Un diputado del PRO quiere que todos los funcionarios del Estado se sometan a un narcotest

El diputado nacional del PRO, Gabriel Chumpitaz, presentó este lunes un proyecto de ley para que todos los funcionarios de los tres Poderes del Estado sean sometidos a un examen toxicológico obligatorio, con el fin de demostrar que no consumen drogas.

La propuesta, que acaba de ingresar al Congreso de la Nación para su tratamiento, establece en su artículo 1 “la obligatoriedad de exámenes toxicológicos periódicos y aleatorios” para “garantizar la integridad, idoneidad y transparencia en la función pública”.

En la redacción original del texto, están alcanzados por la ley todos los funcionarios del Ejecutivo, la Justicia y el Congreso. Esto incluye, además, a directivos de organismos autárquicos, descentralizados y empresas estatales, así como también a autoridades de rangos equivalentes en provincias o municipios que adhieran, eventualmente, a esta legislación.

El proyecto también aclara que el narcotest será obligatorio al asumir el cargo, se hará al menos una vez al año y “de forma aleatoria cada tres meses sobre una muestra representativa de funcionarios”.

Entre las sustancias que buscará detectar el examen están previstas la cocaína y derivados, marihuana y derivados, opiáceos, anfetaminas y metanfetaminas, alucinógenos y otras drogas sintéticas, siempre y cuando no estén “prescriptas por un profesional de la salud”.

En su artículo 5, se indicó además que “los análisis serán realizados por laboratorios certificados, bajo estrictos protocolos de seguridad y confidencialidad. El resultado será remitido a la Autoridad de Aplicación, quien garantizará su resguardo y solo podrá divulgarlo en caso de resultado positivo”.

¿Qué pasa si un funcionario consumió drogas?

En caso de que el resultado del narcotest propuesto encuentre resultados positivos, se abren una serie de escenarios que podrían concluir con el desplazamiento del funcionario.

De aprobarse la redacción original del texto, primero se ofrecerá una contraprueba, que podrá ser solicitada dentro de las 48 horas para revalidar los resultados del estudio.

“Si la contraprueba confirma el resultado, el funcionario será suspendido preventivamente sin goce de haberes hasta la resolución definitiva de su situación”, establece uno de los artículos.

En caso de que esta persona sea del Poder Ejecutivo, una junta médica oficial y la Oficina Anticorrupción emitirán un informe al Presidente de la Nación, quien tomará la decisión final sobre su futuro en el Gabinete.

Si se trata de un diputado, senador o autoridad del Congreso, se convocará a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la respectiva Cámara. Esta “podrá recomendar la destitución y, en caso de ser aprobada por mayoría simple, se iniciará el procedimiento de juicio político o remoción según corresponda”, según prevé el proyecto.

Para el Poder Judicial, se dará intervención al Consejo de la Magistratura, el cual deberá iniciar el proceso de remoción o sanción correspondiente.

“Si el funcionario da positivo en más de una ocasión, se aplicará automáticamente el procedimiento de remoción conforme a las normativas vigentes de cada poder del Estado”, plantea además la iniciativa del diputado electo por la provincia de Santa Fe.

El costo del examen toxicológico será afrontado por cada funcionario, y rechazar el procedimiento será considerado igual que si el resultado fuera positivo, tal como sucede con los controles de alcoholemia en la vía pública.

“Esta medida no solo contribuye a reforzar la confianza ciudadana en las instituciones, sino que también garantizará que quienes desempeñan cargos de alta responsabilidad lo hagan con plena idoneidad y sin estar afectados por sustancias que puedan comprometer su desempeño”, manifestó Chumpitaz entre los fundamentos de su proyecto.

Y agregó: “En provincias como la mía, Santa Fe, donde en los últimos veinte años el narcotráfico ha avanzado de manera alarmante y ha penetrado diversas esferas de la sociedad, la necesidad de controles más estrictos sobre los funcionarios públicos se vuelve aún más urgente. La violencia ligada al narcotráfico en ciudades como Rosario hacen imprescindible la implementación de mecanismos de control como el presente proyecto. No se trata únicamente de una medida preventiva, sino de un compromiso ineludible con la transparencia y la seguridad de la ciudadanía. En una provincia que ha sido testigo del impacto devastador del narcotráfico, exigir a los funcionarios públicos un estándar de conducta intachable es una necesidad imperiosa para garantizar que las decisiones de gobierno no se vean contaminadas por intereses espurios”.

San Luis ya lo implementó a nivel provincial

El Gobierno de San Luis empezó en noviembre con una prueba piloto de su propio “narcotest”, con el que buscan garantizar que funcionarios y empleados de los tres poderes del Estado local no asistan a sus puestos laborales luego de haber consumido sustancias prohibidas.

Los exámenes toxicológicos están enmarcados en la Ley de Ejemplaridad y Coherencia que impulsaron desde el Ministerio de Seguridad provincial.

El gobernador Claudio Poggi fue el primero en someterse a la evaluación médica. Tras dar a conocer los resultados, sostuvo que la lucha contra el narcotráfico “necesita coherencia y fortaleza, lo cual imposibilita a quienes consumen llevarla adelante”.

El 5 de marzo, a través de la Lotería de San Luis, se realizará el primer sorteo para definir a los primeros 100 funcionarios provinciales que deberán someterse al examen obligatorio.

El día siguiente se realizarán las notificaciones al centenar de funcionarios que resulten sorteados, y el día siguiente será la toma de las primeras muestras.