La CGT logró cambios clave en la reforma laboral que alivian a las obras sociales y mantienen las cuotas solidarias

En la CGT respiran aliviados. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció los 28 cambios acordados en la reforma laboral que se debatirá este miércoles en el Senado y allí se incluyen dos modificaciones que exigía la central obrera: se mantienen las cuotas solidarias, aunque con una vigencia de 2 años y un tope del 2 por ciento de los salarios, y se elimina el artículo que bajaba las contribuciones patronales para las obras sociales.

Otro punto importante es que el proyecto dejará que los empleadores sigan siendo agentes de retención de las cuotas de afiliación, “siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes”, y deberá ser autorizado por la Secretaría de Trabajo.

No fueron modificados, pese a los reclamos de la CGT, la estricta reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales, la obligación de pedir autorización para realizar asambleas sindicales en los lugares de trabajo ni el tope de 10 horas mensuales pagas a los delegados para realizar actividades gremiales.

En cuanto a la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, que la reforma laboral restringe, en el texto con cambios se amplía qué subsiste al vencer el convenio: se añaden “las condiciones y beneficios individuales directos del trabajo y los beneficios otorgados para el trabajador”, no sólo las condiciones de trabajo como figuraba hasta ahora en el proyecto.

Los cambios sobre las cuotas solidarias liberan las principales limitaciones sobre estos aportes compulsivos que les hacen a los trabajadores en sus sueldos, sean afiliados o no, y que va directamente a los sindicatos, aunque se incorporan dos condicionantes: su vigencia se mantendrá durante dos años y tendrán un tope del 2% de los salarios (hoy existen gremios que descuentan un 4%, como el caso de SMATA).

Aun así, se agregó una restricción fuerte: a partir del 1° de enero de 2028 no podrá imponerse el pago de cuotas, aportes o contribuciones sindicales a trabajadores sin su consentimiento individual, otorgado en forma previa y expresa. “Queda excluida toda presunción de aceptación derivada de la pertenencia a una actividad, categoría o ámbito convencional”, dice el texto. Y el trabajador que hubiere dado su consentimiento podrá revocarlo en cualquier momento mediante comunicación fehaciente.

De manera simétrica, también se fija un tope para los aportes o contribuciones patronales especiales previstos en las convenciones colectivas de trabajo: no podrán superar el 0,5% de los sueldos de los trabajadores. Y s advierte que a partir del 1° de enero de 2028 estos aportes en beneficio directo o indirecto a cámaras, asociaciones, agrupaciones o personas jurídicas integradas parcialmente o totalmente por empleadores o cuyos órganos directivos estén integrados por representantes de los empleadores “tendrán carácter estrictamente voluntario por parte del empleador, sin que pueda imponerse su obligatoriedad mediante cláusulas convencionales".

Poco después de conocerse este cambio, ya hubo críticas por parte de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM). En un comunicado de prensa, afirmó: “Desde el sector mayorista expresamos nuestro profundo rechazo a la modificación introducida por el oficialismo de manera “llamativa y contradictoria”. La redacción original del artículo establecía el carácter voluntario de los aportes a cámaras empresarias. Sin embargo, el cambio introducido otorga impunidad y una doble garantía para que continúen recaudando fondos millonarios sin ningún tipo de rendición de acceso público a la información”.

El alivio para la CGT radica en otra modificación en el proyecto: se elimina el artículo 161, que reducía la contribución patronal destinada a las obras sociales sindicales del 6% al 5%, y que, según el sindicalismo, implicaba en los hechos un desfinanciamiento directo del sistema de salud administrado por los gremios. Según las estimaciones, esa rebaja representaba una pérdida de entre 679 y 700 millones de dólares anuales, equivalentes a aproximadamente el 0,1% del PBI.

En cuanto al artículo sobre la reglamentación del derecho de huelga, que no fue modificado pese a los reclamos de la CGT y que exige mantener servicios mínimos del 50% y del 75%, la nueva versión de la reforma laboral agrega al listado de servicios esenciales: el transporte de caudales, los servicios privados de seguridad y custodia y añade explícitamente al petróleo dentro de energía y combustibles.

Otros cambios en este punto es que los servicios aduaneros y migratorios y el transporte marítimo y fluvial pasan de ser considerados esenciales a la categoría de importancia trascendental. Eso quiere decir que deberán garantizar un 50% de servicios mínimos cuando en el proyecto original era del 75%.