La Comisión $Libra presentó su informe final en Diputados e instó al Congreso a definir si avanzan con el Juicio Político

Luego de tres meses de investigación, la Comisión Investigadora del caso $Libra, que funcionó en el ámbito de la Cámara de Diputados, presentó su informe final en el que concluyó que el presidente Javier Milei prestó una “colaboración imprescindible” en una presunta estafa con criptoactivos.

Como consecuencia, la mayoría opositora que controló la comisión recomendó que el Congreso evalúe si el Presidente incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, tras considerar acreditada una serie de irregularidades políticas, administrativas y financieras vinculadas al polémico proyecto cripto que estalló en febrero de este año.

El informe final, de más de doscientas páginas, reconstruye reuniones, movimientos financieros, decisiones políticas y omisiones administrativas. Y concluye que la operatoria de $LIBRA “no fue un hecho aislado”, sino parte de un patrón que ya había comenzado meses antes con la moneda digital del proyecto KIP Protocol, también promocionada por el presidente.

Según el informe, la investigación técnica —incluido el análisis de la blockchain— detectó flujos de fondos coincidentes en montos y fechas entre los operadores Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy (organizadores del Tech Forum), Hayden Davis (creador de Libra) y Sergio Morales (ex asesor de la CNV). Para la Comisión, estos movimientos son compatibles con un “presunto acuerdo de cooperación destinado a monetizar la imagen del Presidente Milei” a través del lanzamiento de la criptomoneda.

La Comisión afirma que en diciembre de 2024 se produjo una operatoria casi calcada popularmente conocida como “rug pull” (“tirón de alfombra”), que consta en promocionar un activo para que cuando su precio escale los administradores retiren toda la liquidez o vendan sus propios tokens, provocando un colapso de su cotización. En esa oportunidad, se lanzó la moneda digital KIP, también asociada públicamente al Presidente, y se registraron movimientos financieros “sospechosos” de los mismos actores. Esa repetición permite inferir —sostienen los investigadores— una conducta reiterada orientada a evadir los mecanismos formales de control estatal.

Para la oposición, Milei comprometió su investidura al promover $LIBRA desde su cuenta oficial verificada, fijando un tuit que habría impulsado el volumen de compras. Por otro lado, destacan que el Presidente nunca explicó cómo obtuvo el número de contrato del token, información que no era pública. Además, no activó ningún mecanismo de control previo ni consultó a organismos técnicos o jurídicos del Estado.

De hecho, el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos confirmó ante la Comisión que no hubo análisis previo del proyecto por parte del Gobierno y que la difusión presidencial se basó únicamente en que “al Presidente le pareció una buena idea”.

En base a la información provista por las billeteras virtuales a la Comisión, la operación de $LIBRA resultó en pérdidas generalizadas para los inversores: unas 114.410 billeteras en total sufrieron pérdidas. Hubo 498 billeteras que perdieron más de USD 100.000 cada una y 3.144 billeteras perdieron entre USD 10.000 y USD 100.000. Sin embargo, hubo 36 billeteras que obtuvieron ganancias superiores a USD 1 millón cada una.

Los diputados también analizaron el entramado de reuniones oficiales con los principales involucrados y determinaron que ingresaron 16 veces a Casa Rosada y Olivos entre octubre de 2024 y febrero de 2025; solo cuatro fueron declaradas en el Registro Público de Audiencias de Gestión de Intereses. Todas las autorizaciones pasaron por la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, hermana del mandatario. El informe sostiene que ambos utilizaron recursos del Estado para “facilitar un hecho que se investiga como presunta estafa internacional”.

El informe también cuestiona duramente la actitud del Poder Ejecutivo frente al escándalo. La Oficina Anticorrupción y la Unidad de Tareas creada para investigar el caso habrían actuado con “secretismo” y “marcada falta de transparencia”. Para la Comisión, esta conducta no solo paralizó la investigación interna, sino que podría constituir una violación a los deberes funcionales de sus responsables. A partir de esto, denunciarán penalmente al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona; el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia Florencia Zicavo; y el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva. En un hecho calificado como “inédito”, la Comisión remarca que ningún funcionario público se presentó a declarar, a diferencia de lo ocurrido en otros procesos parlamentarios similares.

La oposición buscará ahora avanzar con el juicio político pero difícilmente puede reunir el número de voluntades necesario. Tras las elecciones los libertarios y sus aliados salieron fortalecidos y posiblemente tendrán mayoría en la Comisión de Juicio Político. Además, tienen garantizado un tercio del recinto para bloquear el impeachment.