El Gobierno celebró el nuevo revés a Burford en el juicio de YPF: “Tienen 2% de chances de revertirlo”

El Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, aseguró que “es muy baja la posibilidad” que el demandante revierta el litigio, luego que EEUU rechazara revisar el fallo a favor de Argentina

Declaraciones de Sebastián Amerio tras el fallo favorable a YPF en la causa judicial que enfrenta Argentina.
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El procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, aseguró que “estamos a un paso que Argentina se libere de esta carga que tiene sobre sus espaldas”, en relación al juicio por la expropiación de YPF, al celebrar que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó una medida extraordinaria solicitada por Burford Capital, principal demandante contra la Argentina.

El bufete inglés, que había obtenido un fallo favorable de primera instancia en 2023, quedó sin opciones luego que se descarte la apelación “en banc”, una figura reservada para situaciones excepcionales.

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En declaraciones a radio Mitre, Amerio indicó que “el fallo de la Cámara en pleno rechazó este recurso que presentó Burford, y cada vez sus posibilidades son menores”. Según el jefe de los abogados del Estado, tras la negativa, la única vía judicial restante que queda la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.

“Estamos a un paso que finalice” el litigio, dijo el funcionario. Según análisis probabilísticos y experiencias previas sobre el comportamiento del máximo tribunal norteamericano, Amerio indicó que “creemos que Burford tiene un 2% de chances de revertir esto en la justicia norteamericana, es muy baja la posibilidad”.

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Sebastián Amerio, Secretario de Justicia
Sebastián Amerio destacó que la Argentina está “a un paso de liberarse” del litigio internacional por YPF

La disputa se originó tras la expropiación de la petrolera en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El reclamo judicial, impulsado por accionistas representados por Burford, llevó a que la jueza Loretta Preska condenara a la Argentina a pagar unos USD 18.000 millones. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones revocó ese fallo en marzo.

En ese contexto, Burford solicitó que el pleno de la Cámara revisara la sentencia, pero la petición fue rechazada en un fallo breve firmado por Catherine O’Hagan Wolfe, secretaria del tribunal.

La opción por el arbitraje del CIADI

Tras agotar las instancias judiciales ordinarias en Estados Unidos, y si obtiene un nuevo revés ante la Corte Suprema, Burford Capital anunció que iniciará un arbitraje ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, del Banco Mundial).

Amerio explicó que, aunque la Argentina es miembro del organismo y debe someterse al procedimiento, “Burford se encuentra en una posición muy desventajosa para tener éxito en este arbitraje”.

Una vista de la Torre YPF, un día después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina, en Buenos Aires, Argentina, el 20 de noviembre de 2023. (REUTERS/Agustin Marcarian)
Una vista de la Torre YPF, un día después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina, en Buenos Aires, Argentina, el 20 de noviembre de 2023. (REUTERS/Agustin Marcarian)

El funcionario recordó que el Gobierno “nunca cedió” ante propuestas de acuerdo o conciliación con Burford, convencidos de que los argumentos jurídicos eran sólidos. “Había intereses de personas argentinas que proponían soluciones de acuerdos porque decían que no podíamos ganar. No solo no cedimos a esas presiones, sino que estábamos convencidos que los argumentos eran los más solventes para el caso”, manifestó.

El apoyo de Donald Trump

Juan Ignacio Stampalija, ex subprocurador que lideró la defensa argentina en el juicio de YPF, destacó también que “toda la apelación transcurrió en este Gobierno”, al referirse a la etapa que intentó desarticular el fallo de Preska, incluyendo la preparación de audiencias y la recolección de amicus curiae.

En ese marco, Stampalija subrayó el cambio de posición de Estados Unidos desde que comenzó el juicio por la expresión. “En 2019, el gobierno de Trump apoyó a Burford, pero este Gobierno logró que en cinco oportunidades el gobierno estadounidense apoyara a la Argentina, como en el tema de la entrega de las acciones de YPF y el discovery”, recordó acerca de la influencia de la Casa Blanca en el desenlace.

“Es difícil medir el peso (de esas presentaciones), lo que demostró fue que las posiciones técnicas eran sólidas y era un fallo (el contrario a YPF) que perjudicaba a Estados Unidos. Los jueces deben haber visto estos escritos con mucha seriedad”, se explayó el ex subprocurador.

Luis Caputo junto a José García Hamilton y Juan Ignacio Stampalija.
El ministro de Economía, Luis Caputo, junto a Juan Ignacio Stampalija (izquierda) y José García Hamilton (derecha)

Stampalija, que ahora trabaja para el ministerio de Economía a cargo de Luis “Toto” Caputo, remarcó que los argumentos centrales de Burford equiparaban el estatuto de YPF a un contrato bilateral, lo cual no tenían sustento en el derecho argentino. “Eso era claro desde el derecho público y privado, y eso terminaron resolviendo en la Cámara de Apelaciones”, señaló.

“Se evitó no entrar en desacato con el sistema norteamericano. Quisimos dejar en claro que esto no era el kirchnerismo, que tres veces entro en desacato (en este juicio)”, describió Stampalija otra de las características de la estrategia judicial. Y aclaró: “Todos los juicios que asumió este gobierno son ”regalos" de gestiones anteriores. Nosotros intentamos a resolver a lo que nos dejaron".

Con el rechazo a la apelación “en banc”, Burford Capital solo podrá presentar un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos y avanzar con el arbitraje ante el CIADI. Para el Poder Ejecutivo, ambos caminos presentan escasas posibilidades de éxito para el demandante, y que el país se acerca al cierre de una disputa de más de diez años, que amenazaba con un impacto millonario sobre el fisco.

“Nosotros sentimos que al haber ganado, el país ganó, y cada uno de nosotros ya no tiene esa deuda sobre sus espaldas y que cada uno de los ciudadanos tendría que pagar”, concluyó Amerio.

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