El escenario de los litigios entre provincias y el Estado nacional por deudas previsionales sumó nuevos capítulos, luego de que la Corte Suprema de la Nación convocara a audiencias de conciliación a La Pampa y Entre Ríos para abordar reclamos que, en conjunto, superan los $550.000 millones. De esta forma, el tribunal reforzó su postura de declararse competente en disputas que involucran a los estados federales y la Nación, extendiendo su intervención a una lista creciente de causas que trascienden el ámbito previsional.
La audiencia correspondiente a La Pampa fue fijada para el próximo miércoles 5, mientras que la de Entre Ríos tendrá lugar una semana después, el 12 de noviembre. En el caso pampeano, el gobierno encabezado por Sergio Ziliotto calcula que la deuda de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) asciende a $400.000 millones, cifra que la provincia reclama en virtud del Pacto Fiscal 1999 y la Ley 27.260.
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La administración provincial presentó una medida cautelar urgente, argumentando dificultades de financiamiento derivadas de recortes en los aportes nacionales desde la asunción de Javier Milei.
En el caso de Entre Ríos, el reclamo fue formalizado en abril de 2024 por el gobernador Rogelio Frigerio y el fiscal de Estado Julio César Rodríguez Signes. La provincia exige el pago de $154.606 millones, monto calculado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones como deuda acumulada.
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El fundamento de la demanda radica en compromisos asumidos en el Consenso Fiscal de 2017, que establecía partidas presupuestarias actualizadas, anticipos automáticos y un sistema simplificado de información sobre las cajas provinciales no transferidas. Según la provincia, el incumplimiento de estos compromisos generó un déficit en su sistema previsional.
Frigerio, quien se alió electoralmente con Javier Milei y obtuvo una victoria contundente en las elecciones provinciales, sostiene que la Nación no ha cumplido con las transferencias acordadas.
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La competencia originaria
El máximo tribunal, al aceptar estos planteos, reiteró su competencia originaria en litigios entre provincias y el Estado nacional. En el caso de La Pampa, el escrito de la Corte señala: “Toda vez que la Provincia de La Pampa —a quien le corresponde la competencia originaria de esta Corte, de conformidad con el artículo 117 de la Constitución Nacional—, demanda al Estado Nacional —con derecho al fuero federal, según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley Fundamental—, la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciando la acción en esta instancia originaria”.
La intervención de la Corte Suprema en estos conflictos no se limita a La Pampa y Entre Ríos. Otras provincias, como Santa Fe, también han presentado demandas por deudas previsionales. En el caso santafesino, la provincia reclama la reposición de anticipos mensuales automáticos de la Anses hacia la Caja de Jubilaciones, interrumpidos por decreto, y estima la deuda en $1,2 billones.
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La provincia solicitó una medida cautelar para restablecer los pagos y el gobernador Maximiliano Pullaro asistió en junio a la audiencia de conciliación en la Corte, acompañado por sus antecesores Antonio Bonfatti y Omar Perotti.
El reclamo bonaerense
La provincia de Buenos Aires anunció que presentará ante la Corte un reclamo por una deuda previsional que calcula en $1,6 billones, atribuyendo al Estado nacional la falta de transferencias de la Anses a la caja previsional provincial, así como la paralización de otros programas y obras. Además, otras jurisdicciones como Corrientes, Formosa, Misiones, Chaco, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego se encuentran en distintas etapas de formalización o negociación de reclamos previsionales, por montos millonarios.
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La tramitación de estos expedientes revela diferencias metodológicas en el cálculo de las deudas: mientras las provincias suelen presentar el saldo acumulado y reclaman la reanudación del flujo mensual, la Nación propone ofertas parciales o planes de pago. Algunas provincias, como Córdoba, aceptaron acuerdos en ciertos tramos, mientras que otras, como Santa Fe, los rechazaron.
Otros planteos provinciales
El alcance de los litigios no se restringe al ámbito previsional. Según un relevamiento de Infobae, la coparticipación federal de impuestos constituye otro eje de conflicto. Varias provincias han demandado por la reducción del impuesto a las ganancias dispuesta por el Decreto 473/2023, que consideran afecta la masa coparticipable y, en consecuencia, sus ingresos. En este sentido, Mendoza, Corrientes, Jujuy y Chaco, entre otras, han iniciado acciones judiciales. También existen causas vinculadas a presuntos incumplimientos de los consensos fiscales de 2017 y 2021, con reclamos de Corrientes, Santa Cruz y San Luis.
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Otras demandas específicas incluyen la falta de remisión de fondos, como en el caso de La Rioja, y el redireccionamiento de recursos originalmente destinados al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, con La Pampa como demandante. Entre los múltiples reclamos figuran la reducción de la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la afectación del IVA (San Luis), y la plena coparticipación de impuestos como el de los débitos y créditos bancarios, el adicional al cigarrillo y el interno sobre seguros, todos impulsados por San Luis.
La eliminación de fondos nacionales que financiaban prestaciones provinciales ha motivado nuevos litigios. Chubut, La Pampa, La Rioja, Buenos Aires y Santa Fe demandaron la supresión del Fondo Compensador del Transporte Público. Buenos Aires también reclama por la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal y la falta de financiamiento del Sistema de Boleto Integrado. Además, varias provincias han presentado demandas por la falta de transferencia de fondos del Fondo Nacional de Incentivo Docente, Conectividad y Material Didáctico.
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En materia ambiental, la disolución del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques generó reclamos de La Pampa, Santiago del Estero, La Rioja y Buenos Aires. Esta última también litiga por el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano.
En el ámbito de la explotación de recursos, Chubut reclama la disposición de la Central Hidroeléctrica Futaleufú tras la finalización del contrato de concesión. Entre Ríos exige montos adeudados por la explotación de la Central Hidroeléctrica de Salto Grande y daños y perjuicios por la intervención en el precio de lo producido por la represa. Mendoza, por su parte, demanda el pago de regalías pendientes del complejo hidroeléctrico El Nihuil.
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