Quién es Federico Achával, el intendente del impuestazo en el Municipio de Pilar

Los vecinos de Pilar tragan bronca. Hace 10 días empezó a regir una modificación en la Tasa de Derecho Ambiental que fija un recargo del 2% sobre el importe neto de IVA en cada compra. La decisión generó la reacción de economistas, cámaras del sector comercial y cadenas de supermercados.

El autor de la medida es Federico Achával, intendente de Pilar, que llegó a la gestión en 2019 con el aval de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, quienes ese año ganaron las elecciones presidenciales.

Fue el punto de quiebre en su carrera. Logró vencer al entonces jefe comunal macrista Nicolás Ducoté y recuperar para el peronismo el control de un distrito decisivo de la primera sección electoral.

Referente de los intendentes peronistas de la Zona Norte del conurbano bonaerense, Achával consiguió la reelección en 2023, con quien se encuentra alineado estratégicamente y a quien pretende suceder en la Gobernación a partir de 2027. Sin embargo, su paso por la Municipalidad también acumula críticas y denuncias.

La denuncia de Elisa Carrió

El 24 de marzo de 2023 el presidente de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe, junto a Elisa Carrió, la líder de ese espacio político, presentaron una denuncia ante el fiscal general del departamento de San Isidro, John Broyad, por presuntas licitaciones direccionadas, sobreprecios y contrataciones otorgadas a personas cercanas al intendente Achával.

La denuncia expone un entramado de proveedores “estrella”, familiares beneficiados y presuntas maniobras fraudulentas que podrían configurar delitos contra la administración pública.

La presentación judicial se sustenta en un informe periodístico publicado por el portal El Disenso, donde se detallan las operaciones y los presuntos vínculos entre proveedores beneficiados y funcionarios responsables del área de compras.

Para Carrió y Yofe, lo revelado alcanza la gravedad suficiente como para configurar delitos de corrupción establecidos en el Código Penal, especialmente la figura de defraudación por administración fraudulenta contra la Administración Pública.

Uno de los nombres centrales mencionados es el de Héctor Torres, señalado en la denuncia como un “proveedor multirubro” que fue dado de alta en la AFIP en agosto de 2020 y que, en pocos meses, se habría convertido en un actor clave dentro del esquema de compras municipales.

El informe volcado en la denuncia judicial que aún sigue en trámite indica que Torres habría actuado como “intermediario” en múltiples operaciones municipales, convirtiéndose en un proveedor preferencial de la gestión. La denuncia menciona que su crecimiento y volumen de adjudicaciones llaman la atención dado su escaso tiempo como inscripto y la diversidad de rubros en los que comenzó a operar.

Carrió y Yofe sostienen que esta modalidad permitiría “triangular” compras, inflar números o direccionar licitaciones, algo que la Justicia deberá evaluar en la investigación.

El otro nombre destacado en la denuncia es el de Patricio Alejandro Naughton, quien se desempeña como coordinador de la Dirección de Compras del Municipio de Pilar. Según lo expuesto, Naughton habría adjudicado licitaciones a personas vinculadas directamente con su familia.

La denuncia afirma que esos movimientos se habrían realizado mediante presuntas maniobras fraudulentas, vulnerando la normativa de contratación pública y generando un perjuicio directo para el Estado. En uno de los tramos, Carrió y Yofe plantean: “Esta falta puede importar un perjuicio económico para el Estado provincial, en tanto se la podría privar de acudir al mercado y obtener potenciales mejores ofertas”.

El “banco de tierras” y las acusaciones de expropiación

Otro capítulo crítico es el debate por el nuevo Código de Ordenamiento Territorial, impulsado por Achával. Concejales del PRO y de sectores independientes aseguran que el proyecto habilitaría al municipio a confiscar terrenos y propiedades privadas para incorporarlos a un supuesto “banco de tierras” municipal, alineado con el gobernador Kicillof y con el enfoque del Instituto Patria cuya principal referente es la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Es un marco legal para la expropiación”, advirtió la oposición, que sostiene que la normativa permitiría apropiarse de parcelas bajo figuras administrativas ambiguas y sin garantías suficientes para los propietarios.

Por ejemplo, la concejal Adriana Cáceres (Juntos por el Cambio), advirtió que el proyecto de Código de Ordenamiento “permitiría expropiar y regalar tierras”, y afirmó que, de aprobarse, el municipio podría obligar al propietario a usar su suelo y, en caso contrario, aplicar multas o avanzar con expropiaciones.

Otros concejales de la oposición (bloque PRO / JxC) también se manifestaron en términos similares —en los debates Concejo Deliberante alertando sobre “expropiaciones encubiertas”, creación de un “banco de tierras” y pérdida de garantías para los propietarios.

¿Tasa de Derecho Ambiental o Impuestazo?

La reacción a la nueva tasa municipal fue inmediata: los comerciantes enviaron una carta formal al municipio advirtiendo que la tasa “incrementa los costos, distorsiona precios y afecta la competitividad”, además de cuestionar que haya sido aplicada “sin información clara, sin consulta previa y sin un estudio técnico que justifique la carga adicional”. En el mismo texto, reclamaron su derogación y alertaron por el deterioro económico que podría generar en pequeñas y medianas empresas del distrito.

El documento enviado al municipio es un golpe directo a la línea de flotación política del intendente. No es un texto técnico: es un llamado de alarma. Allí las cadenas advierten sobre “graves perjuicios para los vecinos”, “problemas operativos severos”, falta de estándares mínimos, imposibilidad de tener información previa sobre los montos y un aumento que “se traslada de inmediato al consumidor”.

La demanda es contundente: que el intendente suspenda la aplicación del 2% hasta que se establezcan reglas claras, plazos y mecanismos que no castiguen a los usuarios. En otras palabras, que Achával deshaga su propia medida.

Los productos y rubros alcanzados por el impuestazo son:

-Alimentos y bebidas

-Productos de higiene personal y limpieza

-Indumentaria y calzado

-Materiales de construcción

-Electrodomésticos y artículos electrónicos

-Servicios gastronómicos

-Estaciones de servicio y expendio de combustibles

-Supermercados, mayoristas y comercios de cercanía

Según las agrupaciones de comerciantes, el impacto se siente en casi toda la cadena de consumo y termina trasladándose al precio final que pagan los vecinos.

Sucede que la polémica tasa:

-Se cobra sobre operaciones comerciales y servicios dentro del distrito.

-Aumenta el costo operativo de comerciantes y proveedores.

-No se debatió previamente con cámaras empresarias ni con el Concejo Deliberante.

-Se aplica de manera automática a través de declaraciones juradas.

-No establece mecanismos de control claros sobre el uso de los fondos.

-Puede encarecer productos esenciales y aumentar la inflación local.

Entidades empresarias y gremiales ya se expresaron públicamente por su “carácter distorsivo”. Entre ellas figuran:

Asociación de Supermercados Unidos (ASU) — fueron quienes enviaron la carta de rechazo al municipio.

Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) — también alertó sobre las consecuencias del recargo.

Cámara de Comercio de Pilar (o al menos un bloque gremial/comercial local) — desde ese sector se manifestó la preocupación por lo que definen como “distorsión competitiva” y aumento de costos para el consumidor.

La controversia llegó al Gobierno nacional. El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, fue categórico: cuestionó públicamente la decisión, advirtió por el impacto en las pymes y señaló que “este tipo de tasas municipales solo castigan la actividad y profundizan la recesión”. Sus declaraciones tensaron todavía más la relación entre Nación y los intendentes del conurbano.

Desde su cuenta oficial en X apuntó directamente al intendente kirchnerista y llamó a los consumidores a evitar comprar en el distrito:

“No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente. Muy bien la ASU, es lo que hay que hacer: exponerlos. Que todos sepan quién está verdaderamente a favor y quién está en contra de la gente y la industria”, escribió.

Caputo ya había cuestionado la medida días antes, también por redes sociales: “Mientras en La Libertad Avanza trabajamos para bajar impuestos y hacer más competitiva nuestra industria, los intendentes kirchneristas los suben como si nada. No van a aprender nunca. No les interesa la gente. Y encima te quieren vender que su modelo es de desarrollo”.

En medio de una situación económica tensa, con comercios que cierran y familias que no llegan a fin de mes, la decisión de crear una tasa que encarece consumos básicos es arrojar combustible sobre un clima ya inflamado.