El Gobierno volvió este lunes a intentar instalar su agenda y continuar con la “batalla cultural” en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, nombre al que las autoridades nacionales le agregaron la palabra “completa”, para resaltar la posición que defienden de recordar también los crímenes cometidos en la Argentina por las organizaciones guerrilleras durante finales de la década de 1960 y mediados de la de 1970.
Esta postura no solamente se difundió por los canales oficiales, a través de un video que lo tiene como protagonista al filósofo y escritor Agustín Laje, sino también mediante la decisión de desclasificar los archivos vinculados al accionar de las Fuerzas Armadas en la última dictadura militar.
“Durante décadas, los archivos en manos de la SIDE permanecieron en las sombras y solo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta. A pesar de eslóganes vacíos sobre su compromiso con la verdad, la memoria y la justicia, estos documentos fueron utilizados como un botín de guerra, vaya a saber uno con qué motivo”, señaló el vocero presidencial, Manuel Adorni, en un mensaje grabado que se publicó este 24 de marzo.
De acuerdo con lo que explicaron a Infobae fuentes autorizadas, el objetivo es que toda esa información pase a estar disponible en el Archivo General de la Nación, que depende del vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán.
Las áreas pertinentes tenían previsto comenzar este mismo martes con el proceso de recopilación de todos los datos, aunque aclaran que será un trabajo complejo y que demandará tiempo, por lo que los registros no van a estar inmediatamente abiertos al público.
“Hay un montón de cosas para evaluar, como la cantidad de documentación existente, el estado de la misma, no es algo simple. Ya se anunció, a partir de ahora se comienza a trabajar”, explicaron desde el entorno de Catalán.
Por otra parte, ante la masiva movilización que llegó, una vez más, hasta la Plaza de Mayo, esta vez para conmemorar otro aniversario del último golpe de Estado, el Gobierno acusó a la oposición de utilizar esta fecha con fines políticos.
“Es una marcha kirchnerista y de sus franquicias de la izquierda, que se apropiaron del feriado y de un día que, en realidad, les pertenece a todos los argentinos”, sostuvo al respecto un funcionario.
De la jornada participaron, además de miles de personas sin identificación partidaria, varias organizaciones sociales y de derechos humanos, la CGT y agrupaciones como La Cámpora.
La movilización se dio, además, menos de una semana después de la última protesta frente al Congreso en apoyo a los jubilados, de la que también participaron todos estos sectores mencionados.
Consultado sobre si preocupa en la Casa Rosada la frecuencia de este tipo de marchas, que se incrementaron en el último tiempo, el integrante del Gabinete respondió: “Es un año electoral, es normal que pase”.
En unas semanas, el Gobierno se enfrentará al tercer paro de la CGT, que convocó a un cese total de actividades para el próximo 10 de abril, un día después de otra movilización en apoyo a los jubilados.
En tanto, desde los diferentes gremios que se sumaron a la medida de fuerza insisten en que el diálogo con las autoridades nacionales está roto y que ya no hay posibilidad de llegar a un acuerdo.
Sin embargo, algunos sindicatos hacen la salvedad con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), ya que temen que su secretario general, Roberto Fernández, pueda llegar a un acuerdo de último minuto con el Poder Ejecutivo, lo que implicaría que haya colectivos circulando el día del paro.
Para la central obrera, uno de los puntos más fuertes de la protesta es la falta de transporte, ya que esto ayudaría al acatamiento del cese de actividades e influiría en que haya poco movimiento durante esa jornada.
Por el momento, la relación entre el Gobierno y la UTA es tensa y, de hecho, el gremio amenaza con tomar medidas de fuerza por su propia cuenta si el próximo miércoles no se llega a un acuerdo con los empresarios del sector por un aumento salarial.
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