La CGT ya consiguió la adhesión clave de los colectiveros para el paro contra la reforma laboral

Aunque la CGT debatirá este lunes desde las 11 la posibilidad de un cese de actividades contra la reforma laboral, el cuarto paro general contra el gobierno de Javier Milei cuenta con un amplio consenso interno en el sindicalismo y tendría un fuerte impacto porque ya dieron su apoyo los choferes de colectivos agrupados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que esta vez estarán en sintonía con el resto de los gremios del transporte.

Para garantizar ese respaldo, uno de los líderes de la CGT llamó el sábado pasado a los jefes de la UTA, que dirige Roberto Fernández y no integra la actual conducción cegetista, para sondear su adhesión a un paro general. La respuesta fue afirmativa y así se logró un apoyo clave para asegurarse la paralización de las actividades probablemente el día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral aprobada en el Senado.

“Somos un sindicato confederado y si la CGT decide un paro acompañaremos la medida”, anticiparon a Infobae en el gremio de colectiveros, que no había adherido al último paro general de la CGT, el 10 de abril pasado con la excusa de que estaban en conciliación obligatoria.

De esta forma, el eventual paro de la CGT podrá paralizar todo el transporte en el país ya que también proponen un mayor endurecimiento tanto La Fraternidad, que lidera Omar Maturano, como la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que dirige Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) y que incluso impulsa no hacer una medida aislada contra la reforma laboral sino un plan de lucha con paros progresivos y por sectores para que la protesta tenga más impacto.

Tras el triunfo libertario que representó la sanción de la reforma laboral en el Senado, la CGT anticipó una reunión de urgencia de su Consejo Directivo para este lunes con el fin de discutir un paro general de 24 horas, en medio del creciente malestar por el avance del proyecto de Javier Milei, pese a que la central obrera logró dejar a salvo las cuotas solidarias y mantener tal como están las contribuciones patronales para las obras sociales, que le permitirán sostener el financiamiento de “la caja sindical” y del sistema de salud de los gremios.

Pero el triunvirato de la CGT resolvió avanzar con un paro ante la presión de varios sindicalistas que querían profundizar las medidas de fuerza y, además, por la polémica que desató un sorpresivo cambio votado por los senadores en el régimen de las licencias médicas.

En efecto, el artículo 44 que se aprobó en el Senado introduce un nuevo esquema para la remuneración de los trabajadores que sufran un accidente o una enfermedad no vinculados con la actividad laboral y se vean inhabilitados para trabajar, que recibirán el 50% de su salario, y en las situaciones en que la imposibilidad de trabajar no derive de una acción voluntaria ni de un conocimiento previo del riesgo para la salud, el monto a percibir asciende al 75 % de la remuneración.

El artículo votado por la Cámara Alta establece que el pago durante el período en cuestión dejará de ser del 100% del salario como ocurre ahora. La motivación central, según el oficialismo, radica en la intención de modificar un sistema que, a su criterio, fomenta tanto el ausentismo injustificado como un aumento de la litigiosidad laboral. Por su parte, tanto los sindicatos como partidos de la oposición advierten que se trata de un retroceso en materia de derechos adquiridos.

“Este artículo es uno de los que vulneran los derechos individuales de los trabajadores y en este caso nunca estuvo ni siquiera entre los cambios que se discutieron”, dijo a Infobae un miembro del ala dialoguista de la CGT, que resaltó: “En el Gobierno se echan la culpa entre ellos por haber incluido este punto, pero lo concreto es que se aprobó en el Senado”.

Partidarios de una estrategia más moderada para frenar la reforma laboral, los cotitulares de la CGT Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) tenían previsto citar al Consejo Directivo para este miércoles y proponer allí un paro general, pero decidieron adelantar la reunión ante la posibilidad de que Diputados sesione el jueves 19.

“Están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”, advirtió Jerónimo a Radio 10.

“Creo que están dados los consensos colectivos de los distintos sectores para ir a un paro nacional -aseguró-. Trabajaremos para que sea con el mayor grado de acatamiento de todos los sectores, para que sea una gran huelga. Cuando se junte el Consejo Directivo lo terminará de confirmar oficialmente, pero vamos a trabajar para construir una gran huelga contundente”.

Los sindicalistas ponen en la mira los cambios vinculados con el derecho individual, como las indemnizaciones, la jornada laboral y las vacaciones, pero también otros referidos al derecho colectivo, como la estricta regulación del derecho de huelga en los servicios esenciales y la limitación a las asambleas sindicales.

En un documento interno, la CGT advirtió que se opuso “en su totalidad” al proyecto de reforma laboral e insistió en que “es contrario a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con rango constitucional".

Tras calificar la iniciativa de “regresiva y perjudicial para los trabajadores”, se detalla una serie de argumentos que seguramente serán el núcleo central de la impugnación judicial que preparan los abogados de la CGT:

“Tanto la Constitución Nacional como la normativa internacional consagran la protección del trabajador y del trabajo”.

“Existen principios de jerarquía constitucional como el de progresividad y no regresión que buscan que la legislación del trabajo avance mejorando las condiciones y la tutela de los trabajadores”.

“La Organización Internacional del Trabajo (OIT) expresó claramente que toda reforma laboral debe ser tripartita”.

“Por todo eso creemos posible que la justicia la declare inconstitucional. Este proyecto generará mas litigiosidad".

Algunos dirigentes de la CGT apuestan a que diputados del PRO y de partidos provinciales se rebelen contra la Casa Rosada e impulsen modificaciones en el texto aprobado en el Senado: en el partido de Mauricio Macri están disconformes porque se impide que los trabajadores perciban sus salarios a través de billeteras digitales.

Pero, sobre todo, crece el malestar en distintos bloques legislativos por el cambio de último momento que votaron los senadores y que reduce los montos para pagar los salarios en caso de licencias por enfermedad o accidentes no vinculados al trabajo.

La jefa de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió ese artículo al insistir en que el objetivo central es desarticular lo que el oficialismo define como una “mafia” de certificados y juicios laborales.

“Existe una mafia de certificados truchos y hay que terminar con eso”, explicó en declaraciones a TN, tras lo cual indicó que se analiza la forma de modificar ese punto y que quienes se enfermen gravemente puedan seguir cobrando el 100% de sus salarios.

Sin embargo, no quieren que ese artículo se cambie en la sesión de la Cámara de Diputados porque eso implicaría que la reforma laboral vuelva al Senado y así se frustraría la rápida sanción de la ley que pretende Milei. Una de las alternativas en estudio es garantizar que la reducción del pago salarial de las licencias médicas se corregirá cuando se dicte el decreto reglamentario de la ley.

La CGT, de todas formas, avanza hacia un paro general de 24 horas, en sintonía ahora con los gremios del ala dura agrupados en el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que ya anunciaron un paro con movilización al Congreso cuando la reforma laboral se trate en Diputados. Se trata del polo sindical ultraopositor que integran la UOM, ATE, Aceiteros y las dos CTA, entre otros.