Senado: reaparece la disputa por el presupuesto universitario

La discusión para reforzar y blindar el presupuesto universitario dejó, en 2024, una ley sancionada por la oposición que luego fue vetada por Javier Milei, y que ni siquiera pudo ser salvada con la insistencia legislativa gracias a un puñado de diputados radicales con témpera libertaria, entre otros. Tras meses de siesta, la comisión de Educación del Senado se constituirá mañana, con la casi segura reelección del kirchnerista Eduardo de Pedro (Frente de Todos-Buenos Aires) en la presidencia, y buscará empujar de nuevo y en forma exprés el tema.

El debate en cuestión se asomará en una semana post elecciones porteñas que, por ahora, cuenta con algunas reuniones de comisiones para constituirse o avanzar con una agenda que no reviste mayores discordias. En paralelo, la lupa estará depositada en Diputados y en si se fuerza un emplazamiento para analizar lo mismo allí, donde no se pudo insistir post veto de Milei.

Durante el año pasado, como el kirchnerismo estaba disconforme con la repartija de integrantes en las comisiones, evitó conformar varias durante meses. Por caso, la de Educación comenzó a trabajar recién a fines de agosto último, con la titularidad de De Pedro. Como Diputados había acelerado el blindaje presupuestario para universidades, el principal bloque opositor aprovechó la ocasión y apuró un dictamen que llegó en septiembre al recinto del Senado y fue sancionado por dos tercios de los integrantes de la Cámara alta.

Durante la votación en general, la iniciativa obtuvo 57 adhesiones, 10 rechazos y una abstención. Dicho texto fue avalado por tres legisladores del PRO: Guadalupe Tagliaferri -siempre estuvo a favor y el domingo fue electa legisladora porteña, junto al ex jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta-; el entonces jefe de la bancada y amigote de Milei, Luis Juez, y la tucumana Beatriz Ávila -hoy titular de la jugosa comisión bicameral que controla la Biblioteca del Congreso-, mientras que se abstuvo la pampeana Victoria Huala. Otros tres lo hicieron en contra: Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), Martín Goerling (Misiones) y Alfredo De Ángeli (Entre Ríos), hoy presidente del bloque macrista, que ayer tuvo una catastrófica elección local en la Ciudad de Buenos Aires.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la ley vetada por el Ejecutivo establecía una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto, y estimaba para “el ejercicio vigente -2024- un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.

Por otra parte, el texto imponía actualizar los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las casas de estudio -al inicio del ejercicio 2024- por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023 y, luego, de manera bimestral, ajustar vía inflación previo descuento de los aumentos ya otorgados en lo que va del año. De hecho, el proyecto especificaba que, si una paritaria mejoraba la normativa a sancionarse, la misma prevalecería sobre cualquier otra cosa.

Lo que se dijo en el recinto

“¿Qué hicieron cuando eran gobierno y no se les subió un peso a todas las instituciones?”, preguntó el libertario Bruno Olivera, que habló de revisiones que detectaron fondos que “no se canalizaron de manera eficiente”. El sanjuanino enfatizó que, al iniciarse la gestión Milei, se giraron de inmediato $14.000 millones que “se debían” -con 60 días de retraso- del último gobierno kirchnerista. “Un país que apuesta al desorden está destinado al fracaso. Tenemos una meta bien clara de equilibrio fiscal y no se negocia”, concluyó.

En tanto, el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) señaló: “De un lado tenemos, entonces, a la comunidad educativa pendiente de la sanción y la aplicación efectiva de esta ley, que actualiza por inflación los gastos de funcionamiento de las universidades, y los salarios de docentes y no docentes, que perdieron 45% de poder adquisitivo desde diciembre, e incluso están 15% debajo del resto de los trabajadores estatales”.

Seguido a ello, aseveró que “del otro, un Presidente que ya decidió que vetará la ley”. Y precisó: “¿Se entiende la magnitud de semejante contraste? Una sociedad que pide recursos para la educación; un gobierno que se los niega. Por eso, el papel del Congreso es fundamental. Por eso no da lo mismo cómo nos posicionamos ante este tema. Más que nunca, tenemos representar fielmente a quienes, con su voto, nos dieron la responsabilidad de ocupar estas bancas”.

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