Kicillof fue a una nueva audiencia en la Corte por los fondos que le reclama al Gobierno y anunció que irá “por la vía cautelar”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se presentó este miércoles ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para participar de la tercera audiencia en el marco de la demanda que sostiene contra el gobierno nacional por más de 2,3 billones de pesos que, según el reclamo bonaerense, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) le adeuda. La cita judicial terminó con una definición contundente: el distrito dio por cerrada la etapa de conciliación y anunció que avanzará por la vía cautelar.

La audiencia estuvo marcada por un nuevo incumplimiento del gobierno nacional. Según señaló Kicillof al término del encuentro, la administración central se había comprometido a llegar a esta instancia con una propuesta concreta de adelantos, pero volvió a postergar esa presentación con el argumento de que aún debía completar una serie de trabajos técnicos.

“El Gobierno nacional se había comprometido a llegar a esta audiencia con una propuesta de adelantos, pero nuevamente dijeron que todavía tenían que realizar una serie de trabajos técnicos”, señaló el gobernador. Ante esa situación, la provincia decidió no aguardar más y optó por escalar el conflicto dentro del propio expediente judicial.

La resolución de avanzar por la vía cautelar implica que Buenos Aires buscará que la Corte adopte medidas de carácter urgente sin esperar a que se resuelva el fondo del litigio. Es un paso que el gobierno provincial había reservado como recurso ante la falta de respuesta de la Nación, y que ahora activa tras tres audiencias sin acuerdo.

En su presentación, Kicillof amplió el alcance del reclamo más allá de la deuda de ANSES. El mandatario bonaerense sostuvo que la deuda total de la Nación con la provincia asciende a más de 22 billones de pesos, cifra que incluye tanto las transferencias no realizadas como la pérdida de recaudación.

Para dimensionar ese número, el gobernador lo puso en perspectiva con el presupuesto de su propio distrito: “Eso equivale a la mitad del presupuesto anual de nuestra provincia”, remarcó. La comparación apunta a ilustrar el peso fiscal que, según la administración provincial, tiene el conflicto con el gobierno central.

Otro eje del discurso del gobernador fue la acusación de que el superávit fiscal del gobierno nacional se construye a expensas de las provincias, los jubilados y las universidades. “Así es como construyen el superávit: no pagándoles a los jubilados, a las universidades y a las provincias”, afirmó Kicillof.

En ese punto, el mandatario señaló además que otras jurisdicciones ya recibieron las transferencias correspondientes, lo que convierte a Buenos Aires en un caso de incumplimiento particular.

“Si bien a algunas jurisdicciones ya les han transferido, siguen incumpliendo con la provincia de Buenos Aires”, sostuvo.

La demanda bonaerense ante la Corte Suprema tiene como eje central los fondos del ANSES que la provincia reclama como propios. El litigio se enmarca en una disputa de larga data entre el Estado bonaerense y el gobierno nacional por la distribución de recursos fiscales, que en los últimos años se intensificó a medida que la provincia argumentó que la Nación retuvo transferencias que le correspondían por ley.

La delegación provincial que acompañó al gobernador en la audiencia estuvo integrada por el ministro de Economía, Pablo López; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el Fiscal de Estado, Hernán Gómez; la titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Marina Moretti; y el jefe de Gabinete del ministerio de Economía provincial, Facundo Bocco Proietti.

La provincia de Buenos Aires sostiene que el actual régimen de coparticipación federal de impuestos la coloca en una situación de desventaja. De acuerdo con los datos oficiales, el distrito aporta el 38% de la recaudación total del país, pero recibe solo el 7% de los recursos distribuidos, mientras que la administración nacional concentra el 70%. Esta desproporción, subrayan desde la administración bonaerense, se ve agravada por el incumplimiento en la transferencia de fondos obligatorios.