Para afrontar la fragilidad estructural del sistema eléctrico argentino, el Gobierno logró recientemente la aprobación oficial de un préstamo de USD 400 millones por parte de la Corporación Andina de Fomento (CAF). La noticia se conoce luego de los cortes de electricidad que se produjeron a finales de 2025 y uno masivo, a comienzos de 2026, que afectó a cerca de un millón de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La operatoria financiera, publicada este lunes en el Boletín Oficial y establecida mediante el Decreto 23/2026, consiste en el financiamiento de un Programa de Enfoque Sectorial Amplio (SWAP) de Apoyo a la Sostenibilidad del Sector Energético, orientado a la modernización del sector y a una mayor eficiencia en la asignación de subsidios.
En este contexto, la frecuencia e intensidad de los cortes han crecido en jornadas de altas temperaturas, como el ocurrido el 15 de enero, cuando una sensación térmica de casi 40° desembocó en un apagón que dejó a casi un millón de hogares sin suministro por una falla en la Subestación Morón de Edenor.
De acuerdo con datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), para el semestre comprendido entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, Edesur superó ampliamente los parámetros regulatorios, con 4,12 cortes promedio frente al límite de 2,07 y una duración media de 7,37 horas por usuario (más del doble del parámetro de 3,81). Edenor, en contraste, registró 1,39 cortes por usuario y una duración de 3,58 horas, ambas cifras dentro de los objetivos establecidos.
El programa encuadrado en este financiamiento se articula en cuatro componentes: fortalecimiento del marco regulatorio e institucional del sector energético, mejoras en la focalización de los subsidios, promoción del uso eficiente de los recursos y otros rubros complementarios. El Anexo Técnico precisó que el objetivo central consiste en redefinir los instrumentos para los subsidios energéticos, poniendo el acento en la protección de hogares vulnerables y la reducción de transferencias generalizadas.
La iniciativa también prevé el desarrollo de sistemas de información y la consolidación de procesos que permitan una identificación más precisa de los beneficiarios, así como el refuerzo de la coordinación interinstitucional. Desde el punto de vista institucional, el contrato suscripto con la CAF contempla la actualización normativa, la modernización de procesos administrativos y la provisión de asistencia técnica para mejorar la gestión del sector.
Además, contempla medidas para impulsar la eficiencia energética tanto desde el lado de la demanda como en la gestión pública, con el objetivo de promover un uso más racional y sustentable de los recursos. Según el Banco Central de la República Argentina, la operación tendrá un impacto limitado en la balanza de pagos, mientras que la Oficina Nacional de Crédito Público evaluó que el costo financiero del préstamo es menor al que el país enfrentaría en el mercado.
A la firma de este acuerdo con la CAF se suman otros esfuerzos recientes del Gobierno por mejorar la infraestructura energética. En diciembre de 2025, la Corporación Financiera Internacional (IFC), parte del Banco Mundial, aprobó una inversión adicional de USD 300 millones en Central Puerto para fortalecer la generación y el almacenamiento de energía.
Hacia finales del mismo año, se lanzó el Plan Nacional de Obras de Ampliación del Transporte Eléctrico, con una previsión de inversión superior a USD 6.600 millones, el cual busca mitigar los riesgos de interrupciones eléctricas, fortalecer la red nacional y solucionar los cuellos de botella logísticos que aún impiden el óptimo tra slado de energía entre los centros de generación y consumo.
El nuevo préstamo, que será ejecutado por la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético y la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales —ambas bajo la órbita del Ministerio de Economía, dirigido por Luis Caputo—, no financiará obras puntuales, sino que se diseñó como apoyo presupuestario sectorial. Apunta a acompañar políticas públicas orientadas a la sostenibilidad fiscal, la eficiencia y la equidad distributiva, criterios que articularán la asignación de los próximos recursos al sistema energético nacional.
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