
Bloques de la oposición dura y dialoguista convocaron para este miércoles a las 12 a una sesión especial en la Cámara de Diputados con un temario que puso en alerta al Gobierno por su alto impacto fiscal. De hecho, voceros oficiales y extraoficiales del oficialismo ya adelantaron que serán vetados por el presidente Javier Milei todos los proyectos que pongan en riesgo el superávit fiscal.
Entre los proyectos que se pondrán en debate se destacan la restitución por dos años de la moratoria previsional que impulsan el peronismo y la izquierda. Este mecanismo, que el Gobierno no prorrogó en marzo, permitía que las personas sin los 30 años de aportes pudieran comprar lo que les faltaba para acceder a la jubilación mínima. También se debatirán diferentes propuestas para crear una Prestación Proporcional que reconozca los años aportados aunque no se alcance el mínimo de 30. Hay dictámenes de Encuentro Federal, la UCR, la Coalición Cívica y hasta un sector minoritario del PRO.
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Si bien es poco probable que la extensión de la moratoria logre la media sanción, ante la consulta de Infobae, desde Unión por la Patria no descartaron apoyar el proyecto de Encuentro Federal de Prestación Proporcional (fue redactado con ayuda del ex titular de Anses Diego Bossio) si se aceptaban cambios en el mínimo para hacer el cómputo de los haberes. “Entre que no salga nada y que salga esto, preferimos esto”, dijo un diputado peronista que integra la comisión de Presupuesto.
Por otro lado, existe un consenso lo suficientemente amplio (UxP, Encuentro Federal, DpS, CC y FIT) para otorgar un aumento del 7,2% en las jubilaciones y un aumento en el bono, que quedó congelado en $70 mil pesos desde marzo del año pasado. La principal diferencia gira en torno al monto del aumento, mientras el peronismo propone llevar el bono a $115 mil (luego actualizado por IPC), la propuesta de Encuentro Federal lo deja en $105 mil.
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La oposición ya intentó hace dos semanas llevar estos proyectos al recinto, pero la sesión se cayó por falta de quórum. Los diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, FIT y Democracia para Siempre reconocieron que el principal problema fue el temario, ya que incluyó iniciativas demasiado diversas y que no reunían consenso interno. Por eso, en esta oportunidad dejaron afuera la designación de las autoridades de la AGN. Tanto dialoguistas como opositores duros consideran que así podrán sentar a los cuatro diputados que faltaban para llegar a los 129.

Las designaciones en la AGN se habían sumado a último momento al temario tras un acuerdo entre Unión por la Patria y Encuentro Federal. La idea era proponer para los tres lugares vacantes en representación de Diputados al camporista Juan Forlón y a Emilio Monzó. De esta forma quedaría un lugar que se disputarían LLA (Santiago Viola), el PRO (Jorge Triaca) y la UCR (Mario Negri).
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Pero este acuerdo no satisfizo a todos los integrantes de UxP y Encuentro Federal. De hecho, los tres diputados que responden al gobernador de Córdoba Martín Llaryora e integran el bloque de Miguel Pichetto pegaron el faltazo y entre sus argumentos dejaron en claro que estaban molestos por haberse quedado afuera de las negociaciones. En las filas peronistas también aseguran que los tres diputados santiagueños Celia Campitelli, Ricardo Daives y Bernardo José Herrera, que responden al gobernador Gerardo Zamora, esta vez estarán presentes. El miércoles llegaron tarde por una demora en el vuelo que algunos interpretaron como un gesto intencional de disconformidad.
También cuentan a Mario Barletta. El radical disidente tiene su propio monobloque y suele contribuir al quórum en las convocatorias de la oposición, pero esta vez se ausentó para no perjudicar a su correligionario Mario Negri, quien se convirtió en el candidato con más chances de quedarse sin un lugar en la AGN.
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Según calculó la Oficina de Presupuesto del Congreso, la prórroga por dos años de la moratoria -el mecanismo que permite comprar los años de aporte faltantes- tiene un costo estimado del 0,084% del PBI para el primer año y del 0,081% para el segundo, totalizando un costo fiscal acumulado de 0,165% del PBI.

A su vez, si el valor del bono que refuerza los haberes mínimos subiera de $70.000 por mes a $105.000 a partir de junio, el costo fiscal sería de $1.164.172 millones (0,14% del PIB), con un costo anualizado de $1.992.853 millones (0,23% del PIB). En caso de que el beneficio subiera a $115.000 el impacto llegaría a $1.500.961 millones (0,17% del PIB), con un costo anualizado de $2.567.477 millones (0,30% del PIB).
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Para el equipo del Palacio de Hacienda, que realizó sus propios cálculos y se los comunicó al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la suba del 7,2% en todas las escalas de jubilaciones y el aumento del bono tendría un costo de 1,3% del PBI.
El segundo punto destacado de la agenda será la declaración de emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, que implica -según el dictamen de mayoría- una recomposición de los aranceles de las prestaciones y el establecimiento de una indexación para que la liquidación acompañe la inflación. También se modifican las condiciones para acceder al beneficio y se actualizan los nomencladores y el presupuesto de las pensiones no contributivas.
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Su impacto fiscal sería de alrededor de $4 billones, nuevamente según la Oficina de Presupuesto del Congreso. El impacto fiscal será alto porque se podría incrementar el número de beneficiarios por nuevas altas de 493.000 a 946.000 personas. En total, entre 0,22% y 0,42% del PBI. En tanto, la compensación de emergencia a prestadores tendría un costo fiscal cercano a los $ 278.323 millones. Mientras que la asignación para talleres de producción representaría unos $7.160 millones.
Por otro lado, la oposición en Diputados avanzó ayer, en comisión, con el dictamen de seis proyectos destinados a declarar la emergencia en pediatría y garantizar el sostenimiento financiero del Hospital Garrahan ante el conflicto que atraviesa el centro médico.
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Legisladores de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia, la Coalición Cívica e Izquierda rubricaron los dos proyectos de ley y los cuatro de resolución vinculados al hospital. Entre otros puntos se establece “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.
También, la recomposición inmediata de los salarios del personal; la exención a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de Ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias; y la adquisición directa de insumos y medicamentos críticos para hospitales pediátricos.
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Dado que tiene implicancias presupuestarias, estos proyectos deberán pasar por la comisión que preside José Luis Espert, por lo que el titular de la comisión de Salud adelantó que en la sesión de hoy pedirán votar un emplazamiento para que Presupuesto tenga que abordar los proyectos y las resoluciones en las próximas semanas.
La sesión también incluirá en el temario la declaración de zona de emergencia y en situación de catástrofe por 180 días a la Provincia de Buenos Aires “especialmente a los municipios de Zárate, Campana, Arrecifes, Salto, San Antonio de Areco” y a aquellas zonas afectadas “gravemente” por las inundaciones registradas entre el 16, 17 y 18 de mayo.
A su vez, la oposición intentará incluir, en forma de moción de orden (no es un proyecto de ley) la elección del presidente de la comisión investigadora del caso $LIBRA que quedó empatada y paralizada ya que opositores y oficialistas quedaron con 14 miembros cada uno.
Para los libertarios, este tema debe resolverse en el ámbito de la propia comisión, por lo que el pedido de moción traerá seguramente aparejado una larga discusión reglamentaria.
Según pudo saber Infobae, en las jornadas previas desde el Gobierno volvieron a comunicarse con los gobernadores aliados para tratar de vaciar nuevamente el recinto. Esta vez las miradas estarán puestas en los diputados de Córdoba que responden a Martín Llaryora, los peronistas que responden al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y los chubutenses que podrían ausentarse por indicación de Ignacio Torres.
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