El Gobierno acelera la definición por la reforma laboral y evalúa la modificación de un artículo clave

Por pedido expreso del presidente Javier Milei, los principales alfiles políticos del Poder Ejecutivo comenzaron una etapa de aceleración de las negociaciones para poder impulsar en ambas cámaras del Congreso la reforma laboral, la cual todavía tiene miramientos de parte de sectores de la oposición dialoguista.

El proyecto de Modernización Laboral es uno de los cinco puntos que la Casa Rosada convalidó para que se puedan tratar en las sesiones extraordinarias de febrero. Aunque ya obtuvo dictamen en comisiones del Senado, hay puntos del proyecto que todavía no tienen el consenso de muchos gobernadores, los cuales manejan bancas tanto en ese recinto como en la Cámara de Diputados. Sin esos votos, Milei no tiene garantizada la salida de la reforma.

Es por esta razón que en el oficialismo no planean convocar una sesión apenas iniciado el período de extraordinarias, que irá del 2 de febrero al 27 del mismo mes. En el Senado, la cámara de origen de la reforma laboral, indican que una fecha probable para que se trate sea el miércoles 11 de febrero. Así, el final de esta semana y el transcurso de la que se viene se presagian como vitales como para ver los avances de estas tratativas.

Los operadores políticos de la Casa Rosada que conversaron con Infobae no pudieron precisar si para el momento en que se haga una sesión se podrá tener asegurados los votos para conseguir la media sanción. Lo que es una seguridad es que el oficialismo no se quedará sin una reforma laboral: en el oficialismo prefieren una ley con menor cantidad de reformas, pero que pueda aliviar ciertos aspectos burocráticos en la matriz laboral.

Las negociaciones por la reforma requieren una coordinación entre diferentes áreas del oficialismo, las cuales confluyen en la Mesa Política, integrada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Es allí donde se debate cuál estrategia seguir, qué recursos se pueden utilizar para negociar, qué aspectos son intocables, cuáles son los actores de la oposición que tienen el poder de veto y con los que vale la pena dialogar. Aunque no es un miembro permanente, cuando los asuntos sensibles amenazan con alterar el cálculo presupuestario, quien aparece es el ministro de Economía, Luis Caputo.

El Grupo de los 7 y el ministro Caputo estuvieron reunidos este lunes para consensuar las primeras líneas de la negociación por la reforma laboral, además de incluir la Ley Penal Juvenil en el temario de Extraordinarias.

La postura que se impuso en el Gobierno es mantener sin modificaciones el dictamen de la reforma laboral y trasladar la discusión con los gobernadores al plenario del Senado. La administración nacional sostiene que no hay margen como para esperar la devolución de los gobernadores, modificar el texto del proyecto en comisiones y luego pasar a sesionar. “La reforma idealmente tiene que salir en febrero, a más tardar a comienzos de marzo”, indicó uno de los siete integrantes de la mesa a Infobae.

Pese a que se reunieron tres días atrás, la mesa política ya tiene confirmados dos nuevos encuentros en el despacho que Adorni tiene en Casa Rosada: uno será este mediodía y el otro el miércoles 4 de febrero a las 10 de la mañana.

En lo que refiere a la reforma laboral, la reunión tendrá como antecedente el encuentro de Bullrich con jefes de bloque del Senado. Al término del cónclave, la ex ministra de Seguridad dijo que hay un “acuerdo bastante consolidado”, aunque reconoció que habrá modificaciones en el despacho firmado en diciembre pasado.

Al ser consultada sobre el capítulo fiscal -con reducción en pagos en Ganancias de parte de grandes empresas, lo cual reduce el monto de la coparticipación que nutre tanto a Nación como a las provincias-, opinó: “Es un tema que está más en manos del poder Ejecutivo. Por supuesto que los senadores miran que es importante que las provincias tengan sus recursos, pero todavía no se ha resuelto y está en discusión”.

Se trata de algo que no depende solo de Bullrich, sino también de la rosca que Santilli protagoniza con las provincias, la capacidad de aliviar ese capítulo que quiera “Toto” Caputo y los votos que Menem crea que son necesarios buscar en su cámara, donde los bloques aliados y gobernadores también juegan un partido aparte.

El debate central está enfocado en el impacto fiscal de la propuesta, especialmente por la reducción de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que afecta ingresos coparticipables. En Casa Rosada plantean que la rebaja tendrá un costo fiscal del 0,65% del PBI, que recaerá en un 0,5 puntos para Nación y 0,15 puntos en las provincias. Es sobre esta última cifra que se define la adhesión de diferentes gobernadores.

¿El Gobierno podría ceder en este punto? Una importante fuente libertaria marca que sí. “Ese 0,15% del PIB no debería ser un problema en términos fiscales. Vamos a tensionar con los gobernadores a más no poder con ese tema para que eso se lleve la marca y podamos seguir impulsando lo que para nosotros es importante en términos técnicos, es decir, el resto de la reforma”, indicó.

Algunos gobernadores creen que el Gobierno tiene dos vías claras para proponer. Una es armar un esquema de compensación a las provincias por la caída de recursos debido a la caída real de los fondos coparticipables; y la otra es morigerar el impacto de la reforma a través de una cobertura temporal de Nación, pasando la aplicación total de esta normativa a las provincias para 2027. Esta segunda alternativa parece más probable que la primera.

“El Gobierno se tiene que dar cuenta de que no tiene tanto margen. Las cajas de las provincias están súper estresadas porque no hay más transferencias discrecionales, cayó la coparticipación y bajaron impuestos. Hay un cóctel que viene siendo adverso para nosotros. Si sale como está ganancias, el costo fiscal es mayor para la Nación que para las provincias. Es la mitad de ganancias más lo de aportes patronales. Por eso creemos que no van a ser inflexibles en esa negociación”, marcó uno de ellos.

La intransigencia en el plano de lo fiscal podría tener sus excepciones para poder movilizar el proyecto de ley. El propio ministro Santilli reconoció -en una de sus giras provinciales- que a los gobernadores les convenía asumir ese costo porque con el aumento de la actividad y la formalización de los empleados se podían ver recompensados. De ser así, podría no haber motivos como para pensar que eso se puede replicar para el caso nacional.