Extranjerización de tierras: un historiador explicó cómo nació el debate y cuáles son las zonas bajo mayor presión

El oficialismo en el Senado decidió retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que habilitaba la venta de tierras rurales a capitales extranjeros. La definición se tomó tras una reunión entre sectores aliados y la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quien enfrentó un nuevo revés político. El resto del proyecto quedó reservado para el debate programado para este jueves a las 14.

Pablo Volkind, historiador y coordinador del Observatorio de Tierras, consideró que la decisión “es un paso importante”. El investigador recordó en Infobae en Vivo A las Nueve que el debate sobre la extranjerización de tierras se intensificó en 2008, luego de la compra de un pueblo en La Rioja por capitales norteamericanos, hecho que “provocó el debate que derivó en la sanción de la ley en 2011”.

El especialista explicó que existen lagos controlados por extranjeros, como el caso del magnate Joe Lewis en la Patagonia, y remarcó la dificultad para el acceso público en esos territorios.

“La tierra es un bien limitado, excluyente, y no se puede reproducir. Muchos países son muy cuidadosos porque saben que es algo que no se reproduce”, afirmó Volkind. El historiador alertó sobre la importancia de los controles estatales en la venta de suelo y el impacto en la soberanía nacional.

Límites actuales y distribución de la extranjerización

La Ley de Tierras vigente establece que hasta un 15% del territorio nacional puede quedar en manos de capital extranjero. Según Volkind, actualmente la extranjerización representa cerca del 5%, lo que equivale a 13 millones de hectáreas, “el equivalente a Santa Fe”. El investigador aclaró que, con el marco legal vigente, podrían venderse 26 millones de hectáreas más, aunque esto no sucedió hasta el momento.

El debate sobre la necesidad de modificar la ley se centró en los departamentos que ya superan el límite del 15%. “Hay 36 departamentos en el país que superan ese porcentaje, algunos llegan al 60%”, detalló Volkind.

Los territorios se ubican en la zona cordillerana, desde Salta hasta Tierra del Fuego, y en áreas ribereñas del río Paraná, donde se concentran recursos estratégicos como litio y tierras raras.

Volkind indicó que “las 13 millones 200 mil hectáreas registradas son el piso de la extranjerización y no el techo”, ya que persisten dificultades para registrar la totalidad de las operaciones. La concentración de compras ocurre en zonas con recursos naturales, no en regiones agrícolas tradicionales.

Debate sobre los intentos de reforma y el interés por zonas estratégicas

El historiador sostuvo que la intención de modificar la ley responde al interés por zonas específicas con alta concentración de recursos, más que a la falta de tierras disponibles para la venta. “A lo que le interesa al capital extranjero no es comprar tierra en cualquier lado, sino en donde están los recursos”, señaló Volkind. En departamentos donde la extranjerización supera el 15%, la ley vigente ya impide nuevas ventas.

La normativa actual limita que más de un 30% del total de tierras extranjerizadas pertenezca a la misma nacionalidad y fija un máximo de mil hectáreas para cada capital extranjero en la región pampeana.

Volkind advirtió que el alineamiento del gobierno argentino con capitales norteamericanos genera preocupación ante una posible flexibilización de estos límites. “No nos podemos hacer los sonsos que tenemos un gobierno nacional alineado como pocos en la historia argentina con el capital norteamericano”, expresó.

Al mismo tiempo diferenció entre inmigrantes históricos que se asentaron en el país y capitales extranjeros que buscan invertir en grandes extensiones. “No es lo mismo Peter Thiel o Lewis que los colonos que recibieron 33 hectáreas en Esperanza”, puntualizó.

Concentración de tierras y grandes propietarios

La discusión sobre extranjerización se vincula con la concentración de tierras en manos de pocos actores. Volkind planteó la gravedad de que una sola persona o empresa posea grandes extensiones: “¿Está bien que una persona en un país tenga un millón cien mil hectáreas y que eso impacte en el acceso de la mayoría de la población?”, preguntó.

El ejemplo de Benetton ilustra la magnitud del fenómeno. La empresa posee un millón cien mil hectáreas en Argentina. Volkind subrayó que la concentración de tierras afecta el desarrollo territorial, el acceso a recursos y la posibilidad de crecimiento de la población rural, más allá de la nacionalidad del propietario.

El debate sobre el empleo generado por estos grandes propietarios también surgió en el intercambio. Volkind insistió en que el foco debe estar en el impacto estructural de la concentración, no en la nacionalidad del capital.

Nación, provincias y la administración de recursos estratégicos

El investigador señaló la tensión histórica entre el poder central y las provincias en el manejo de tierras y recursos. Sostuvo que “debe haber regulaciones nacionales y políticas estratégicas que contemplen intereses generales, más allá de los intereses provinciales o locales”.

Volkind no rechazó la explotación de recursos como el litio o el petróleo, pero consideró que el eje debe ponerse en “cuánto se reinvierte localmente y cuánto genera crecimiento nacional”.

En el plano internacional, comparó que países como Paraguay y los centroamericanos restringen la venta de tierras fronterizas a extranjeros, mientras que Chile permite excepciones con autorización del Ejecutivo. Consideró que el Estado nacional debe mantener la regulación en materias sensibles para la soberanía y el desarrollo.

Otros aspectos legislativos: expropiaciones, desalojos y manejo del fuego

Entre otras cosas, Volkind manifestó su desacuerdo con la eliminación de restricciones que impiden el cambio de uso del suelo tras incendios. Explicó que la normativa busca impedir que los incendios intencionales sirvan para depreciar tierras y facilitar su destino inmobiliario o turístico.

Diferenció entre la imposibilidad de cambiar el uso del suelo y la prohibición de trabajar la tierra luego de un incendio. “Si es tu uso principal y vivís de eso, debería contemplarse”, afirmó. Y propuso discutir alternativas legislativas que reconozcan realidades productivas sin desproteger los recursos naturales.

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