Con el final de la feria judicial de verano, la causa por el fentanilo contaminado que investiga la probable muerte de 173 pacientes internados en hospitales y clínicas del país entra en un tramo decisivo.
El expediente que tramita en el Juzgado Federal N.º 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, ya no se limita a la recolección de pruebas técnicas: a partir de febrero, comenzará una etapa de definiciones judiciales concretas que pueden marcar el rumbo definitivo del proceso penal más grave en materia sanitaria de la historia argentina.
Durante enero, pese a la actividad limitada de los tribunales, la investigación no se detuvo.
La Cámara Federal ante una definición de fondo
El principal escenario que se activará tras la feria judicial es el análisis que realiza la Cámara Federal de La Plata sobre los procesamientos dictados por Kreplak contra 14 directivos y responsables de los laboratorios HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA, que fabricaron y distribuyeron el fentanilo contaminado.
Si bien la causa investiga 173 muertes, los procesamientos actuales les atribuyen penalmente, por ahora, 20 fallecimientos concretos, de acuerdo con el estado de las pruebas reunidas hasta ese momento. Los camaristas deberán resolver sobre el fondo de las apelaciones presentadas por las defensas, que cuestionan la calificación legal, la aplicación del dolo eventual y el nexo causal entre el medicamento adulterado y las muertes.
Las nuevas pericias del Cuerpo Médico Forense agregadas al expediente ya elevaron a 52 muertes vinculadas al fentanilo HLB Pharma sobre un total de 77 historias clínicas peritadas de las 173 investigadas por el juez Kreplak.
La decisión de la Cámara no será un trámite formal. Una confirmación de los procesamientos consolidaría la hipótesis central del juez: que existió una adulteración dolosa de sustancias medicinales, en un contexto de incumplimientos sistemáticos de las normas de fabricación, con conocimiento del riesgo sanitario. Por el contrario, una modificación o revocatoria obligaría a reordenar el expediente y podría demorar su avance hacia una eventual elevación a juicio.
Otro de los ejes sensibles que se reabrirá tras la feria es la discusión sobre las medidas de detención. El juez Kreplak ya rechazó los pedidos de prisión domiciliaria presentados por Diego García -hermano de Ariel García, propietario de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo-, directivo de las compañías, y por Javier Martín Tchukrán, director de Manufactura, quienes habían alegado problemas de salud y situaciones familiares graves.
Ahora será la Cámara Federal la que deberá decidir si confirma ese criterio o si concede el beneficio. En el entorno judicial reconocen que esta definición tendrá un fuerte impacto simbólico y procesal: cualquier flexibilización de las detenciones en una causa con 173 muertes bajo investigación será observada con lupa por los familiares de las víctimas y por la opinión pública.
En paralelo, la causa registró un dato político-judicial relevante: Diego García, hermano de Ariel García Furfaro y directivo de las empresas investigadas, volvió a cambiar de abogados defensores en medio del avance de la causa. Tras la renuncia de Marcos Aldazábal, abogado que integró la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, y de Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad durante el gobierno de Alberto Fernández, el imputado designó nuevos patrocinantes con menor carga política. Se trata de Diego Storto y Elizabeth Nancy Lires, abogados especializados en la defensa de acusados de alto perfil vinculados al crimen organizado, quienes alcanzaron notoriedad pública en 2006 al representar al ciudadano uruguayo Mario Vitette Sellanes, sindicado como el cerebro del denominado Robo del Siglo. En ese caso, diseñaron la estrategia legal que derivó en su expulsión del país tras el asalto millonario al Banco Río de Acassuso, un antecedente que hoy vuelve a ubicarlos en el centro de una causa judicial de enorme impacto público.
La posible redefinición de la calificación legal
Febrero también podría marcar un punto de inflexión en la calificación legal de los hechos si los camaristas confirman lo actuado por el juez Kreplak. En ese caso, los imputados podrían enfrentar penas de entre 10 y 25 años de prisión efectiva por adulteración dolosa de medicamentos con resultado de muerte, una figura penal de las más graves previstas en el Código Penal.
La investigación sobre el rol del Estado
Otro capítulo que comenzará a definirse tras la feria judicial es el de las responsabilidades estatales. El juez Kreplak ya ordenó allanamientos en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), dos organismos que dependen del Ministerio de Salud de la Nación, con secuestro de documentación, computadoras y teléfonos celulares, y dejó abierta la investigación sobre funcionarios públicos que tuvieron a su cargo el control y fiscalización de los laboratorios.
En su resolución, el magistrado sostuvo que los organismos regulatorios advirtieron de manera clara y reiterada las graves irregularidades detectadas, pero que esas alertas fueron desoídas por los directivos de los laboratorios, que continuaron produciendo y liberando lotes de fentanilo sin garantías mínimas de seguridad. No obstante, la Fiscalía impulsa profundizar la investigación para determinar si existieron omisiones dolosas, connivencia o conductas vinculadas a la corrupción administrativa.
Un expediente que desnuda fallas estructurales
A más de siete meses de la primera alerta emitida por la ANMAT, la causa del fentanilo contaminado ya expuso fallas estructurales profundas: deficiencias en la fabricación y control de medicamentos, ausencia de trazabilidad en los lotes, y graves irregularidades en la confección de historias clínicas y certificados de defunción tanto en el sistema público como privado.
Con el fin de la feria judicial de verano, el próximo mes la Justicia deberá decidir si avanza con definiciones de fondo en una causa que investiga 173 muertes evitables y que ya se convirtió en un caso testigo sobre responsabilidad empresarial, control estatal y salud pública. Lo que resuelvan el juez Kreplak y la Cámara Federal de La Plata en las próximas semanas marcará si el expediente del fentanilo mortal se encamina hacia el juicio oral o queda atrapado en una prolongada disputa procesal.
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