Dolor por la repentina muerte de una diputada de San Luis a los 46 años

La diputada de San Luis Luciana Perano falleció este domingo tras sufrir un infarto en la localidad pampeana de Parera, donde había nacido.

La legisladora de 46 años se encontraba junto a su familia cuando, al momento de iniciar su regreso a San Luis cerca de las 7, sufrió una descompensación. Ante el deceso repentino, el cuerpo fue trasladado a General Pico para la realización de la autopsia correspondiente, según informó El Diario de La Pampa. Fuentes cercanas al caso confirmaron que se trata de un deceso por causas naturales y que no existe ninguna circunstancia extraña en el hecho.

Perano había iniciado su segundo mandato como diputada provincial el 10 de diciembre de 2025, en representación del departamento Juan Martín de Pueyrredón, bajo la bandera del Frente Ahora San Luis. Su primer mandato había comenzado en diciembre de 2021, cuando fue electa bajo el ala de “Unidos por San Luis”, la fuerza liderada por el gobernador Claudio Poggi, quien también le dedicó un sentido mensaje.

“De manera inesperada y con profundo dolor despido hoy a la LUCHI. Luciana Perano era Diputada Provincial por el Frente Ahora San Luis, dirigente de Avanzar, y excelente madre, esposa y amiga. Mi pésame para Martín, sus hijos y demás familia. Te vamos a extrañar Luchi QDEP”, escribió en su cuenta de X el mandatario provincial.

Su participación en la política

Antes de llegar a la Cámara de Diputados, se había desempeñado como concejal en la ciudad de La Punta, donde compartió bloque con el legislador Luciano Ayala.

En el plano institucional, presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales e integraba la Comisión Bicameral Permanente de Control de Legalidad de Ordenanzas Dictadas por Intendentes Comisionados Municipales. En los últimos tiempos, su actividad parlamentaria estuvo centrada en el impulso a la creación del municipio del Suyuque.

Perano estaba casada con Martín Olivero, senador provincial y ex intendente de La Punta, también oriundo de Parera, con quien se encontraba en la localidad pampeana al momento de su muerte.

En noviembre del año pasado, la legisladora estuvo al frente de la exposición de los puntos centrales del proyecto durante la sesión en la que la Cámara de Diputados de San Luis aprobó, por unanimidad, la reducción de la feria judicial en la provincia. La votación arrojó 27 votos afirmativos y ninguno negativo.

Durante su intervención señaló que la elaboración de la nueva ley contó con el consenso de los distintos bloques y que todos los sectores involucrados coincidieron en la necesidad de garantizar el acceso de la población al servicio de Justicia. También subrayó que, desde el bloque Cambia San Luis y en conjunto con los espacios que respaldan al gobierno provincial, continuarían impulsando iniciativas para reducir la mora y perfeccionar el funcionamiento de los tribunales en la provincia.

La sesión también contó con la intervención de la presidenta del bloque oficialista, Eugenia Gallardo, quien enfatizó la importancia de la reforma para combatir la lentitud en la resolución de causas. “La mora judicial es un problema que nos aqueja, es un problema que hace que la justicia sea menos accesible para quienes la necesitan. Una justicia cuando es lenta, cuando es ineficiente, cuando es ineficaz, no es justicia”, expresó, según palabras reproducidas por el área de prensa de la Legislatura provincial.

El proyecto tuvo su origen en una serie de acuerdos entre el gobernador Claudio Poggi, el vicegobernador Ricardo Endeiza, el presidente de la Cámara, Alberto Leyes, los presidentes de los bloques oficialistas de ambas cámaras y representantes de los colegios de abogados, magistrados, empleados judiciales y el Colegio Forense.

La nueva normativa estableció que la feria judicial se desarrollará en dos semanas durante enero y una semana a mitad de año, cuyas fechas fijará el Superior Tribunal de Justicia. Durante esos períodos, los plazos procesales quedarán suspendidos, aunque se garantizará la atención de asuntos urgentes a través de magistrados y funcionarios designados por la autoridad judicial.