En la Justicia creen que es inminente la renuncia de Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema

Tras el amplio rechazo del Senado a su postulación, Manuel José García-Mansilla presentará su renuncia en las próximas horas como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cargo al que accedió gracias a un decreto del presidente Javier Milei. Al menos eso es lo que esperan en la Justicia luego de un fin de semana durante el cual el catedrático habría terminado de tomar la decisión personal de irse.

Por cuestiones técnicas, la renuncia debe ser presentada ante el gobierno nacional -que presiona para que continúe en el cargo- y no ante la propia Corte, según explicaron fuentes judiciales consultadas por Infobae. Hasta las 9:20 del lunes, el magistrado no había ingresado a su oficina en el Palacio de Justicia ubicado en la calle Talcahuano.

A la par, el Poder Ejecutivo presentó un recurso per saltum al máximo tribunal para que anule la medida cautelar dictada por el juez federal Alejo Ramos Padilla para que García-Mansilla se abstenga de firmar nuevos fallos.

García-Mansilla lleva apenas 39 días en el puesto. El Presidente lo nombró en “comisión” el 25 de febrero pasado -con vigencia hasta el 30 de noviembre, fecha del final del año legislativo- y, dos días más tarde, en una discreta ceremonia, juró como ministro.

La decisión de abandonar pareciera inevitable después del último jueves, cuando la Cámara alta no aceptó su pliego por una amplia mayoría: el juez impulsado por Milei cosechó 51 votos en contra y apenas 20 a favor.

Cuando se instrumente la decisión, la Corte volverá a funcionar con tres integrantes: su presidente Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ya que el Senado también rechazó la postulación de Ariel Lijo, quien nunca llegó a asumir dado que el propio máximo tribunal no aceptó que pidiera licencia en Comodoro Py para asumir como ministro.

García-Mansilla, un académico de 53 años de perfil conservador, juró como juez el 27 de febrero pasado, gracias a un decreto presidencial publicado durante el receso legislativo. Sin embargo, su nombramiento fue rápidamente cuestionado por sectores políticos y jurídicos, que argumentaron que violaba los requisitos constitucionales al no contar con la aprobación de dos tercios del Senado, como exige el artículo 99 de la Constitución Nacional.

Tras el rechazo de la Cámara alta, entonces, crecieron las presiones de académicos, senadores y organizaciones civiles, quienes exigen su apartamiento. Poco después de la votación, Ramos Padilla ordenó a García-Mansilla que se abstenga de intervenir en causas judiciales mientras mantuviera su cargo como juez designado por el Poder Ejecutivo en comisión. Según confirmaron a Infobae fuentes judiciales, desde que asumió, García-Mansilla firmó 215 fallos.

La medida de Ramos Padilla, de cumplimiento obligatorio, fue adoptada tras una presentación realizada por el abogado Jorge Rizzo y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Ambos habían impugnado la designación de García-Mansilla en el Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal N°2, por entender que vulneraba la independencia judicial, un argumento que también usaron varios senadores en sus argumentaciones del jueves.

Ramos Padilla entendió que el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional impide que un juez designado en comisión tenga funciones jurisdiccionales mientras no haya recibido apoyo del Senado. “La falta de acuerdo del Senado de la Nación no puede ser soslayada ni sustituida por una decisión del Poder Ejecutivo Nacional”, sentenció el juez federal platense, quien recordó que esa es una “condición esencial para la validez del nombramiento”.

“Estamos defendiendo si vamos a tener una Justicia independiente o una Justicia adicta a tiro de decreto”, había dicho Martín Lousteau, presidente del bloque de la UCR. “Esto es un asalto institucional del Poder Ejecutivo a los otros dos poderes del Estado”, comentó Anabel Fernández Sagasti, senadora mendocina de Unión por la Patria.

La decisión de Ramos Padilla fue, sin embargo, desestimada por el Gobierno, que presentó ayer sábado ante la Corte vía per saltum un recurso para que el juez siga firmando sentencias.

En público, el jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, dijo el mismo sábado que no había ningún artículo de la Constitución que hiciera referencia a que García-Mansilla debía renunciar en estas condiciones.

“La Corte le tomó juramento”, ironizó Francos en una entrevista radial, luego de que Lorenzetti admitiera, también a la prensa, que él no hubiera aceptado asumir por decreto como sí lo hizo su colega.

En el expediente de Ramos Padilla, García-Mansilla presentó un escrito para defender su nombramiento: “Desde el 27 de febrero de 2025 estoy ejerciendo en la Corte de Justicia de la Nación la función judicial prevista en la Constitución” y agregó que su salida antes de noviembre sólo podría realizarse mediante juicio político.

Pero el propio García-Mansilla había dicho en agosto del año pasado que no aceptaría el cargo si fuera nombrado por decreto. Fue cuando se presentó ante la Comisión de Acuerdos del Senado con el fin de defender su pliego.

En esa audiencia, Fernández Sagasti le preguntó si hubiera aceptado ser designado en comisión por Javier Milei como ministro. La consulta de la senadora tomaba como base el DNU 83/2015, a través del cual el entonces presidente Mauricio Macri designó como en la Corte a Rosenkrantz y Rosatti.

“Visto el impacto que tuvo el decreto 83 del 2015 en la opinión pública, yo no hubiera aceptado una nominación en comisión, porque más allá de que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que, con buenas razones, resiste ese tipo de decisiones que son discrecionales del presidente. Con lo cual, independientemente de que en su momento, apenas salió el decreto, publiqué un artículo simplemente para hacer un aporte al debate, visto el impacto que tuvo, yo no hubiera aceptado esa nominación”, respondió el juez, nacido en Bariloche.

“Y déjeme que le diga por qué. Hay ciertas atribuciones que tienen los poderes constitucionales que, al momento de ser ejercidas, a pesar de que son constitucionales, pueden afectar a una institución. Le doy un ejemplo: la ampliación de los jueces de la Corte Suprema. Depende el contexto en el que se haga, si bien es una facultad estrictamente constitucional, el Congreso tiene la facultad de determinar la cantidad de jueces que integran la Corte Suprema y depende del contexto en que esa decisión se tome, puede afectar al tribunal”, agregó en aquel momento García-Mansilla.