Marcha de la CGT contra la reforma laboral: el Gobierno vaticina que será “minoritaria” y sin grandes conflictos

El día después de haber anunciado cambios claves en el articulado de la Reforma Laboral, con varias consesiones al sindicalismo, el Gobierno sigue de cerca la protesta convocada para este mediodía por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo al proyecto y anticipa una asistencia reducida en la Plaza del Congreso. “No nos importa para nada”, sintetizó ante Infobae una importante voz con acceso al despacho presidencial en la previa a la protesta que nucleará a sindicatos, movimientos sociales, organizaciones piqueteras y partidos políticos.

Lo cierto es que en varios despachos de Balcarce 50, en la previa a los anuncios que instrumentó el pasado jueves la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, en el Senado se vivía un clima contrario a la preocupación que generaba en otros tiempos una acción de lucha definida por la central. Tras alegar falta de apoyos para llamar a un paro general, la CGT definió una movilización en las inmediaciones del Congreso para cuando la Cámara Alta debata el proyecto.

En el ecosistema libertario descuentan que la determinación de no convocar a paro afectará directamente a la asistencia, por lo que —sostienen— la adhesión será menor a la esperada por las autoridades cegetistas. “No creo que sea muy grande en relación a otras que se hicieron bajo otros gobiernos”, expresó una fuente a este medio.

Ante el escenario que tendrá lugar desde la mañana de este miércoles, un integrante de la reducida mesa política que formó parte del debate que dio lugar a las concesiones al sindicalismo contempladas en la reforma, entre las que figuran la eliminación de las limitaciones a las cuotas solidarias y la reducción de los aportes para las obras sociales, se mostró al pendiente de los cuestionamientos del sector, pero coincidente en los pronósticos sobre la participación. “Siempre son importantes las marchas de la central, pero no va a ser multitudinaria”, coincidió ante la consulta de este medio.

“Me preocupa cero. Veremos cómo se da, pero sinceramente me da igual”, retrucó casi a modo de mantra un legislador libertario. Otra voz de las filas violetas ironizó: “No me acordaba ni que había marcha. No va a haber un millón de personas, sino todo el mundo estaría hablando de eso”.

Asimismo, pese a la adhesión de varios sectores en pugna: el triunvirato cgetista, las autoridades de las CTAs, partidos de izquierda, La Cámpora, figuras como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y organizaciones sociales y piqueteras, por los pasillos de Casa Rosada vaticinan una protesta “pacífica” y “de baja intensidad”. Además, se valen de la presencia de los exponentes de la oposición a la que definen como “tren fantasma”, para tildar de “política” la acción.

Sin embargo, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sucesora de Patricia Bullrich en la cartera, tiene listo el protocolo antipiquetes que comenzará a regir desde temprano en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para la tarea aplican una lógica que la funcionaria define como “VTV”, que gira en torno a la toma de definiciones en función de la evaluación del volumen de la manifestación, el transporte afectado y, por último, la violencia que miden en la previa a la acción.

El ministerio persigue el objetivo de garantizar la libre circulación, por lo que las inmediaciones del Congreso y la Plaza de Mayo amanecieron valladas, como ocurre ante cada protesta. Para el operativo que incluirá controles en los accesos y desvíos en el tránsito, estarán comprometidas las fuerzas federales que trabajarán de manera mancomunada con la Policía de la Ciudad.

Los cambios en el articulado y el vínculo con la Casa Rosada

Dentro de los 28 cambios anunciados por Bullrich, el proyecto que iniciará a debatirse este miércoles en el Senado contempla dos reclamos centrales elevados por la CGT. Por un lado, mantienen las cuotas solidarias, con una vigencia de 2 años y un tope del 2% de los salarios, y por el otro, elimina la reducción en las contribuciones patronales para las obras sociales.

Si bien el vínculo entre el sindicalismo y el Ejecutivo fluctuó en el último tiempo, la administración libertaria otorgó varias concesiones para la aprobación del proyecto que se presenta como vital para el mandatario.

Además, hubo amagues de varios alfiles representantes de Javier Milei para concretar un encuentro con las nuevas autoridades de la central, y se establecieron contactos paralelos como las reuniones entre el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, representación del sector en el Consejo de Mayo. Sin embargo, en el último tiempo hubo una marcada distancia entre las terminales.

“Se portaron mal”, repetían hasta la semana pasada por los pasillos de Balcarce 50. En la lista de quejas figuran los intercambios con gobernadores que intentaron motorizar desde la CGT para desarticular los cambios en el esquema laboral y los fuertes cuestionamientos contra algunas decisiones del Ejecutivo, como las modificaciones a la SIDE que intentaron aplicar a fin de año vía DNU.