La UBA comenzó a implementar medidas de crisis para garantizar su funcionamiento hasta fin de año

La Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció la implementación de medidas excepcionales para sostener sus actividades hasta fin de año, en un contexto marcado por la decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley de financiamiento universitario y la fuerte reacción de la comunidad educativa. La universidad funcionará en “estado crítico”, tal como expresaron sus autoridades, y limitará servicios e iniciativas para evitar un colapso operativo.

La resolución fue comunicada tras la conferencia de prensa en la que el rector Ricardo Gelpi detalló el alcance del ajuste. Concretamente, la UBA restringió el uso de acondicionadores de aire y calefacción en todos sus edificios, salvo en hospitales universitarios y dependencias donde la conservación de equipos así lo requiera. Además, los ascensores solo estarán habilitados para personas con movilidad reducida, emergencias y asistencias imprescindibles.

En materia de servicios básicos, la institución estableció la suspensión del uso de gas en calderas, una medida que excluye también a los hospitales y circuitos tecnológicos críticos. Este recorte responde a la necesidad de “reducir el gasto operativo” en medio de un panorama financiero que calificaron como “insostenible”. Estas restricciones ya provocaron inquietud entre los estudiantes y el personal docente, dado el impacto directo sobre la vida académica cotidiana.

Los programas de investigación, ciencia y técnica, junto con las acciones de extensión universitaria, quedarán supeditados a la posibilidad concreta de contar con presupuesto. El Programa UBA en Acción, enfocado en atención comunitaria, solo se mantendrá mediante aportes de terceros o fondos privados externos. La universidad indicó que parte de estas medidas complementan ajustes que desarrolla desde hace varios años, incluidos la reducción de alquileres, la racionalización de consumo energético y la firma de convenios para optimizar recursos públicos.

La situación surge en medio de una escalada de tensión institucional y política. El veto del presidente Milei a la ley de financiamiento, votada previamente por el Congreso, desencadenó protestas en todo el país. La comunidad educativa, así como organizaciones sociales y sindicales, denunciaron el riesgo de paralización que enfrentan las universidades públicas argentinas como resultado del ajuste presupuestario. Durante las manifestaciones, miles de estudiantes, docentes y graduados marcharon en defensa de la educación pública.

La Cámara de Diputados convocó para los próximos días una sesión especial con el objetivo de discutir el veto e intentar revertir la medida presidencial. Legisladores de distintos bloques advirtieron que la continuidad normal de las actividades universitarias depende de la restitución de los fondos recortados y llamaron al diálogo entre los distintos poderes del Estado. La sesión, esperada con expectativa por representantes de la UBA y el resto de las casas de altos estudios, podría definir el futuro inmediato de la educación universitaria en el país.

La Universidad de Buenos Aires destacó que, pese a la crisis, mantiene en funcionamiento sus hospitales universitarios y garantizará la continuidad del servicio asistencial. El rector Gelpi remarcó que la prioridad es sostener la enseñanza y la atención en salud, aunque advirtió que la profundidad del ajuste “pondrá a prueba la capacidad de la UBA para seguir cumpliendo su misión”.

En la UBA estudian más de 350.000 estudiantes, y su red de hospitales realiza alrededor de dos millones de atenciones médicas anuales, datos que reflejan el tamaño del desafío operativo frente al escenario actual.

Cifras oficiales publicadas por la propia Universidad muestran que la institución afronta un aumento del 300% en los costos energéticos y de servicios, en tanto los fondos públicos transferidos se mantuvieron por debajo de la inflación acumulada en el período reciente. Autoridades universitarias advierten que las reservas presupuestarias solo alcanzarían para asegurar la prestación mínima de servicios hasta diciembre, plazo después del cual la continuidad normal estaría en peligro.

La UBA continuará con gestiones ante organismos del Estado y privados para obtener recursos adicionales e insistirá en reclamos formales ante los poderes Ejecutivo y Legislativo. Al cierre, fuentes institucionales subrayaron que la universidad mantendrá informada a la comunidad sobre la evolución de la situación, mientras el país sigue atento al desenlace de la pulseada política por el financiamiento universitario.