El Senado confirmó la sesión del jueves para aprobar ascensos militares y la embajadora argentina en Canadá

En una sesión previsible y adelantada por Infobae la semana pasada, la Cámara alta volverá al recinto el jueves para votar los ascensos de los tres jefes militares y el pliego que postula a la dos veces senadora Lucila Crexell (Neuquén) como embajadora -política- en Canadá. La definición se consumó esta noche, tras la reunión de Labor Parlamentaria entre los jefes de las diversas bancadas y la vicepresidenta y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel.

La sesión se iniciará a las 11 y, como se estima, lo más jugoso podría ocurrir al principio, con cuestiones de privilegio más que aseguradas desde el interbloque kirchnerista -comanda el formoseño José Mayans-, hoy llamado “Popular”, contra el Gobierno libertario.

El aumento de grado en líderes militares, junto con la designación de Crexell, fueron debatidos y dictaminados hace poco menos de dos semanas por la comisión de Acuerdos del Senado, cuyo titular es el oficialista Juan Carlos Pagotto (La Rioja).

Durante dicha jornada también avanzaron las propuestas para completar a las autoridades del Tribunal de Defensa de la Competencia, las cuales también tendrán luz verde pasado mañana. Su titular será Eduardo Montamat. En cambio, un pliego de la Fuerza Aérea que no tendrá aval pasdo mañana y será dejado de lado, al menos, por ahora.

Se presenta Sturzenegger

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales comenzará esta tarde, desde las 16, la discusión del proyecto sobre “inviolabilidad” de la propiedad privada que Javier Milei anunció el 1 de marzo pasado, cuando inauguró un nuevo período de sesiones ordinarias. Defenderá la iniciativa el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, aunque se espera la presencia de, al menos, tres funcionarios más.

El encuentro será de carácter informativo y no habrá dictamen. Los dialoguistas pidieron no apresurar los tiempos, oír las exposiciones de los disertantes y luego empezar el ida y vuelta con la líder libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich.

La norma que “blinda” la propiedad privada modifica normas sobre expropiaciones-antecedente fresco por la victoria en YPF-, barrios populares-se sancionó en la era macrista, con amplísimo apoyo y abrazo de movimientos sociales, como el de Juan Grabois-, tierras rurales e incluso la criticada ley sobre manejo del fuego que Máximo Kirchner impulsó durante la administración de su estimado “compañero” Alberto Fernández. La iniciativa, que consta de seis capítulos y 53 artículos, también apunta a agilizar los plazos de juicios sumarísimos para desalojos de inmuebles urbanos y rurales, y modificaciones en el Registro de Propiedad.

El texto de la Casa Rosada forma parte de una agenda más ajetreada para una Cámara alta que, desde el recambio del 10 de diciembre, trabajó como no se veía hace larguísimos años. Antes del plenario en cuestión, la comisión de Justicia y Asuntos Penales -preside el discreto libertario Gonzalo Guzmán Coraita- volverá a discutir, desde las 12.30, el proyecto sobre falsas denuncias.

La última versión del dictamen -cayó con el recambio legislativo de diciembre último- imponía “prisión de uno a tres años al que denunciare falsamente a persona determinada o indeterminada de un delito ante la autoridad”. Y sumaba: “Si la falsa denuncia ante la autoridad fuera en el contexto de delitos de violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual, la pena será de prisión de tres a seis años”.

En dicho articulado también se establecía “de uno a cuatro años” de prisión al “testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente”.

Según confiaron en ese entonces varias bancadas a este medio, el despacho iba a “dinamitar el recinto”. Lo que ahora se busca evitar son tropelías en el articulado para que, sobre todo, no haya choques con la convención “Belém Do Pará”, sobre violencia contra la mujer, que cuenta con rango constitucional y fue sancionado por el Congreso en 1996. Esta noche, un puñado de senadores deslizaron a Infobae que “tienen dudas” y quieren “opinar”, lo que vuelve a dejar un manto de dudas sobre este tema, que se convirtió casi en una obsesión de la radical Carolina Losada.

Agenda estimada

Previo a Labor Parlamentaria, oficialismo y dialoguistas diagramaron un esquema de sesiones en caso que se obtengan los dictámenes de propiedad privada y/o falsas denuncias -finales de abril-, y los pliegos judiciales para mitad de mayo. Las audiencias sobre este último punto comenzarían el 30-4 y durarían hasta el 7-5.