de la historia del país vecino: más de USD 5 mil millones.

“Llegado el momento de la inversión, se tienen que tomar decisiones”, agregó.

Además, consignó que las conversaciones entre el Estado uruguayo y HIF Global por el costo del suministro de energía “viene bien”. La electricidad para realizar el proceso debe ser provista por la estatal UTE. Y el valor al que se venderá es motivo de negociación por el impacto que tendrá en el costo final de los productos que la firma pretende producir y exportar.

“Se acercaron los números. Por supuesto: hay que ser muy prudente”, puntualizó.

La palabra presidencial

La fiscal Minatta expresó: “No sé de dónde sacó esa información el presidente Orsi”.

Luego detalló que la Justicia Federal argentina “sigue esperando que Uruguay dé respuesta a todas las cosas que le pedimos a través de la CARU”, la comisión administradora del río Uruguay. El organismo es una entidad binacional que maneja el curso de agua como recurso compartido entre ambos países. Un pacto de la década del ‘60 estableció que la acción de cualquier Estado que afecte el río debe ser antes consultado con el otro.

Michel, en tanto, subrayó: “La palabra presidencial es un activo importante que el presidente Orsi tiene que cuidar. La fiscal (Minatta) ya lo desmintió y la acción que iniciamos sigue con importantes medidas”. En los últimos días se realizaron controles del agua del río ante la eventualidad de que HIF contamine el flujo cuando entre en funcionamiento.

“La salida a este conflicto no es confrontar en los medios. Se requiere diálogo serio y responsable”, agregó el diputado nacional.

Por otro lado, Minatta indicó que incluso en el mejor escenario, la relocalización de la planta, ella continuará con el proceso. “Es importante que si se ubica en otro lugar tampoco cause daño ambiental en el río y la biodiversidad”, consignó. “El reclamo no es solo por la contaminación visual en Colón. Es mucho más importante”, agregó.

La fiscal precisó además que a la acción penal que tiene a su cargo y a la demanda de Michel y otros legisladores del peronismo se sumó otro planteo judicial. Se trata de un amparo colectivo en el Juzgado Civil 2 de Concepción del Uruguay. La inició un gremio de la ciudad de Concordia. “Hay dos causas civiles y una penal”, resumió la funcionaria judicial.