El Gobierno estudia un reclamo clave de los gobernadores sobre Ganancias para poder avanzar con la reforma laboral

Después de un corto período de descanso, la cúpula del Gobierno de Javier Milei retomó por estos días la actividad política con la finalidad principal de poder conseguir los votos para aprobar la reforma laboral.

En ese contexto es que se enmarcan las primeras reuniones entre el ministro del Interior, Diego Santilli, con diferentes gobernadores de la oposición dialoguista, a los fines de recabar las demandas de las provincias y devolver una contrapropuesta que satisfaga a las partes y permita la aprobación en ambas cámaras del Congreso.

El funcionario libertario viajó esta mañana a la provincia de Mendoza a reunirse con el gobernador Alfredo Cornejo. Más tarde partirá rumbo a San Juan, donde lo espera el mandatario Marcelo Orrego. Ambos tienen una visión positiva del proyecto de ley que impulsan desde la Casa Rosada, pero tienen consideraciones particulares sobre ciertos artículos y pedidos propios de sus provincias que condicionan sus votos.

En su recepción a Santilli, Cornejo le hizo saber a Santilli que tiene diferencias respecto de uno de los puntos impositivos que hacen a la reforma laboral. Este es un reclamo común con más de seis gobernadores que pudo contactar Infobae.

Es que el proyecto que envió el oficialismo al Senado propone modificar la escala para el pago del impuesto a las Ganancias de las sociedades. Para los Tramos 2 y 3, se pretende pasar de una alícuota del 30% a 27% y 35% al 31,5% respectivamente.

¿En qué impacta esto a las arcas provinciales? En que la baja de la alícuota impacta en una menor recaudación de ese impuesto, el cual es coparticipable. En caso de prosperar, redundaría en una reducción del monto total que luego se reparte entre las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un cálculo que recibieron diversos mandatarios calcula que el beneficio fiscal se concentra en solo 144 grandes empresas e implica un 0,3% del PIB.

Así como otras provincias, Mendoza le pedirá al Gobierno que costee al menos temporalmente esa rebaja y posponer el costo impositivo para el 2027. “Vamos a ver la posibilidad de que se posponga, que se haga cargo el Gobierno Nacional de la rebaja impositiva solo en el año 2026 y que se pase para el 2027 o 2028″, indicó una fuente provincial al tanto de las conversaciones.

Lo que trascendió fue un apoyo de Cornejo a la reforma laboral para que haya “más empleo” y “mayor previsibilidad”. También mencionó que es importante bajar impuestos, aunque pueda implicar menos recaudación en el corto plazo: “El objetivo es que la economía crezca y que, a partir de ese crecimiento, el Estado pueda sostener sus políticas públicas esenciales”. Por su parte, Santilli afirmó “no creo que ningún gobernador pueda estar en contra de una reforma laboral en Argentina”

Todo lo que tenga que ver con asuntos con implicancia fiscal hace que merme la influencia que puede tener la Mesa Política, que se reunirá mañana en Casa Rosada para evaluar las opciones a proponerle al Ministerio de Economía y al mismísimo Presidente, que se involucra en todos los asuntos que refieran a la planificación económica.

El cónclave que se dará mañana estará encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y asistirán la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el titular de la Cámara baja, Martín Menem; el secretario de Gestión Institucional, Eduardo ‘Lule’ Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, que hace de enlace político y técnico entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Por las circunstancias y la relevancia del caso, el dato clave es que quien estará mañana será el ministro de Economía, Luis Caputo.

Y es que dos fuentes que integran esa mesa chica confesaron a Infobae que están pensando en proponer algún tipo de compensación o alivio a las provincias para que puedan apoyar el proyecto de reforma laboral. “Se va a trabajar en algo parecido a eso. Mañana vamos a definir”, afirmó uno de ellos.

Un informe reciente de la consultora Politikon Chaco indicó que los recursos nacionales de coparticipación cayeron 0,2% durante el tercer trimestre del 2025, llegando a totalizar unos $36 billones.

Aunque la Casa Rosada estudia ceder en estas negociaciones con una medida de alivio temporal para las provincias, Milei y su equipo más cercano consideran que Nación ya realizó el ajuste necesario para asegurarse el déficit cero, el pilar más importante de todo el programa económico que tiene hoy en día el oficialismo. “Ese objetivo no se va a mover y todo lo que hagamos va a ser respetando el superávit que tenemos hoy en día”, marcó una fuente inobjetable.

Lo que repiten en los despachos oficiales es que ahora es el turno de que las provincias se ajusten. “Ellos repiten que ya no pueden ajustarse más. Es porque todavía no purgaron curros que tienen”, repiten. En el oficialismo buscarán que el torniquete económico siga posándose con otras medidas indirectas sobre las provincias.

Se trata de un juego complicado para ambas partes. A pesar de haber incrementado sustancialmente la cantidad de bancas que tienen en ambas cámaras, La Libertad Avanza sigue dependiendo de los votos que tienen los gobernadores: sean en bloques o monobloques provinciales o con sus bancas que están insertas en espacios más grandes (como es el caso de la UCR, Provincias Unidas o votos puntuales dentro de Unión por la Patria), pero que no se mueven por adhesión partidaria, sino por las negociaciones que el respectivo gobernador tiene con la Nación. Asimismo, la mayoría de las provincias se encuentran en un punto de extrema sensibilidad de caja, por lo que también buscan colaborar con el Gobierno para tener transferencias (directas o indirectas) adicionales.

Por caso, Cornejo pidió esta mañana por la reanudación de tres rutas nacionales que están inconclusas en la Provincia: los tramos de la Ruta 40 Mendoza/San Juan y Mendoza/Neuquén y los mantenimientos sobre la Ruta Internacional 7 que sirve de corredor hacia Chile. Más tarde, Orrego se enfocará en pedirle al Gobierno que se trate cuanto antes la Ley de Glaciares, la cual tiene una gran implicancia en aquellos territorios donde la minería es una actividad de peso.