El Gobierno postergó el debate por el nuevo Código Penal e incluirá una baja de la edad de imputabilidad

Luego de la victoria moderada que consiguió el Gobierno a fines del 2025 con la aprobación en el Congreso del Presupuesto y de la ley de Inocencia fiscal, el oficialismo concentrará todos sus esfuerzos en estas nuevas sesiones extraordinarias en obtener la sanción de la reforma laboral y del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, aunque ya piensa en los futuros movimientos legislativos con los que avanzará una vez que se logren esas primeras metas.

En este sentido, según pudo saber Infobae, las autoridades nacionales ya tienen en carpeta enviar en los próximos meses dos iniciativas que fueron impulsadas el año pasado, pero que no prosperaron en ese momento.

Se trata, por un lado, del nuevo Código Penal, el cual fue elaborado por una comisión especial de expertos en la materia convocada por el Poder Ejecutivo, y la baja de la edad de imputabilidad.

El primero de estos textos fue incluido incluso en el temario de extraordinarias de diciembre último, pero nunca se llegó a tratar por falta de consenso y porque la Casa Rosada prefirió priorizar las leyes que sí terminaron saliendo.

En tanto, la segunda de esas medidas había conseguido dictamen en la Cámara de Diputados en mayo del 2025, pero tampoco pudo pasar al recinto por la falta de apoyo por parte de la oposición.

En este caso, el proyecto planteaba bajar de 16 a 14 años la edad a partir de la cual se puede juzgar a un menor, aunque estableciendo una pena máxima de 15 años y solo para delitos graves.

La iniciativa en cuestión buscaba dar prioridad a las penas alternativas, como la aplicación de tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado.

En ese entonces, la propuesta obtuvo 77 firmas (necesitaba 73 como mínimo) de los diputados del PRO, La Libertad Avanza, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Democracia para Siempre.

Sin embargo, para esa fecha el Gobierno todavía no había ganado las elecciones y seguía siendo una minoría en ambas Cámaras, donde la oposición trababa todos los intentos del Ejecutivo, por lo que no se votó.

Ahora el escenario es diferente y las autoridades nacionales piensan insistir con ambas medidas en un solo proyecto amplio que se enviará al Congreso cuando comiencen las sesiones ordinarias.

“Hay todo un régimen penal juvenil, que incluye no solamente la baja de la edad, sino también cuestiones de políticas de Estado, de inserción y asistencia social, tratamiento terapéutico, etcétera. Es decir, son un montón de herramientas para pensar qué hacer con un chico que delinque“, explicó uno de los autores de la propuesta.

De esta manera, la baja de la edad de imputabilidad estará incluida dentro del nuevo Código Penal, que no lo contemplaba originalmente, ya que la comisión que lo elaboró se enfocó en modernizar el régimen actual, incorporando algunos delitos nuevos y endureciendo las penas para otros existentes.

El grupo que se encargó de la redacción fue creado a principios del 2024 y estuvo integrado por figuras como el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, y el abogado Jorge Boumpadre, que lo encabezó.

La junta entregó una primera versión ese año que tenía un total de 540 artículos, pero luego se siguió trabajando y esa cifra se amplió considerablemente, hasta llegar a 912.

El texto definitivo fue presentado en diciembre último durante una conferencia de prensa del entonces flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a la actual senadora Patricia Bullrich, que estaba dejando el Ministerio de Seguridad.

El proyecto, con el que ahora se va a insistir, contempla cambios importantes sobre algunos aspectos vinculados a la corrupción, el terrorismo y el endurecimiento de las sentencias.

Entre otros aspectos, la propuesta más reciente propone no solo mantener la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, sino también sumar otros delitos como homicidio simple y agravado, abuso sexual, grooming, financiación, comercialización, publicación, facilitación, divulgación o distribución de material audiovisual de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, terrorismo, financiamiento del terrorismo, tráfico de estupefacientes, entre otros.

Asimismo, se conservan algunas leyes sancionadas en el último tiempo, como la de Interrupción Voluntaria del Embarazo y, aunque fue un tema que generó fuerte discusión dentro del Gobierno, por el momento se sostenían los agravantes cuando los delitos son cometidos en contextos de discriminación por razones de género, identidad u orientación sexual.

Entre los nuevos delitos que aparecen, está el de los motochorros, que se redactó de manera más clara para que no haya grises; la criminalidad ambiental, sumando la contaminación, y se perfeccionó la figura del financiamiento del terrorismo.

En la previa de Navidad, el presidente Javier Milei reunió a sus ministros en la Quinta de Olivos y les entregó a cada uno de ellos el libro “Defendiendo lo indefendible”, del economista estadounidense Walter Block, en el que se abordan varias problemáticas sociales que, según el autor, no deberían ser castigadas penalmente, analizando temas como la prostitución, el narcotráfico y derecho al aborto, entre otros.

El escritor considera en esa obra que el Estado no debería prohibir actividades voluntarias que no impliquen agresión, incluso cuando generen incomodidad moral o rechazo social generalizado. El eje teórico se apoya en el principio de no agresión, una de las bases del libertarismo moderno.