El Gobierno quiere dejar atrás el traspié con el INDEC mientras el peronismo desconfía hasta de su sombra

En medio de la paz, al Gobierno le estalló un problema que no esperaba. Y nada tiene que ver con la reforma laboral. En Casa Rosada nadie anticipó la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC. Ni el ministro de Economía, Luis Caputo, quien pensó que el ahora ex titular se quedaría en el cargo a pesar de la injerencia del Poder Ejecutivo en la independencia del organismo. En Nueva York, grupos de inversores referenciados en asesores argentinos, además de no esperarlo, no lo podían entender. Por estas horas sigue la sorpresa, a lo que uno de ellos definió ante un lobbysta con sede en Manhattan como una “arrogancia innecesaria”, porque “el mercado ahora te la deja pasar y luego te la cobra”.

Las consecuencias en la credibilidad del instituto son impredecibles, sobre todo por los motivos de la salida de Lavagna a raíz de la fuerte discusión para publicar el nuevo método. Quien estuvo al tanto de esta discusión se sinceró ante Infobae: “No era cuestión de si daba más o menos, porque eso hace un año que iba arriba y abajo. Lo que se rompió fue la completa independencia del INDEC, sus planes de trabajo y la credibilidad”.

La frase se condice con el informe de diciembre del Banco Central. En su página 58, la entidad señalaba: “En febrero de 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) comenzará a publicar la inflación nacional correspondiente al mes de enero utilizando un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC). La actualización del índice busca reflejar las modificaciones de los patrones de consumo de los hogares en respuesta a las fluctuaciones de los precios relativos, así como los cambios de hábitos y la aparición o desaparición de bienes y/o servicios del mercado”.

En otro apartado, llegaba a este punto: “La primera conclusión que surge de estas estimaciones es que los servicios ganarán peso en forma significativa en detrimento de los bienes (aproximadamente 12 puntos porcentuales)”. El Gobierno, en consecuencia, le prohibió al INDEC reflejar los datos estadísticos. Por eso renunció Lavagna.

Ese tropezón evitable apareció en una semana intensa para el Gobierno en el Congreso. Por ahora, más allá de las declaraciones que buscan calma en el poroteo, los votos no están para aprobarlo en el Senado. Patricia Bullrich asegura que irán al recinto sí o sí el 11 de febrero. La discusión central con los gobernadores afines —tanto del PJ como radicales y del PRO— es por el ya trillado Impuesto a las Ganancias. El proyecto, en esta parte impositiva, busca reducir la alícuota máxima para sociedades del 35% al 31,5%, con escalas intermedias que bajan del 30% al 27%. Significan 1,7 billones de pesos para el ejercicio fiscal de 2026. Los gobernadores estiman en 144 mil millones de pesos por mes lo que dejarían de percibir en concepto de coparticipación. Los mandatarios provinciales, como Gustavo Sáenz en Salta, no dudaron en sacarse la foto con Diego Santilli, ministro del Interior, pero por lo bajo aseguran que es imposible votar eso sin que haya una recomposición por otro carril. El presidente Javier Milei, por ahora, ordenó no cambiar de idea.

En ese sentido, el jueves habrá una reunión de todo el bloque de Fuerza Patria. Contará con presencia perfecta, salvo algún caso de viaje personal que pueda tener un senador. Allí se tocarán varios temas. El primero será la reforma laboral. Quienes responden a gobernadores “dialoguistas” plantearán la necesidad de acercar posiciones. Pero, como está pasando en la mayor parte de las estructuras políticas opositoras, el gran problema vendrá por planteos internos. El último pasó bajo el radar mediático, pero por estas horas es clave para evitar una ruptura que puede ser total.

Para entenderlo hay que repasar lo sucedido en Jujuy. Allí el PJ está intervenido y quienes llevan adelante la tarea son Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, ambos cercanos a Cristina Kirchner. En febrero habrá elecciones internas en esa provincia. Allí, la senadora Carolina Moisés planea enfrentar a La Cámpora. Pero ahora la legisladora fue suspendida por “inconducta partidaria” —la acusan de votar y favorecer al Gobierno—. Además, dieron de baja a 300 afiliados que le responden. “Los kirchneristas creen que fue la cabecilla de la rebelión y por eso saltaron así. Ella no quiere saber nada y está dispuesta a terminar de romper”, relató un compañero de banca. Desde San José 1111 negaron una interna partidaria y apuntaron a sus votos “como si fuera libertaria”.

El temor es que lo sucedido en Jujuy pueda reproducirse en otros ámbitos. “Es cierto que los sellos no le importan a nadie salvo a nosotros. Pero ahí se juega el armado para lo que viene”, explicaron. Puede dar fe de eso el gobernador Axel Kicillof, que tiene las horas contadas para aceptar o declinar la oferta que lanzaron desde La Cámpora para ser el presidente del PJ bonaerense. El mandatario quería imponer a Verónica Magario, pero no generó consenso. Máximo Kirchner contraatacó y dijo que debería ser él quien se ponga al frente. El armado de las listas vence el 8 de febrero. Por ahora, todos —por las dudas— juntan avales, aunque nadie quiere llegar a la instancia de votación.

“No van a financiar una interna. Es una discusión sin sentido para los que están en el territorio”, se animó a plantear un dirigente del PJ que busca acercar posiciones. Por las dudas, hubo paz en un punto clave: los veedores partidarios. En la práctica, son quienes aceptan o desestiman las listas. A los cuatro que ya estaban confirmados —Eduardo López Wesselhoefft, Facundo Tignanelli, Patricia García Blanco y Ulises “Coco” Giménez— se sumaron dos más para el “axelismo”. De fondo quedó otra discusión latente: las reelecciones indefinidas de los intendentes.

Más allá de la alternativa legislativa, hay quienes insisten en una definición judicial que les permita seguir de la misma manera. Por fuera de la rosca partidaria, la preocupación en las filas del gobernador pasa por el déficit fiscal, que no baja de 1,5 billones de pesos. Proveedores del Estado bonaerense repiten por estas horas una pregunta clave: “¿Está el dinero para pagar las deudas con las empresas que le prestan servicios a la administración de Kicillof?”. Solo en alimentos, para citar un ejemplo, el gobierno bonaerense gasta más de 60 mil millones de pesos por mes. “Estamos financiando todo lo que Nación cortó”, explicó uno de sus funcionarios.

Sin déficit pero con movimientos sin freno, en la Ciudad de Buenos Aires hay que poner la lupa. Quizás el cambio más importante, en términos de poder y relaciones con empresarios clave, fue el que se produjo en la Secretaría de Desarrollo Urbano. Desde esa silla se habilitan los permisos para proyectos inmobiliarios. El ganador, como de costumbre en los últimos meses, fue Daniel “Tano” Angelici. El empresario del juego y hombre fuerte del radicalismo porteño se quedó con el área.

Allí estaba Karina Burijson, funcionaria de confianza del jefe de Gobierno, Jorge Macri. Había ocupado ese cargo en Vicente López y asumió cuando el primo del expresidente ganó la elección en 2023. Ahora al frente estará Agustina Olivero Majdalani. “Fue un movimiento del ‘Tano’, que ahora va a manejar un área clave para la Ciudad”, relató a Infobae un dirigente del PRO.

Angelici ya había obtenido un premio a fines del año pasado cuando se aprobó el Presupuesto. Como parte del acuerdo con Macri, puso a Christian Gribaudo, ex senador bonaerense del PRO, como secretario administrativo de la Cámara. Desde allí maneja los gastos y contrataciones del Parlamento, con una billetera que envidia cualquier distrito por el volumen y la opacidad de los manejos. En ese puesto estaba Ignacio Pérez Lorgueilleux, que responde a Santilli. Pocas semanas después saltó a Nación para ser titular del RENAPER. Quienes siguen de cerca estos movimientos creen que Macri está entregando parte de su poder para no tener mayores problemas con una Legislatura que puede jugarle en contra —tiene menos de siete legisladores que le responden—. Algunos piensan que demasiado.

Días atrás, otro que encontró trabajo rápido fue el exlegislador Yamil Santoro. En diciembre dejó la Legislatura y hasta posteó en LinkedIn que buscaba empleo. La Ciudad lo volvió a cobijar: asumió como CEO del Parque de la Innovación. “Se animan varios cuando parece una estructura endeble. Y la Ciudad tiene lugares infinitos”, sentenciaron.