La Argentina volvió a reclamar ante la OEA por la liberación de los presos políticos en Venezuela: “La desinformación provoca más sufrimiento”

El embajador argentino ante la OEA, Carlos Cherniak, volvió a reclamar este miércoles por la liberación de los presos políticos en Venezuela y alertó ante dos representantes de la Comisión Interamericana de los Derechos humanos sobre la situación del gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani, ambos detenidos por el régimen chavista.

Tras la visita de María Corina Machado a la OEA, la misión argentina, junto a diplomáticos de otros países, solicitó una reunión del Consejo Permanente para abordar el complejo momento que atraviesan aquellas personas privadas de la libertad en Venezuela y sus familias. “Es necesario poner fin a esta situación de una buena vez, el régimen de Maduro impuso un sistema de terrorismo de Estado, llevando adelante desapariciones, detenciones arbitrarias y torturas, lo que también ha sido corroborado a través de los testimonios de los primeros detenidos liberados por el régimen”, sostuvo Cherniak.

Durante su exposición, el embajador argentino planteó: “Seguimos con atención las recientes excarcelaciones y entendemos que es un primer paso en la dirección correcta”. Sin embargo, destacó: “Como reiterara mi presidente recientemente, seguimos reclamando la liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, así como la totalidad de los presos políticos argentinos y de todos los presos políticos detenidos arbitraria e ilegalmente “.

Y agregó: ”La liberación por goteo de los detenidos ilegalmente, la información poco transparente o la desinformación por parte del régimen venezolano provoca, además, mayor sufrimiento de los familiares que están esperando con ansiedad abrazar a sus seres queridos“.

La intervención de Cherniak está alineada a las últimas intervenciones de la diplomacia argentina en organismos internacionales, que encadenó una serie de posicionamientos políticos que ratificaron el alineamiento total del gobierno libertario con Washington, Estados Unidos. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debiera insistir en una visita a Venezuela, a fin, entre otras acciones, de verificar el estado de los presos políticos en ese país y exigir una lista oficial de los mismos; Argentina seguirá comprometida para lograr que los venezolanos recuperen su libertad y la democracia, reiterando que no existe margen para nuevas experiencias dictatoriales en nuestra región“, afirmó el diplomático.

Además de Gallo y Giuliani, y de Yacoov Harari, el argentino-israelí de 72 años liberado recientemente, la Argentina reclama la aparición de Roberto Baldo, cuya historia aparece apenas nombrada en un Reporte Especial sobre Presos Políticos con Nacionalidad Extranjera de la ONG Foro Penal, que brinda asistencia jurídica a personas detenidas arbitrariamente por la dictadura.

El informe -publicado en marzo de este año, aunque recién cobró visibilidad en las últimas horas- denunció la detención de Baldo junto a su esposa, Montserrat Espinosa Irbern. Según se pudo reconstruir, son propietarios de una pizzería ubicada en una zona residencial de Caracas conocida como Los Palos Grandes. Fueron detenidos el 29 de noviembre de 2024 por “presuntos funcionarios” de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCM).

La situación de los presos políticos en Venezuela llegó a Davos, Suiza, donde los principales líderes del mundo están reunidos en el Foro Económico Mundial. Consultado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha liberado a “muchos" de ellos.

“Han acordado que van a dejar salir, creo que a la mayoría de ellos. Depende de lo que hayan hecho, pero han liberado, o mejor dicho, han liberado a muchos presos políticos en Venezuela”, aseguró, al tiempo que reivindicó la cooperación con las nuevas autoridades venezolanas tras la captura de Nicolás Maduro.

Por otro lado, la ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió este martes al Ministerio Público información oficial sobre al menos 200 personas detenidas cuyo paradero se desconoce, una situación que, según la organización, podría constituir casos de desaparición forzada en el país.

El reclamo se produjo durante una protesta frente a la sede de la Fiscalía en Caracas, donde familiares de los detenidos denunciaron que no han sido informados del centro de reclusión al que fueron trasladados sus allegados tras ser arrestados en operativos policiales o de seguridad. La manifestación fue encabezada por el activista Diego Casanova, integrante del Comité.