Claudio “Chiqui” Tapia atraviesa el momento más complejo desde que asumió la presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Paralelamente, enfrenta investigaciones penales, auditorías administrativas y denuncias empresariales que avanzan sobre el núcleo financiero de la entidad. Los expedientes someten a revisión contratos internacionales, transferencias en dólares, activos patrimoniales, deudas fiscales y circuitos de intermediación que durante años operaron sin un control estatal sistemático.
Mientras la Justicia y organismos estatales examinan balances, cuentas bancarias y vínculos comerciales, Tapia viajó este fin de semana a Estados Unidos para presenciar la final del Super Bowl 2026, en el Levi’s Stadium de Santa Elena. El contraste entre ese despliegue personal y la delicada situación institucional del fútbol argentino revela el momento de mayor tensión política y judicial de su gestión.
Tapia enfrenta actualmente tres frentes judiciales abiertos y una ofensiva administrativa inédita. En conjunto, las investigaciones comprometen operaciones por más de $30.000 millones, además de millones de dólares en transferencias internacionales y contratos bajo revisión.
El primer frente es la causa penal económica por presunta retención indebida de impuestos y aportes previsionales. El expediente tramita en el fuero especializado y busca determinar si la AFA, pese a contar con recursos líquidos, incumplió sus obligaciones fiscales. En ese contexto, la Justicia ordenó un relevamiento integral de la titularidad de las cuentas bancarias, CBU y subcuentas, depósitos en moneda extranjera, colocaciones a plazo fijo, transferencias internas y externas, y todos los movimientos registrados desde 2021. El foco está puesto especialmente en los fondos administrados en el banco Credicoop, donde se detectaron operaciones por hasta $8.000 millones.
La investigación se apoya en informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que estiman una deuda de aproximadamente $19.000 millones por retenciones de IVA, Ganancias y aportes previsionales correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025. Para los investigadores, el eje central consiste en establecer si la conducción priorizó otros destinos del dinero antes que el cumplimiento fiscal.
La defensa de Tapia sostiene que resoluciones administrativas suspendieron las ejecuciones para entidades sin fines de lucro. No obstante, la fiscalía solicitó nuevas pericias para determinar si esas normas justifican los atrasos.
El segundo frente judicial es la investigación sobre el origen de los fondos utilizados para adquirir una mansión de lujo en Villa Rosa, partido de Pilar, junto con un patrimonio asociado de alto valor. Se investiga si el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte, son en realidad, testaferros de sus dueños reales.
La propiedad fue valuada por peritos oficiales en más de USD 20.815.100, una cifra muy superior al monto declarado en la operación. Durante los allanamientos se secuestraron más de 50 vehículos de alta gama y colección, además de documentación vinculada a hangares, helipuertos y estructuras de lujo.
El expediente permanece trabado por un conflicto de competencia entre el juzgado federal de Zárate-Campana y el fuero Penal Económico porteño. Mientras un sector de la Justicia insiste en el eje territorial, otro sostiene que se trata de una trama financiera compleja vinculada a la AFA. La Cámara Federal de San Martín debe resolver si habilita el pase a Casación o confirma el traslado.
El tercer frente es la denuncia presentada en diciembre de 2025 por el empresario Guillermo Tofoni contra Tapia y la conducción de la AFA por presunta administración fraudulenta, manejo irregular de contratos y desvío de fondos. La presentación sostiene que acuerdos estratégicos fueron realizados sin transparencia y redirigidos hacia sociedades estadounidenses vinculadas a TourProdEnter. El expediente se apoya en más de 3.000 páginas de documentación bancaria remitida desde Estados Unidos, con detalles sobre transferencias, intermediaciones y estructuras societarias.
Mañana, 10 de febrero, una audiencia clave definirá si el expediente queda en la justicia ordinaria o pasa al fuero federal, lo que podría ampliar el alcance de las medidas de prueba.
En paralelo a las causas judiciales, el Gobierno avanzó a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), que encabeza Daniel Vítolo, con una auditoría profunda sobre la contabilidad y las relaciones comerciales de la AFA. En una resolución interna, el organismo consideró exigua la información presentada por la conducción y ordenó ampliar los datos sobre múltiples rubros sensibles, con el objetivo de reconstruir no solo los montos, sino también el contenido real de los contratos. El foco está en un volumen global de negocios por unos 450 millones de dólares.
El foco principal está puesto en la cuenta “Empresas de Sponsorización por Contratos”, con un saldo de $13.771.843.701,16, dominado por operaciones con TourProdEnter LLC. La IGJ exigió conocer las cláusulas vigentes, cronogramas de liquidación, plazos de cobro, nivel efectivo de cumplimiento y contratos de respaldo.
Además, reclamó un informe completo de los flujos de divisas entre 2021 y 2025, detallando fechas, bancos, tipos de cambio, conceptos de remesas y comprobantes internacionales, para detectar posibles triangulaciones. Otro eje central es la relación con Sur Finanzas Group SA, de Ariel Vallejo. La IGJ ordenó una recomposición integral de esa operatoria, con apertura de cuentas, identificación del origen de los ingresos, destino de los egresos y reconstrucción de la trazabilidad del dinero.
La auditoría también abarca $7.124 millones en créditos por partidos de la Selección, $8.205 millones en deudas con organismos internacionales, $1.557 millones en gastos de organización, casi $282 millones en mantenimiento, gastos de pasajes y las inversiones en el predio de Ezeiza.
En medio de la controversia por el estado del fútbol argentino, con el Ascenso paralizado, problemas económicos en la mayoría de los clubes y una conducción bajo presión judicial, Tapia viajó a California para asistir a la final del Super Bowl 2026. Según pudo saber Infobae, el presidente de la AFA partió el 4 de febrero en un vuelo regular desde el aeropuerto de San Fernando hacia Asunción, donde mantuvo un encuentro con el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Al día siguiente, abordó un avión privado Global 450, con dos pilotos y una azafata, que había volado vacío desde Argentina para buscarlo.
La aeronave realizó una escala en Guayaquil antes de continuar rumbo a Estados Unidos, en un itinerario habitual del circuito de vuelos ejecutivos de alto nivel. En esa ciudad ecuatoriana se produjo una coincidencia sugestiva: Lionel Messi se encontraba allí para jugar con Inter Miami ante Barcelona por el “Partido de la historia”. En el exclusivo Levi’s Stadium de Santa Elena, “Chiqui” Tapia estuvo acompañado por Andrés Patón Urich, abogado de la AFA y uno de sus hombres de confianza.
Una tormenta perfecta
La superposición de expedientes judiciales, auditorías estatales y conflictos empresariales expone una estructura que durante años operó con escasa supervisión. Actualmente, balances, contratos, transferencias y patrimonios son revisados en simultáneo por juzgados, fiscales, cámaras, auditores y organismos fiscales. Nunca antes la conducción de la AFA había estado bajo un nivel de escrutinio semejante.
Mientras los clubes acumulan deudas, suspenden actividades y reclaman asistencia, el centro del poder enfrenta preguntas sobre millones de dólares, contratos opacos y circuitos financieros cerrados.
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