Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General del Senado comenzarán a debatir pasado mañana, desde las 16, el proyecto sobre “inviolabilidad” de la propiedad privada que Javier Milei anunció el 1 de marzo pasado, cuando inauguró un nuevo período de sesiones ordinarias. Si bien aún no se notificó de manera oficial, el oficialismo libertario deslizó que el expositor principal para defender la iniciativa será el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
La disertación de uno de los funcionarios más respetados por el jefe de Estado y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, se convertiría en el plato fuerte del día para el kirchnerismo, que suele denostarlo en el recinto y diversas entrevistas. El golpeado interbloque, que comanda José Mayans, envió sus representantes para la de Legislación General. En tanto, ninguno aparece en la de Asuntos Constitucionales y ambas son manejadas por oficialistas. No obstante, cualquier senador podrá hacerse presente en el convite y preguntar lo que desee.
El texto que “blinda” la propiedad privada modifica normas sobre expropiaciones -antecedente fresco por la victoria en YPF-, barrios populares -se sancionó en la era macrista, con amplísimo apoyo y abrazo de movimientos sociales, como el de Juan Grabois-, tierras rurales e incluso la criticada ley sobre manejo del fuego que Máximo Kirchner impulsó durante la administración de su estimado “compañero” Alberto Fernández. La iniciativa, que consta de seis capítulos y 53 artículos, también apunta a agilizar los plazos de juicios sumarísimos para desalojos de inmuebles urbanos y rurales, y modificaciones en el Registro de Propiedad.
La ley de la Casa Rosada forma parte de una agenda más ajetreada para una Cámara alta que, desde el recambio del 10 de diciembre, trabajó como no se veía hace larguísimos años. Antes del plenario en cuestión, la comisión de Justicia y Asuntos Penales -preside el discreto libertario Gonzalo Guzmán Coraita- volverá a discutir, desde las 12.30, el proyecto sobre falsas denuncias.
El texto fue empujado por una radical -Carolina Losada- y se convirtió casi en la prioridad de su agenda durante largos meses. Encontró un generoso guiño del libertario y extitular de la comisión de Justicia, Juan Carlos Pagotto. El riojano, en medio del vendaval kirchnerista contra la Casa Rosada de 2024 y 2025, halló espacios para su amiga y dejó de lado otras normas que reclamaban senadores. Hoy lidera nada menos que la de Acuerdos, por donde pasan todos los pliegos de magistrados, diplomáticos y militares.
La última versión del dictamen -cayó con el recambio legislativo de diciembre último- imponía “prisión de uno a tres años al que denunciare falsamente a persona determinada o indeterminada de un delito ante la autoridad”. Y sumaba: “Si la falsa denuncia ante la autoridad fuera en el contexto de delitos de violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual, la pena será de prisión de tres a seis años”.
En dicho articulado también se establecía “de uno a cuatro años” de prisión al “testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente”.
Por otra parte, los jefes de las diferentes bancadas se verán las caras mañana, desde las 19, en la reunión de Labor Parlamentaria, con el fin de sellar una sesión para el jueves. Allí, el pleno debatirá ascensos militares -incluidos líderes de las tres fuerzas- dictaminados a finales de marzo por la comisión de Acuerdos. Mismo caso para la dos veces senadora y postulante a embajadora -política- argentina en Canadá, la experimentada neuquina Lucila Crexell. Durante el cónclave en el recinto tomarán estado parlamentario los pliegos judiciales que el Gobierno envió a la Cámara alta la semana pasada.
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