La Cámara de Casación rechazó un planteo de nulidad presentado por la abogada de Alberto Fernández contra el llamado a indagatoria del ex presidente en la causa Seguros. El pedido ya había sido rechazado por el juez federal Julián Ercolini y por la Cámara Federal. La causa ahora está en manos del juez Sebastián Casanello, quien debe definir la situación procesal de los 39 imputados.
El planteo de la abogada Mariana Barbitta apuntaba a dejar sin efecto la citación a indagatoria de Fernández, ordenada el 1 de noviembre pasado por Ercolini. Para la abogada del ex mandatario, “el llamado a indagatoria es nulo por haber sido ordenado por una autoridad cuya imparcialidad se encuentra cuestionada”.
En primera instancia, el magistrado rechazó la presentación y la definió como “una maniobra dilatoria” para postergar su declaración. Fernández terminó declarando en los tribunales de Comodoro Py el miércoles 27 de noviembre, aunque solo presentó un escrito y contestó preguntas de su defensora.
Luego, la Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, también rechazó el planteo de la defensa. Fue tras interpretar que “la invalidez propiciada resultaba inviable, a falta de un sustento legal –de exigencias de fundamentación- que pudiera hipotéticamente darle lugar y, menos aún, de cualquier perjuicio para el derecho de defensa que –en rigor- se buscó salvaguardar con mayor amplitud, anticipando una descripción de los hechos que no era obligatorio realizar”.
Ahora, la Sala IV de Casación ratificó la decisión de la Cámara Federal y no hizo lugar a la queja presentada por la defensa de Fernández. “No se observa la arbitrariedad de sentencia alegada, por cuanto, en atención al carácter restrictivo de la admisión de dicha doctrina, para que prospere la impugnación con ese respaldo es menester que se demuestren defectos graves en la decisión recurrida, que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido, lo cual la defensa no ha conseguido acreditar en autos”, dice el fallo firmado por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos.
La causa analiza la posible existencia de una organización delictiva que habría operado en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales durante el gobierno anterior y, en especial, a través de la intermediación de particulares y empresas mediante la intervención de la aseguradora Nación Seguros. También se investiga la inclusión de empresas coaseguradoras como parte de la presunta maniobra ilegal para cobrar de manera irregular.
Tanto Alberto Fernández como el bróker Héctor Martínez Sosa y su esposa Marta Cantero están siendo investigados por sus acciones en torno a esa organización.
El 5 de febrero el juez Ercolini completó la ronda de 39 indagatorias que había dispuesto en la causa.
El nuevo magistrado decidió revisar toda la documentación antes de tomar una decisión y le pidió más datos a la Cancillería, Fabricaciones Militares y la ex AFIP. “Es normal que aparezcan algunas lagunas en una causa tan compleja y con tanta documentación”, explicó una fuente judicial.
Casanello también le mandó un nuevo oficio a Nación Seguros para que informe el monto (total y también dividido por tomador y póliza) de los fondos liquidados a todos los coaseguradores a raíz de todas las pólizas emitidas entre el 10 de diciembre de 2019 y el 9 de diciembre de 2023.
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