El debate en torno al endeudamiento de la Provincia de Buenos Aires y la designación de cargos en el Banco Provincia ha generado una ola de críticas desde distintos sectores políticos, que acusan al oficialismo y a parte de la oposición de perpetuar prácticas asociadas a la vieja política. Las recientes negociaciones, que se desarrollaron en las últimas horas de los mandatos legislativos vigentes, han sido señaladas como un ejemplo de acuerdos que priorizan intereses particulares por encima del bienestar de los bonaerenses.
Desde la perspectiva de Sebastián Pareja, diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza, la Legislatura bonaerense se ha convertido nuevamente en el escenario de pactos que, según sus palabras, resultan “inescrupulosos, obscenos y explícitos” entre el gobernador y sectores tradicionales de la política provincial.
Pareja sostiene que estos actores, con el objetivo de asegurar cargos, estarían dispuestos a comprometer el futuro financiero de la provincia y facilitar la gestión del gobernador Axel Kicillof, permitiéndole prescindir del control legislativo durante los próximos dos años y así posicionarse en la carrera presidencial. El dirigente enfatizó que el Directorio del Banco Provincia ha sido utilizado como “botín de guerra”, y denunció que se aprovechan de las últimas horas de los mandatos para concretar “negocios” que, según él, se verían interrumpidos con la asunción de la nueva bancada de La Libertad Avanza.
Pareja remarcó que las negociaciones se realizaron con diputados y senadores que asumieron en 2021 y que dejarán sus cargos en menos de diez días, con el objetivo de “perpetrar una estafa al pueblo que hace algunas semanas eligió quienes los van a representar”.
El diputado advirtió que, aunque estas denuncias puedan ser ignoradas, los bonaerenses sufrirán las consecuencias de estas decisiones durante muchos años. “Seguirán siendo cómplices y responsables de lo que acaban de hacer. Sabemos la dimensión de la batalla cultural que nos alcanza”, afirmó Pareja, quien también subrayó que su espacio no participará de estos acuerdos y que mantendrán el camino de austeridad fiscal y responsabilidad política marcado por el presidente Javier Milei.
En sus palabras: “La libertad de los bonaerenses y sus aspiraciones de una provincia libre y segura no valen un carguito. No somos quiosqueros de contratos”.
El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, también expresó su desacuerdo con la forma en que el gobernador Kicillof negoció el proyecto de ley que autoriza un nuevo endeudamiento y la renovación de vencimientos para 2025 y 2026. A través de una publicación en su cuenta de X, Lanús consideró razonable aceptar la refinanciación de la deuda, siempre que no implique la creación de nuevos cargos ni beneficios para sectores privilegiados.
Lanús escribió: “En la Provincia de Buenos Aires, se puede comprender que un opositor autorice renovar deuda, sin emitir nueva, como modo de cuidar el equilibrio fiscal y sin hipotecar futuro”. No obstante, advirtió que esta decisión no puede estar condicionada a la obtención de “más cargos y prebendas para la casta”. El jefe comunal concluyó su mensaje con un llamado a transformar las prácticas políticas: “Esto solo bastardea a la acción política, que puede y debe ser virtuosa. Podemos hacer política de otra manera, con otros valores. Trabajemos en ese camino”.
Por su parte, Diego Valenzuela, senador bonaerense electo por La Libertad Avanza, manifestó su rechazo al procedimiento adoptado para aprobar el endeudamiento. Valenzuela, quien asumirá su banca la próxima semana, expresó en X su indignación por el tratamiento nocturno del proyecto y la supuesta vinculación con cargos en el Banco Provincia. En su mensaje, Valenzuela afirmó: “De madrugada, se vota un endeudamiento excesivo a cambio de cargos en el Banco Provincia. Una vergüenza. Esta Provincia atrasa!”.
Las voces críticas coinciden en señalar que la reciente aprobación del endeudamiento y la designación de cargos en el Banco Provincia representan una continuidad de prácticas políticas que, según sus detractores, perjudican a los bonaerenses y refuerzan estructuras de poder alejadas de los principios de transparencia y responsabilidad fiscal.
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