Desalojaron parcialmente un predio usurpado por dos comunidades mapuches en Villa La Angostura

Una veintena de efectivos de la Policía de Neuquén efectivizó este miércoles el desalojo de parte de un predio de 624 hectáreas que en 2011 usurpó una comunidad mapuche, a 35 kilómetros de Villa la Angostura, y a la que luego se le acopló otra comunidad.

El litigio comenzó a fines de 2011, cuando integrantes de la lof Melo ingresaron a un predio sin autorización e impidieron el ingreso a su propietaria, quien a principios de 2012 denunció la usurpación del lote.

Agentes de la Policía de Neuquén junto a funcionarios judiciales, bomberos, médicos del nosocomio local y otros organismos participaron del desalojo de una franja del predio usurpado, que está ubicado sobre la costa del lago Nahuel Huapi.

Al lote lo atraviesa la ruta 40, entre Bariloche y Villa la Angostura. Se cree que la fuerza de seguridad podría regresar este jueves al lugar y completar el operativo de desalojo, esta vez en el sector donde se encuentran las viviendas de las lof Melo y Quintriqueo.

Fuentes del caso indicaron que en el operativo no hubo personas lesionadas, ya que los uniformados junto a los oficiales de Justicia trabajaron en la fracción que está sobre el lago, donde no hay viviendas.

Sin embargo la medida podría extenderse este jueves, con el ingreso de las fuerzas al sector poblado de la propiedad.

En marzo de este año, una decena de funcionarios judiciales de Neuquén viajó hasta la localidad turística para ejecutar el desalojo aunque la ausencia de efectivos policiales de la provincia petrolera, frustró el operativo.

Las tierras pertenecen a María Cristina Broers, quien cuenta con el aval documental sobre 624 hectáreas en el lugar.

A fines de 2011, integrantes de la familia Melo –apellido que identifica a una de las comunidades que reside en la zona– ingresaron de forma intempestiva a la propiedad, impidiendo a la propietaria ingresar al lugar.

A principio de 2012 comenzó el proceso judicial, en el que la comunidad no logró convencer a los magistrados sobre su presencia ancestral en el lugar. Por eso hubo numerosas órdenes de desalojo que nunca se cumplieron, hasta este miércoles cuando efectivos de la policía neuquina irrumpieron en el predio.

Durante el allanamiento, la Confederación Mapuche de la provincia emitió un comunicado en el que denunció “un violento despojo” a las comunidades mapuche.

El organismo denunció que se concretaron los operativos en las comunidades Lof Kinxikew y Lof Melo y acusó al Gobierno provincial de haber desplegado las fuerzas especiales.

Sin embargo el accionar policial responde a una manda judicial, y no a una decisión gubernamental.

La Confederación sostuvo que el operativo se concretó con participación de fuerzas de seguridad provinciales y cuestionó las decisiones que derivaron en el desalojo.

Uno de los principales cuestionamientos del comunicado estuvo dirigido al ministro de Gobierno de Neuquén, Jorge Tobares, a quien la organización acusó de haber mantenido conversaciones con integrantes de las comunidades mientras se preparaba el operativo.

“Mientras se mantenía esa charla telefónica, las fuerzas de GEOP (Grupo Especial de Operaciones Policiales) ingresaron cortando cadenas y golpeando a las familias que se mantenían pacíficamente en resguardo de sus casas y territorio”, denunciaron los mapuches, dato que fue desmentido por fuentes del gobierno neuquino.

El caso

Los denunciantes son dueños de las tierras desde 1969 y cuentan con la documentación que avala la titularidad registral.

Los intrusos, integrantes de la familia Melo, ingresaron a la propiedad argumentando preexistencia de sus ancestros, aunque ni siquiera cuentan con reconocimiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). A la usurpación inicial se acoplaron luego integrantes de otra comunidad mapuche, la lof Quintriqueo.

Los propietarios elaboraron un acta para dejar constancia del ingreso mapuche, la destrucción del candado que estaba colocado en el acceso y el inicio de una construcción precaria a cargo de los usurpadores. Allí se produjo el primer encuentro entre la dueña y uno de los ocupantes quien, machete en mano, le informó que se trataba de la recuperación territorial de todo el lote pastoril.

En la etapa más reciente de la trama judicial, la Justicia confirmó el desalojo y ordenó al gobierno neuquino su ejecución, cuando ya estaban agotadas todas las instancias. En ese contexto, la Cámara de Apelaciones rechazó – en julio de 2023- un recurso de apelación presentado por la comunidad sobre la sentencia de desalojo.

Dicho rechazo confirmó la sentencia de primera instancia y la vía para intentar el Recurso de Casación, sosteniendo la orden de restitución del inmueble a sus legítimos dueños.

En octubre de 2024, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén dictó una resolución clave declarando inadmisible el recurso presentado por la parte ocupante contra la sentencia a ejecutar. Con esa decisión confirma que la sentencia de desalojo se encuentra firme y quedó expedita para su ejecución.

En abril de 2025, se reiteró la orden de efectivizarla. “El proceso judicial está cumplido en un 100 por ciento, no hay instancias por delante, sólo queda ejecutar el desalojo, pero es el gobierno provincial el que no dispone los recursos logísticos para concretarlo” informaron a Infobae fuentes cercanas a los denunciantes.