
En traje de legislador porteño, Manuel Adorni diseñó una serie de proyectos a presentar en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires luego de su triunfo en las elecciones del 18 de mayo por la composición de la misma. En medio de los rumores por su futuro en la bancada libertaria que conduce la referente porteña, Pilar Ramírez, el funcionario desplegó un equipo técnico compuesto por abogados y contadores con el que redactó 66 proyectos de ley y adhirió a 13 propuestas existentes.
Con su ascenso en el Poder Ejecutivo, el hasta entonces representante porteño debió declinar sus responsabilidades legislativas para asumir a la Jefatura de Gabinete por mandato del presidente Javier Milei tras la salida de Guillermo Francos. Tres meses después de haber jurado formalmente, hizo entrega a Pilar Ramírez del paquete de normas que incluyen reformas estructurales en el organismo, modificaciones al Código Contravencional, recortes presupuestarios, desregulaciones administrativas y un paquete de privatizaciones.
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“Recibí de Manuel Adorni 66 proyectos para presentar en la Legislatura. Eliminar la pauta oficial, endurecer penas a trapitos, menos burocracia y adhesión a la Ley Anti Mafia y la Reforma Migratoria”, resumió la dirigente porteña del riñón de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, luego de la reunión que mantuvo con el funcionario el pasado lunes en las oficinas del primer piso de Casa Rosada.
Desde el entorno de la referente revelaron a Infobae que los equipos estudian cada uno de los proyectos y plantearon que “la gran mayoría” serán enviados a la Legislatura con el objetivo de avanzar en su sanción. “Están analizando todo, pero la idea es impulsar la gran mayoría. Esos se sumarán a los que veníamos trabajando”, expresaron fuentes al tanto.
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La extensa lista de ideas la lidera la determinación de privatizar el Canal de la Ciudad de Buenos Aires, algo que había anticipado el propio Adorni durante el debate de candidatos al argumentar que el medio gasta 4.500 millones de pesos al año. “Los porteños no tienen por qué pagarlo de su bolsillo”, supo expresar en aquel entonces.
La voluntad de privatizar alcanza además a algunos bienes culturales como también al Ecoparque, el centro de conservación de especies autóctonas en peligro de extinción, y contempla la posibilidad de avanzar con la concesión de parte de la costanera sur. Además, busca reducir el presupuesto destinado a la Defensoría del Pueblo, organismo autónomo e independiente, para su normal funcionamiento y crear un registro de boletos de compraventa inmuebles.
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El proyecto incluye también un esquema de actualización de valores de las multas y la incorporación de nuevas figuras sancionables entre las que destacan los cuidacoches informales, conocidos popularmente como “trapitos”, la venta de entradas falsas, la proliferación de microbasurales, conductas indebidas de ciclistas, situaciones de hostigamiento en bares, el ciberacoso, entre otros.
Otro de los puntos en los que el libertario sugirió marcar agenda fue en la determinación de eliminar de la pauta oficial, medida que adoptó la administración libertaria a nivel nacional, que dispone el Gobierno de la Ciudad como también de los fondos y subsidios culturales que consideran de “carácter discrecional”.
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En los planes del ministro coordinador, los libertarios plantearían la necesidad de reorganizar la estructura del órgano legislativo y concretar la fusión de direcciones generales como también disminuir un 20% de los sueldos de los legisladores.
De avanzar en tratar lo sugerido, La Libertad Avanza propondrá cambios en el sistema de votación legislativo al plantear que para aplicar modificaciones en el presupuesto deberán ser aprobadas por mayoría agravada, es decir con dos tercios de los presentes. Actualmente requiere mayoría simple.
En la hoja de ruta que mantiene en estudio Pilar Ramírez figura además un apartado de cambios a implementar en el Código Contravencional porteño con el objetivo central de endurecer las sanciones. Entre las principales claves figuran la determinación de reducir la edad de imputabilidad a 14 años como también incrementar las penas contra quienes participen en peleas, intimiden, agredan o amenacen en lugares públicos y quienes “arrojen, depositen o coloquen sustancias insalubres, residuos peligrosos”.
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En la misma línea, buscarán aplicar reformas en los artículos 63 y 64 del código con el fin de endurecer las sanciones aplicables a las personas que utilicen a menores de edad para pedir dinero en la vía pública o promuevan actos sexuales que los involucren. También buscan intensificar los agravantes ante conductas de acoso sexual y a quienes suministren o permitan el consumo de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.

La interrupción de servicios esenciales y la obstrucción del tránsito en la vía pública también figura entre los items a ser penados con mayor severidad. De la misma forma, intentarán elevar las sanciones a quienes realicen denuncias falsas, “hagan uso indebido de armas”, o fabriquen, distribuyan y porten elementos para agredir.
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Por su parte, Manuel Adorni sugirió aumentar multas y castigos contra quienes las personas que abandonen animales domésticos, los mantengan en condiciones inadecuadas y se detecte cualquier forma de maltrato. Otra de las normas diseñadas apunta a actualizar las penas de los que incumplan obligaciones legales o desobedezcan normas y reglamentaciones vigentes en la Ciudad.
Entre los proyectos aportados por el ministro coordinador figuran una serie de medidas para la eliminación de trámites y requisitos administrativos, como el certificado de libre deuda, constancias y sellados por foja, además de suprimir duplicados y actas de inspección. En paralelo, propone quitar el impuesto a las patentes para vehículos con más de 15 años de antigüedad y modificar el ABL.
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En materia de movilidad urbana, buscan modificar el sistema de grúas para limitar su aplicación exclusivamente a los supuestos de obstrucción efectiva del tránsito o del espacio público, pero también disolver el sistema de evaluación permanente de conductores. Además, impulsarán la creación de un cupo de estacionamiento exclusivo para residentes, con el objetivo de asegurar lugares disponibles en zonas residenciales.

El paquete también incluye la eliminación de exigencias comerciales que el jefe de Gabinete considera obsoleta. Entre ellas, destacan la prohibición de fraccionar manteca prevista en el Código Alimentario Argentino y la obligación de utilizar mesas de mármol o tarimas de zinc con ganchos en determinados rubros, requisitos que serían reemplazados por lo que definieron como “criterios generales de seguridad”.
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Entre los últimos puntos incorpora medidas de modernización administrativa, como la habilitación de la firma digital para transferencias y otros trámites. En paralelo, figuran cambios a aplicar en el régimen de consorcios: intenta limitar las facultades de los administradores, bajo la idea de eliminar su poder de veto, habilita la figura de encargados compartidos y crea un fondo destinado al cese de sus funciones.
Además de las disposiciones propias, el entonces legislador enumeró 13 proyectos de ley a los que el bloque aspira a sumar su adhesión. Las normativas que cuentan con el visto bueno libertario son:
- Modernización del Régimen Nacional de Oferta Libre de Transporte Automotor de Pasajeros.
- Creación de un Registro Nacional de Transporte Interurbano de Pasajeros por Automotor.
- Régimen Nacional de Extinción de Obligaciones Recíprocas.
- Régimen Nacional de Sanciones Disciplinarias de las Fuerzas Policiales y de Seguridad.
- Plan Nacional 90/10 de Reducción de Homicidios.
- Reglamentación Nacional sobre Medicamentos.
- Ley Nacional de Matrícula Digital.
- Ley Nacional Antimafia.
- Impedimento de Reubicación de Personas Privadas de la Libertad por Cambio de Género.
- Reforma de la Ley Nacional de Migraciones.
- Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad.
- Reglamentación Nacional sobre Receta Digital y Sistemas de Validación Electrónica.
- Régimen Nacional sobre Vencimiento y Renovación de Matrículas Profesionales de la Salud.
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