Sindicatos organizan un “abrazo” a la sede de la UOM y evaluarán medidas de fuerza en contra del desplazamiento de Furlán

Distintos sindicatos y organizaciones sociales planificaron para este martes al mediodía un “abrazo” a la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en Alsina al 400, en el barrio porteño de Monserrat, en defensa de Abel Furlán y otros dirigentes desplazados por la Justicia de la conducción del sindicato.

Allí, ese sector y sus aliados del Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) apuntan a reunir un número importante de manifestantes para que sirva como una demostración de fuerza luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió este viernes anular las elecciones de la Seccional Zárate-Campana de la UOM, realizadas entre el 2 y el 4 de marzo, así como la elección nacional de autoridades, llevada a cabo el 18 de marzo, y dispuso la intervención judicial del gremio.

Una de las organizaciones que se movilizará ante la UOM es la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), cuyo titular, Rodolfo Aguiar, señaló que “si no vamos a una huelga general, se quedan con los sindicatos” ya que, consideró, “tenemos una Justicia que hace política, que ya gobierna y ahora también quiere conducir los gremios”.

Luego del “abrazo” al sindicato metalúrgico, los principales miembros del FRESU (además de la UOM y ATE, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros, Molineros y más de 140 entidades) se reunirán para evaluar la posibilidad de definir medidas de fuerza contra el fallo judicial, aunque Aguiar ya anticipó su propuesta: “El único camino es la huelga general por tiempo indeterminado”.

En declaraciones periodísticas, Furlán afirmó que “cada vez que hubo proyectos de ajuste, apertura económica y destrucción del aparato productivo, se intentó disciplinar a la organización sindical más importante de la industria” y, en ese sentido, dijo que “hoy lo intentan en democracia por primera vez: pretenden desplazar a toda la conducción nacional elegida por los trabajadores en medio de una ofensiva contra los derechos laborales”.

“Es una vergüenza; es un fallo arbitrario, injusto y malintencionado”, resaltó el titular de la UOM, para quien “este no es un problema de dirigentes en una interna”. sino que “la dictadura y este gobierno atacan igual: intervienen a la UOM para destruir el salario”.

De esta forma, Furlán insistió en las críticas que ya había efectuado el viernes pasado, cuando denunció que el fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo es “el desenlace de una operación política, judicial y empresaria que venimos denunciando desde hace meses y que tuvo siempre un único objetivo: disciplinar a la UOM, debilitar nuestra capacidad de lucha y garantizarles a las patronales salarios de hambre y trabajadores sin capacidad de organización”.

En un duro comunicado de prensa, el dirigente repudió la intervención judicial dispuesta en el sindicato, calificándola como un “ataque al salario de los trabajadores” y resaltó que “los mismos jueces de la Cámara del Trabajo que avalaron la reforma laboral de Milei, Víctor Pesino y María Dora González, hoy avanzaron sobre la UOM con un fallo arbitrario, antidemocrático, que avasalla la autonomía de nuestra organización”.

La declaración oficial de Furlán, además, responsabilizó a la lista opositora, “derrotada en las elecciones” de la UOM Campana-Zárate, por recurrir a la vía judicial: “El sector interno derrotado en las elecciones continuó tratando de conseguir en los juzgados lo que no logró en las urnas. Eligieron transformarse en instrumento de los grupos empresarios y de un gobierno que hambrea al pueblo, destruye la industria nacional y pretende barrer décadas de derechos laborales y organización sindical”.

En su fallo, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, integrada por los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, fundamentó su decisión en la falta de garantías de “elección confiable, segura ni transparente” en el proceso electoral en la localidad bonaerense de Campana.

El tribunal explicó que la mecánica adoptada para el resguardo y el recuento de votos durante los tres días de los comicios “destruyó la objetividad de todo el proceso” y vulneró los principios de libertad y democracia sindical establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales.

El fallo indicó que la Lista Naranja, encabezada por Angel Derosso y que representó a la oposición en la UOM Zárate-Campana, presentó una denuncia por irregularidades ante la Junta Electoral de esa seccional el 3 de marzo en la que reclamó pérdida de confianza en el proceso electoral y solicitó que la elección se realizara en una sola jornada, con recuentos provisorios al cierre de cada día.

De acuerdo con el expediente, la Junta Electoral seccional, alineada con Furlán, rechazó estos pedidos y optó por extender las elecciones a 3 jornadas, disponiendo que las urnas fueran custodiadas en la sede sindical bajo vigilancia de la propia Junta.

Según los jueces, no quedó probado que la Junta Electoral notificara formalmente a la Lista Naranja una respuesta fundamentada a su impugnación antes de la culminación de los comicios. El tribunal observó que la supuesta notificación presentada como prueba no resultó válida, ya que no hubo constancia fehaciente de su envío, ni tampoco se ofreció prueba informativa adicional por parte de las autoridades demandadas.

Entre los argumentos centrales, los camaristas remarcaron que la extensión de la elección durante 3 días y la ausencia de escrutinios provisorios diarios y públicos, como exige el estatuto de la UOM y el decreto reglamentario 467/88, imposibilitaron corroborar la autenticidad de los votos y la seguridad del sufragio.

El fallo consideró además que la custodia unilateral de las urnas sin controles efectivos ni intervención de los fiscales de todas las listas “sepultó cualquier presunción de legitimidad y transparencia del comicio”.

Por eso los camaristas dispusieron la intervención judicial de la UOM, tanto a nivel seccional como nacional, designando como interventor al Dr. Alberto Biglieri, y le otorgó un plazo de 180 días para convocar a nuevas elecciones bajo condiciones que aseguren transparencia y respeto a los principios de libertad sindical. El interventor tendrá a su cargo la administración, el control interno y la convocatoria a comicios, con la obligación de informar trimestralmente a la Cámara sobre el desarrollo de su gestión.