El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, firmó un decreto que establece la desvinculación definitiva de la administración pública de Cecilia Torres Otarola, exministra de Familia y Desarrollo Social del exgobernador Mariano Arcioni, tras haber sido condenada por actos de corrupción en la causa conocida como “Ñoquis Calientes”.
La exfuncionaria recibió una pena de dos años y ocho meses de prisión, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El caso se centró en la contratación irregular de personal que cobraba haberes del Estado sin cumplir tareas en la administración provincial.
La expulsión de Torres Otarola fue oficializada por decreto y también lleva la firma del ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi. Ambos funcionarios fundaron la medida en las conclusiones de un sumario administrativo, en el cual se aplicaron disposiciones del Convenio Colectivo de Salud y la Ley I N.º 74 de Chubut. El texto oficial hace hincapié en que “todo funcionario público” debe contar con “idoneidad técnica y moral” para desempeñar sus funciones en el Estado.
El gobernador Torres fundamentó la decisión en el marco de una política orientada a la transparencia y la ética pública. “Como dijimos desde el primer día de gobierno, no vamos a permitir que ningún condenado por corrupción sea parte del Estado”, afirmó el mandatario provincial, en declaraciones difundidas por la prensa local. Agregó que se trata de un acto de justicia y “una deuda saldada con los principales perjudicados por su accionar: todos los chubutenses”.
“Esto va de la mano con la coherencia que impartimos del día uno. Si nosotros promovemos una ley que establece que tenés que tener Ficha Limpia para ser candidato y funcionario, más allá que sea de un cargo de planta permanente, decidimos avanzar con la exoneración porque no puede haber ningún corrupto en el Estado. Y hay una condena firme por corrupción de una exfuncionaria del Gobierno anterior”, indicó Torres al declarar ante la prensa.
“Me parece que es un acto de justicia para toda la ciudadanía, que ha sido estafada, sobre todo los contribuyentes. Esto quiere decir sacarlos del Estado. Nos sale muy caro a los chubutenses. Ellos, lejos de haberle dedicado algo a la función pública, se dedicaron a robar”, agregó.
En el expediente judicial quedó acreditado que Otarola, como ministra del antecesor de Torres, el entonces gobernador Mariano Arcioni, fue responsable de incorporar personal que no cumplía funciones en el Estado, pero sí percibía sueldos oficiales. La Justicia provincial consideró esta maniobra como una defraudación contra el erario público, afectando de modo grave la imagen tanto del sistema de salud como del Estado provincial en su conjunto.
La investigación había surgido de una denuncia realizada por el contador Martín Sandoval, quien aseguró que la ex titular del ministerioles había pedido parte de los sueldos tanto a él como a dos asesores que habían sido designados por ella, Erica Paludi y Alexis Gangas. Según el Ministerio Público Fiscal de Chubut, las pruebas presentadas habían sido suficientes para acreditar las exacciones ilegales que pesaron en contra de Torres Otarola.
La causa “Ñoquis Calientes” llevó a la imputación y condena de diversos funcionarios de la gestión anterior. El decreto firmado por Torres establece que las acciones probadas “han dañado seriamente la imagen institucional y la confianza de la ciudadanía en la administración pública”, justificando la expulsión definitiva de Torres Otarola de cualquier función dentro del sector público. Con este acto, la entonces funcionaria quedó fuera de la administración.
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