La jueza Arroyo Salgado habló sobre el ataque a la casa de Espert, defendió las detenciones y criticó a Patricia Bullrich

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado criminal de San Isidro, se refirió esta mañana al procesamiento de Alesia Abaigar y Eva Mieri por el ataque a la casa del diputado nacional José Luis Espert y defendió las medidas que dispuso, por las cuáles las dirigentes kirchneristas estuvieron privadas de su libertad y continúan procesadas. “Yo a las amenazas no las relativizo, las investigo”, afirmó.

En comunicación con Urbana Play, Arroyo Salgado enumeró los delitos en los cuales incurrieron las procesadas al vandalizar la residencia del dirigente libertario y argumentó: “Nos encontramos frente a una organización transitoria que si llegara a ser una asociación ilícita, actuó de un modo que demuestra que tiene por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”.

En el marco de la investigación brindó precisiones sobre el avance de la causa y la metodología con la que aborda los hechos de amenazas e intimidación. Según Arroyo Salgado, el episodio constituye un acto que excede el mero daño a la propiedad privada y se enmarca en una modalidad que incita al hostigamiento por razones políticas.

La magistrada subrayó que la colocación de un pasacalle con la inscripción “Acá vive la mierda de Espert” en la residencia particular del diputado nacional configura “un modo de alentar o incitar a la persecución o al odio de esta persona a causa de sus ideas políticas”.

La magistrada remarcó que ante hechos de estas características no corresponde subestimar las amenazas, sino investigarlas de manera exhaustiva, tal como lo ha sostenido a lo largo de su carrera judicial. “En nuestra legislación, las amenazas son un delito y no hay que esperar a que se concreten para avanzar en la investigación”, explicó.

Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Federal de San Isidro, con jurisdicción en los municipios de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre, enfatizó que su intervención en este y otros casos no obedece a valoraciones políticas, sino al cumplimiento del deber judicial y remarcó el territorio sobre el que tiene facultades para intervenir.

Lo hizo al ser consultada sobre otros episodios en los que se manifestaron actitudes amenazantes pero que involucraron a dirigentes cercanos al gobierno nacional.

“Soy juez federal con competencia territorial en Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre, cuando estoy de turno y me toca intervenir, aplico la ley. Resuelvo los hechos que a mí me tocan investigar con la ley, las constancias y pruebas del expediente”, argumentó. Luego añadió: “He tenido investigaciones de amenazas contra Estaban Bullrich, Eugenio Burzacco y su familia, y actué del mismo modo”.

También criticó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich haya celebrado las detenciones desde su cuenta de X. “Ese tuit perjudicó el avance de la investigación porque al dar publicidad nos impidió avanzar sobre todos los responsables que ya estaban alertados de que había una persona detenida”, comentó, en este caso, durante una entrevista en Radio Con Vos.

En relación con el hecho que involucra a las dirigentes kirchneristas, Arroyo Salgado dispuso detenciones y allanamientos en el marco de la pesquisa, señalando que la gravedad de los hechos, la modalidad utilizada —“encapuchados, por la noche, con guantes y patentes tapadas”— indicaba una intención deliberada de eludir a la justicia.

“Acceder a la vivienda en la tranquilidad de un barrio, encapuchados y alterando las patentes de los autos, primero demuestra la conciencia de que se está cometiendo un delito. Si no, no hace falta ir encapuchado, procurando guantes para no dejar huellas, ni tapar los dominios para evitar la identificación”, indicó la jueza. A su vez, remarcó la importancia de la acción judicial para garantizar el sometimiento de los imputados al proceso y minimizar los riesgos de fuga o entorpecimiento.

La jueza relató que, en línea con su habitual criterio de actuación, las personas detenidas en la causa recuperaron la libertad en los lapsos legales y tras la verificación de su implicancia.

“Detrás de arrojar materia fecal o dejar mensajes intimidatorios, el objetivo de este tipo de acciones es silenciar. La historia de la humanidad muestra que no es nada novedoso”, concluyó.