Luego de haber ordenado la intervención en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el ministro de Salud, Mario Lugones, visitó este lunes la Casa Rosada para explicarles a las autoridades del Gobierno cómo será el proceso de auditoría interna que se llevará adelante en el organismo, en medio de la causa por presuntas coimas.
El funcionario arribó poco antes de las 17:00 a Balcarce 50 y durante las dos horas que estuvo en el lugar mantuvo encuentros con el asesor presidencial, Santiago Caputo, y con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Tal como anticipó Infobae, a partir de la filtración de los audios de ahora ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en la que reconoce un supuesto esquema de corrupción, la gestión libertaria decidió impulsar la revisión de los contratos que esa entidad hizo en el último tiempo.
De acuerdo con lo que precisaron a este medio fuentes cercanas a Lugones, el trabajo tendrá su foco en las licitaciones que se hicieron a través del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a todas aquellos titulares de pensiones no contributivas.
“El objetivo es entrar en los detalles de ese plan, que es donde se realizaban las compras que están bajo sospecha”, precisó una persona al tanto de la auditoría.
El interventor de la agencia, Alejandro Vilches, firmó este mismo lunes la orden de iniciar la revisión de todos esos contratos, por lo que el proceso “comenzará mañana mismo”.
Además, se realizará un sumario administrativo dentro del organismo autárquico para “determinar el estado general de la situación relevada para así asegurar mecanismos transparentes en la gestión de las prestaciones a cargo de la ANDIS”.
Si bien depende del Ministerio que lidera Lugones, el organismo cuenta con independencia financiera, por lo que administra su propio presupuesto, contrata y gestiona a su personal y ejecuta programas dentro de su competencia.
Tras la difusión de los audios, fuentes oficiales indicaron que la licitación con la empresa Suizo Argentina, que fue mencionada por Spagnuolo como la que gestionaba las coimas, se realizó por un total de 78.267.474.282,95 de pesos.
Al respecto, aseguraron que “fue un proceso abierto y competitivo”, en el que la droguería compitió contra otras compañías, como Andreani, Correo Argentino y OCA.
En este contexto, Andreani quedó adjudicada para hacerse cargo del servicio de Almacenamiento y preparación para vacunas, “porque ofertó un 3% menos que el precio de referencia” y por debajo que el resto.
En tanto, Suizo Argentina ganó en distribución para vacunas; almacenamiento y preparación, y distribución de medicamentos, siempre de acuerdo con las versiones oficiales, porque presentó una propuesta de un 17% del precio de referencia e inferior que la de sus competidores.
El monto adjudicado para esta firma se factura y paga solo por servicio prestado, por lo que no implicaría necesariamente el desembolso total del importe y, de hecho, argumentan que “a casi cuatro meses del inicio del contrato (dura 24 meses), por el momento no se abonó nada”.
Además, el Gobierno destaca que solamente el 6% de lo que compra el Ministerio de Salud en medicamentos es a través de esta empresa, que tiene más de 100 años en el mercado y opera también en varias provincias.
Por otra parte, las autoridades nacionales sostienen que la SIGEN no intervino en el proceso para esta compra, porque este tipo de licitaciones se encuentran excluidas del Control de Precios Testigo, por lo que fue la propia cartera de Lugones la que determinó el valor de referencia.
No obstante, el Poder Ejecutivo espera que la auditoría sobre los contratos y licitaciones de la ANDIS echen algo de luz sobre los negocios con el Estado que tuvo la droguería, propiedad de la familia Kovalivker, en más de un año y medio de gestión de Spagnuolo.
Tras ser llamado a declarar en la Justicia en la causa que investiga estas presuntas coimas, este lunes se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py el empresario Jonathan Simón Kovalivker, uno de los propietarios de la firma.
El accionista era buscado desde el jueves tras ser llamado a indagatoria por pedido del fiscal Franco Picardi en el marco del caso que está en manos del juez Sebastián Casanello. Se presentó en los estrados junto a su abogado Martín Magram y entregó su celular para una eventual revisión pericial. Sin embargo, no entregó la clave de su dispositivo.
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