Los movimientos sociales, piqueteros y sindicatos anunciaron protestas para este mes contra la reforma laboral

Los movimientos sociales, los gremios estatales, las organizaciones piqueteras y sectores del peronismo anunciaron “un diciembre caliente” tras definir una serie de medidas de fuerza, marchas y ollas populares contra “las políticas de ajuste y la reforma laboral”, impulsadas por La Libertad Avanza. Desde la Casa Rosada le restan importancia a la amenaza: descreen del “poder de movilización” de estos sectores y recuerdan que aplicarán —como en todos los casos— el protocolo antipiquetes.

El jueves 4 de diciembre será un día clave. Desde las 10 de la mañana, las principales organizaciones que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) —entre ellas el Movimiento Evita, Barrios de Pie, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC)— realizarán una asamblea “hacia un plan de lucha” en la Plaza Belgrano, ubicada entre las calles 13 y 40 de la ciudad de La Plata.

Algunos puntos ya fueron acordados: el 9 o 10 de diciembre comenzarán las primeras medidas. “Será una jornada de lucha con todas las organizaciones populares, una jornada cuyas características vamos a anunciar en los próximos días”, adelantaron a este medio desde la UTEP. Según Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la organización, “el eje va a estar puesto en los temas sociales y en los problemas vinculados al trabajo, la cuestión alimentaria y el avance del narcotráfico y los tranzas en el territorio”.

El sindicato de la economía popular elabora por estas horas un documento para el debate público, que incluye una “revisión histórica sobre la composición de la clase trabajadora en la Argentina, sus distintos procesos de transformación”, un diagnóstico de la situación actual de los trabajadores de la economía popular —que son cerca de 8.800.000 personas— y una serie de propuestas, entre ellas la creación de un estatuto de los trabajadores de la economía popular, concebido como un instrumento de formalización laboral y de institucionalización del sector.

El 11 de diciembre, la UTEP convocará a una movilización por lo ya anunciado por los organismo de derechos humanos, que marcharán a partir de las 16.30 a Plaza de Mayo en el marco del “Día Internacional de los Derechos Humanos”, con la “unidad de las luchas con la memoria como bandera”.

El epicentro de las medidas, que se votarán el próximo 4 de diciembre y que sumarán a las ya votadas, será el AMBA y varias capitales provinciales. Las protestas apuntan, según se informó desde la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) “al ajuste, la caída de ingresos, la desprotección social y el avance de la reforma laboral”, que impulsa el Gobierno.

De igual forma, desde la UTEP, la CTA Autónoma, ATE, Libres del Sur, Territorios en Lucha y el Frente Nacional Piquetero, recordaron que el inicio de las medidas fue el miércoles 26 de noviembre frente a la Secretaría de Trabajo, en plena discusión por el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil. Habrá acciones sostenidas durante todo diciembre: paros, marchas, cortes, acampes, ollas populares bajo el lema “las ollas están vacías”, y protestas sorpresivas.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva y del gobierno porteño fueron enfáticos ante una consulta de este medio: no se permitirán acampes ni cortes prolongados de arterias, solo circulación de columnas.

A ese frente social se sumó un nuevo actor de peso: el Partido Justicialista (PJ), que publicó un duro comunicado titulado “Sí al trabajo, no a la precarización laboral del FMI”, en el que rechaza la reforma laboral del Gobierno y advierte sobre el deterioro acelerado del mercado de trabajo.

El ex secretario general de la UTEP Esteban “Gringo” Castro volvió a poner en el centro la crisis social y la falta de contención estatal. Desde los barrios populares advierten una profundización del hambre, el derrumbe del salario informal y la ausencia de políticas de emergencia. “Nuestro sector es el más golpeado… lo que alguna vez fue el Salario Social Complementario está totalmente pulverizado“, le dijo Castro a Infobae.

El dirigente social viene alertando sobre el impacto territorial del ajuste. “Hay hambre, bronca y odio. diciembre puede ser un mes caliente si no se actúa rápido. Cuando el Estado se retira, avanza la marginalidad y el narco. Lo estamos viendo todos los días”, advirtió.

Desde la UTEP sostienen que la actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) y el incremento inmediato del Salario Social Complementario “son condiciones indispensables para evitar un agravamiento del conflicto social”. Gramajo explicó que las medidas de protesta también buscarán visibilizar otras carencias que atraviesa el sector: “Vamos a poner el foco en el congelamiento del Salario Social Complementario, que quedó en 78 mil pesos desde que asumió el gobierno de Javier Milei, sin siquiera una actualización frente al proceso inflacionario mentiroso que marca el INDEC”.

Desde Libres del Sur, la dirigente nacional Silvia Saravia sumó una mirada crítica y confirmó que su organización también estará en las calles durante diciembre: “Las agresiones de Javier Milei van hacia los sectores que más ayuda necesitan, como jubilados y personas con discapacidad. Ahora, se suma un ajuste a la asignación universal y al salario familiar”.

La referente de Territorios en Lucha advirtió además que el proyecto de Presupuesto 2026 elimina la actualización automática de esos beneficios: “Vamos a estar en las calles denunciando esta nueva agresión de la motosierra libertaria”.

Finalmente, avanzó con un análisis de alcance geopolítico: “Milei y Sandra Pettovello —por la ministra de Capital Humano— le están haciendo la tarea sucia a Donald Trump y a los sectores económicos que no quieren que seamos un país con producción y desarrollo soberano. Seguiremos denunciando el saqueo y la destrucción que significa priorizar la timba financiera por sobre la salud, la educación y los derechos constitucionales”.

En paralelo, el Frente Sindical definió una serie de medidas concretas. ATE ya realizó un paro nacional días atrás y adelantó que volverá a detener actividades el día en que se trate la reforma laboral en el Congreso. El gremio denuncia que el proyecto del Gobierno “flexibiliza, desregula y destruye derechos adquiridos”, y que se inscribe en el ajuste generalizado sobre el empleo estatal.

La CTA Autónoma, por su parte, elaboró un plan de lucha que incluye protestas conjuntas con movimientos sociales, paros escalonados y la presentación pública de una contrapropuesta técnica. En ese marco, los organizadores de las protestas plantean al gobierno de La Libertad Avanza una serie de demandas:

• Recuperación salarial como motor de la reactivación económica.
• Reducción de la jornada laboral.
• Protección de monotributistas.
• Reglas claras de salud laboral, salud mental y desconexión digital.
• Participación de trabajadores en las ganancias.
• Acciones coordinadas entre UTEP, CTA, ATE, Libres del Sur, movimientos territoriales y espacios del peronismo.

A estas definiciones se sumó un pronunciamiento conjunto de las dos CTA sobre la reforma laboral. Los representantes sindicales rechazaron cualquier modificación que vuelva a incursionar en puntos que la Justicia Laboral ya declaró inconstitucionales en virtud del DNU 70/23. También denunciaron la voluntad del Gobierno de “fragmentar y atomizar al movimiento obrero bajo el pretexto de la modernización”, una ofensiva que —advirtieron— no es ajena al intento oficialista de dividir la representación parlamentaria de la oposición.

En esa línea, reafirmaron la necesidad de sostener una estrategia de unidad y articulación tanto en el Congreso como fuera de él, para confluir en un esfuerzo común. “Unidad para resistir y también para construir condiciones para la victoria”, remarcaron. Las centrales adelantaron que seguirán impulsando iniciativas de resistencia y movilización en las calles, los territorios y los lugares de trabajo, y que avanzarán junto a distintos actores del campo popular en debates hacia una reforma que incorpore nuevas necesidades y derechos de los trabajadores y trabajadoras, y no sólo los intereses de los grandes grupos empresarios.

Mientras tanto, fuentes oficiales reconocen que se preparan operativos de seguridad reforzados, con aplicación estricta del protocolo antipiquetes.