El Ministerio de Trabajo decretó este miércoles la conciliación obligatoria en el conflicto que involucra al Hospital Garrahan. La resolución establece un periodo de quince días durante el cual las partes deben abstenerse de realizar medidas de fuerza.
La medida afecta tanto a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) como al Sindicato Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital de Pediatría Garrahan, quienes deben garantizar la prestación de servicios normales en el hospital. La decisión del Gobierno busca asegurar la provisión ininterrumpida de cuidados médicos en la institución pediátrica, según informó el Ministerio.
Mara Agata Mentoro, directora de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, afirmó que esta intervención es parte de un procedimiento legal regulado por la Ley N° 14.786, diseñado para abordar conflictos colectivos de trabajo. Durante este periodo, ambas partes están convocadas a participar de un diálogo que permita resolver las diferencias sin alteraciones en el servicio.
En un comunicado, el sindicato manifestó su disposición a dialogar, resaltando preocupaciones relacionadas con condiciones laborales y salariales.
Ayer hubo una asamblea donde los trabajadores del centro pediátrico habían resuelto un paro total del personal para el próximo jueves 29 de mayo, en el marco de un conflicto por el atraso de los salarios.
La medida, que fue votada de forma unánime por médicos residentes y profesionales de la salud de planta de todas las áreas, se sumó a la huelga por tiempo indeterminado. Además, se contemplaba una movilización hacia el Ministerio de Salud a partir de las 13.
“Llegamos a una situación límite de vaciamiento y asfixia salarial”, afirmó Alejandro Lipcovich, trabajador del hospital y secretario general de la Junta Interna de ATE, al comunicar la decisión. En declaraciones públicas, explicó que la adhesión del personal de planta no responde solo a un gesto de acompañamiento, sino a que comparten las mismas condiciones laborales. A modo de ejemplo, detalló que “un enfermero con 10 años de antigüedad no llega a los 900 mil pesos”.
Según lo expresado por Lipcovich, la situación se refleja en un proceso de éxodo de profesionales, incluso entre quienes poseen alta especialización, lo que —según su visión— impacta directamente en la capacidad operativa del centro de salud. “Las víctimas son cientos de miles de niños y niñas que acuden al Garrahan cada año”, sostuvo, y apuntó contra las autoridades del hospital designadas por el gobierno, al señalar que “Lugones y los funcionarios que nombró en el Garrahan están decididos a vaciar el hospital a cualquier costo”.
Desde la Farmacia del hospital, otro de los referentes sindicales, Gerardo Oroz, quien además es secretario adjunto de la junta interna, manifestó que el conflicto trasciende el ámbito del Garrahan. “Estamos en una lucha de fondo. Milei y Lugones no disimulan su propósito de liquidar la salud pública. Por eso, la pelea debe hacerse extensiva al resto del personal de salud y a la población trabajadora en general”, declaró. Y llamó a la comunidad a sumarse a las protestas previstas.
Desde la conducción del hospital recordaron que los residentes están inscriptos en un sistema de formación de posgrado que establece un régimen de asistencia mínima del 75% y la obligatoriedad de cumplir con las guardias asignadas, lo que constituye condición para el cobro del estipendio completo. En ese sentido, subrayaron que los residentes “forman parte de un equipo de trabajo y asumen responsabilidades progresivas en el cuidado del paciente”, lo que hace que su ausencia tenga un impacto directo en el funcionamiento del hospital.
En cuanto a la situación presupuestaria, el hospital informó que el 80% de su financiamiento proviene del Estado Nacional y el 20% restante de la Ciudad de Buenos Aires. Las autoridades aseguraron que ambas jurisdicciones vienen cumpliendo con sus compromisos, lo que ha permitido mantener con normalidad los procesos de compras, contrataciones y pagos a proveedores.
También señalaron que en lo que va del año se produjeron 24 renuncias de profesionales, y precisaron que en 2024 fueron 56, en 2023 fueron 46 y en 2022 un total de 51. En ese marco, indicaron que no se han reducido beneficios al personal ni suspendido horas extraordinarias, como tampoco se registraron despidos. A su vez, recordaron que, en cumplimiento del decreto 1148/24, el hospital está autorizado a cubrir vacantes por jubilaciones o renuncias, con el objetivo de garantizar la atención.
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