Cómo puede la inteligencia artificial transformar la gestión pública, según un especialista

La inteligencia artificial se consolidó en los últimos años como una de las principales herramientas para modernizar la gestión pública. Sin embargo, su incorporación al Estado plantea desafíos que van mucho más allá de la tecnología. La calidad de los datos, la integración entre organismos, la ciberseguridad y la confianza de los ciudadanos aparecen hoy como condiciones indispensables para que esa transformación sea efectiva.

Ese fue el eje de la entrevista que Mauro Solano, politólogo y director ejecutivo de FederAI, mantuvo con el equipo de Infobae al Mediodía. Durante la conversación, el especialista sostuvo que la Argentina parte de un escenario complejo: la percepción ciudadana sobre el funcionamiento del Estado es mayoritariamente negativa y eso condiciona cualquier proceso de innovación.

“El 85,1 % de la gente considera que la burocracia es ineficiente. El 86 % no confía en el Estado”, señaló, al citar datos de la Agenda Federal de Innovación Pública 2026. Para Solano, esas cifras reflejan un problema profundo. “En términos generales, tienen una pésima percepción del Estado”, resumió, al explicar que esa desconfianza se traduce en una creciente insatisfacción con la capacidad de la administración pública para resolver los problemas cotidianos.

La inteligencia artificial, una oportunidad que depende de los datos

Aunque el diagnóstico es crítico, Solano considera que la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta para revertir esa situación. No obstante, aclaró que su potencial depende menos de los modelos tecnológicos que de la calidad de la información con la que trabajan los organismos públicos.

“Esto lo vemos en una imagen que se repite en la región y a nivel internacional. Los datos de Latinobarómetro muestran una percepción muy parecida sobre la incapacidad de los Estados para resolver los problemas”, explicó. En ese contexto, sostuvo que la inteligencia artificial puede actuar como “un dinamizador que nos lleve a tener Estados inteligentes”, capaces de brindar mejores servicios y anticiparse a las necesidades de los ciudadanos.

Según detalló, el Estado ya dispone de enormes volúmenes de información que, bien utilizados, permitirían diseñar políticas públicas mucho más eficientes. “Tiene un montón de datos de los ciudadanos y, en teoría, debería saber cuáles son sus problemas y demandas. Podría anticiparse utilizando bien esa información y hacer un uso inteligente de esos datos”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que ese escenario todavía está lejos de concretarse. “Sin buenos datos, todo esto es ficción. No se va a poder aplicar nada y, aun aplicándolo, no va a tener buenos resultados”, aseguró.

Para el director ejecutivo de FederAI, la prioridad pasa por ordenar la infraestructura de información del Estado. En ese sentido, explicó que resulta indispensable actualizar las bases de datos, sistematizarlas y lograr que los distintos organismos puedan compartir información de manera segura y eficiente. “La clave es hacer interoperables las bases de datos para que organismos como ANSES, RENAPER o ARCA puedan hablar entre sí. La tecnología ya no es la muralla que era hace 20 o 30 años; hoy existen soluciones que facilitan esa interoperabilidad y democratizan el acceso”, señaló.

La ciberseguridad, el otro desafío de la transformación digital

La posibilidad de integrar datos también abre nuevos interrogantes sobre la seguridad de esa información. En ese punto, Solano advirtió que el crecimiento de la inteligencia artificial amplió la superficie de riesgo para los organismos públicos, especialmente después de los recientes episodios de filtraciones registrados en distintas dependencias estatales.

“Hoy somos todos un poco más vulnerables que hace un tiempo, a partir de la explosión de la inteligencia artificial. Ya no hace falta tener conocimientos sofisticados para hacer daño”, afirmó.

Por ese motivo, explicó que la ciberseguridad se convirtió en uno de los ejes centrales del trabajo que FederAI desarrolla junto a distintas provincias. “Trabajamos en interoperabilidad, integrabilidad y ciberseguridad. Son temas que muchas veces quedan por debajo de la discusión pública, pero son fundamentales para montar este tipo de soluciones”, señaló. Incluso remarcó que buena parte de esas tareas no suelen difundirse precisamente para evitar exponer nuevas vulnerabilidades, aunque confirmó que existe una agenda de cooperación con organismos especializados y con el sector privado.

En ese contexto, también llamó la atención sobre un fenómeno cada vez más frecuente: el uso informal de plataformas de inteligencia artificial por parte de empleados públicos.

“Hoy cualquiera puede pagar una cuenta personal de Gemini, Claude o cualquier otra plataforma y subir datos. Ahí aparece una línea muy delgada desde el punto de vista de la seguridad. El asistente aprende sobre lo que desarrollaron juntos y eso puede dejar vulnerabilidades expuestas”, explicó.

Para Solano, el desafío no consiste únicamente en incorporar nuevas herramientas, sino en modificar la forma en que trabaja la administración pública. “Lo que te obliga es a cambiar la manera en que desarrollás tareas dentro del Estado. Hay que replantear los procesos y establecer esquemas de supervisión”, sostuvo.

Soberanía digital y control sobre los datos públicos

La conversación también abordó otro de los debates que empieza a ganar espacio en distintos países: quién debe administrar la información que genera el Estado y hasta qué punto esa tarea puede quedar en manos de empresas privadas.

En ese sentido, Solano advirtió que la transformación digital no puede implicar una pérdida de soberanía sobre los datos públicos. “Hay un riesgo en entregar la soberanía de los datos estatales a empresas privadas, especialmente extranjeras”, afirmó.

Como ejemplo, recordó el caso de los Países Bajos, donde la Justicia dejó sin efecto un contrato con una empresa estadounidense que iba a administrar aplicaciones y sistemas utilizados por el Estado. “Entendieron que había cuestiones críticas que no podían quedar en manos privadas”, explicó.

No obstante, aclaró que el vínculo entre el Estado y las compañías tecnológicas seguirá siendo necesario para impulsar la innovación. El punto, sostuvo, pasa por establecer reglas claras que eviten una dependencia permanente de un único proveedor. “Hay que generar mecanismos de transparencia algorítmica y evitar el vendor lock-in, que termina obligando al Estado a depender de una empresa. Además, tiene que conservar la capacidad de supervisar y controlar esos procesos", afirmó.

Finalmente, consideró que el avance de la inteligencia artificial también acelerará la discusión sobre el marco regulatorio que protege la información de los ciudadanos. “Hay cuestiones bastante críticas que se van a empezar a discutir en breve, como la ley de protección de datos personales. El Estado administra datos privados y, además, regula la información que las empresas tienen sobre las personas”, señaló.

A su juicio, esa discusión será inevitable porque el valor estratégico de la información crece al mismo ritmo que se expande la inteligencia artificial. “Hoy los datos son el activo crítico que sostiene toda esta revolución”, concluyó.

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