Crearon un nuevo régimen que le permite al Estado disponer de los elementos secuestrados en operativos contra el crimen organizado

Como parte de la lucha contra el crimen organizado, el Gobierno nacional anunció la creación de un sistema que buscará fortalecer al Estado por medio de la incautación y posterior utilización de los bienes recuperados en causas federales. Asimismo, plantearon que la medida impactaría en el desbaratamiento de las redes delictivas al despojarlos de elementos de valor.

Se trata del denominado “Régimen de conservación, administración y disposición de los bienes provenientes de actividad ilícita cautelados y recuperados en los procesos penales de competencia nacional y federal y de extinción de dominio”, que entró en vigencia esta madrugada. El mismo fue aprobado en el Boletín Oficial a través de la publicación del Decreto N° 575/2025.

De acuerdo con las autoridades, la actualización de la normativa era necesaria para disminuir el poder del crimen organizado. Por este motivo, consideraron que “el desarrollo de una gestión eficiente y transparente de reintegro a la sociedad de recursos mal habidos conlleva numerosos beneficios”, como la obtención de mayores recursos para reparar a las víctimas.

En línea con esto, se dispuso la creación del Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional, un órgano colegiado que dependerá del Ministerio de Justicia y que estará encargado de supervisar, evaluar y tomar decisiones para coordinar el manejo interinstitucional de los bienes recuperados. También monitoreará el destino de los mismos y garantizará el proceso legal.

De esta manera, esta tarea dejará de depender de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para quedar en manos de funcionarios de la cartera de Justicia. Asimismo, explicaron que la necesidad de contar con un organismo exclusivo para tratar los decomisos en causas federales se relacionaba con la complejidad, magnitud y expansión que tuvo el crimen organizado en el país.

“Configuran una situación de excepcionalidad que no admite demora en la adopción de medidas urgentes por parte del Estado Nacional”, remarcaron las autoridades en el considerando de la normativa. Y señalaron que también buscarían solucionar las falencias en estructura edilicia y tecnológica del sistema de Justicia Federal.

Este rediseño delimita de manera más precisa las competencias y evita la superposición de funciones en el tratamiento de bienes recuperados de delitos como corrupción, lavado de activos, tráfico de estupefacientes y trata de personas.

De esta forma, se realizó una modificación sobre el origen de los recursos operativos, de los cuales podrá disponer la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Pues solo podrán utilizar las partidas presupuestarias otorgadas por medio del Presupuesto o leyes especiales; donaciones, aportes no reembolsables y legados que acepte; e intereses y beneficios de la gestión de sus propios fondos.

En la lista también se incluirán el porcentaje correspondiente por enajenación, los aranceles que determine el organismo -los cuales no podrán superar el 5% del valor total-, y todo ingreso no previsto por parte de la gestión de la agencia.

Por otro lado, el régimen aprobado también alcanzó a la estructura de financiamiento institucional y desarrollo de actividades de la Unidad de Información Financiera (UIF). Así, el organismo podrá financiarse a través de los ingresos determinados en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional que serán otorgados al Ministerio de Justicia.

A su vez, podrá recibir recursos enviados de organismos públicos, privados, nacionales e intencionales, y tendrá ingresos provenientes tanto de multas como de la administración y disposición de bienes incautados y recuperados que ingresen al Estado Nacional, de acuerdo con la escala de distribución definida en el nuevo régimen.

Por último, la normativa dispuso que, en el caso de que se tratara de bienes ligados a delitos como la trata y explotación de personas y/o el lavado de activos, se asignarán los fondos directos a programas de asistencia para víctimas o a la lucha contra el narcotráfico.