La comisión bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior se reunirá este martes, desde las 15, para analizar los recientes decretos que reorganizan a las fuerzas federales a través de las normativas 483, 455, 456 y 457 del corriente año, que implican modificaciones en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y el Servicio Penitenciario.
El cuerpo legislativo en cuestión está presidido por el senador del Pro Martín Goerling (Misiones), actual vicejefe del macrismo en la Cámara alta. Tras reclamos desde el kirchnerismo y otros sectores de la oposición es que asistirán a la reunión informativa responsables técnicos de la redacción de los decretos para explicar el alcance de los mismos.
La reunión no pasará desapercibida ya que se trata nada menos de cuestiones relacionadas con la ministra de Seguridad y flamante referente de confianza libertaria, Patricia Bullrich, quien mantuvo días atrás un furioso intercambio en redes con la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, por la sesión del jueves último en el Senado y las duras derrotas para la Casa Rosada.
“Tomamos una decisión que nadie se animó a tomar en 50 años: ordenar, definir y conducir con firmeza a nuestras fuerzas. La PSA cuida los aeropuertos. Gendarmería protege nuestras fronteras. Prefectura controla ríos y mares. El SPF, en las cárceles”, señaló Bullrich cuando se publicaron los decretos en el Boletín Oficial.
Según el Ministerio de Seguridad, para la PSA se “habilita su intervención en seguridad del transporte”, se incluirá a cadetes al escalafón y se restringirá el “uso de servicios de terceros con fines remunerados”, entre otras cuestiones. En tanto, para la Gendarmería se “establece su plena independencia de las Fuerzas Armadas y su pertenencia” a la cartera de Bullrich y se “formaliza su participación en misiones internacionales”.
La misma independencia correrá para la Prefectura, a la que además se “habilita” para participar “en misiones internacionales” y se fijan “principios claros de actuación en materia regulatoria, en línea con la Ley de Bases y el REGINAVE”. En tanto, para el Servicio Penitenciario se impulsa una jerarquización del escalafón profesional, la creación de una escuela de suboficiales, y la inclusión de jerarquías de cadetes y aspirantes.
El convite tiene un punto más que interesante en segundo lugar: la exposición del suboficial Mayor (retirado) de la Policía de Misiones Ramón Oscar Amarilla, preso por haberse manifestado contra el gobierno de dicho distrito -que maneja en las sombras el inoxidable e intocable Carlos Rovira- y reciente legislador provincial electo, cuestión que derivó en su inminente liberación luego de estar más de ocho meses en un expediente por tentativa de sedición.
La situación actual de Amarilla no solucionó aún el escándalo en Misiones, ya que otros aún permanecen detenidos. Más curioso fue que su caso sirvió de condimento mientras se trataba la frustrada discusión de la ley de Ficha Limpia en el Senado.
El proyecto, que estuvo a punto de ser sancionado en la Cámara alta, se cayó tras el voto en contra de los renovadores misioneros Carlos Arce y Silvia Rojas Decut, quienes no mueven un dedo sin la orden final de Rovira. Tras semanas de declaraciones a favor de la iniciativa, se dieron vuelta a último segundo.
Los dos senadores no forman parte de la bicameral, aunque suelen mostrarse juntos en muchas comisiones. Será interesante, si es que deciden asistir, su explicación sobre cómo actuó el Gobierno ante el caso Amarilla. Durante el último período estival, Arce tuvo su polémica por haber contratado a una modelo y, ante las consultas de Infobae -que respondió tarde y a través de un asesor-, la dio de baja a las dos semanas.
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